La caída de los Presupuestos catalanes ya está forzando a la activación de mecanismos para hacer frente a los gastos en la autonomía. El Govern ha aprobado este martes un suplemento de crédito de 1.850 millones de euros para gastos "urgentes y necesarios". Según ha explicado la portavoz Patrícia Plaja, el dinero servirá para "minimizar las consecuencias negativas” de la falta de Cuentas de 2024, las más expansivas, y que fueron tumbadas en el Parlament tras el voto en contra de los comunes. El fallo de la propuesta presupuestaria, que quedó en agua de borrajas, no solo ha precipitado las elecciones catalanas sino que ha puesto en un aprieto los gastos del Govern comprometidos para 2024.
"Hemos trabajado con todos los departamentos para identificar e intentar salvar el máximo posible de gasto", ha expresado la portavoz. Entre otras medidas, se garantiza un aumento de gasto en salud y enseñanza o el cumplimiento de acuerdos derivados de convenios y mandatos legales como el aumento de sueldo del 2% para los trabajadores públicos, las mejoras de condiciones de los sanitarios, o el incremento de plazas para los Mossos, bomberos y funcionarios de prisiones.
Hace unas semanas, el Ejecutivo catalán aprobó un suplemento de crédito de 450 millones de euros para hacer frente a medidas urgentes en materia de sequía. Por tanto, se llegará a un incremento de gasto de 2.000 millones durante la vigencia de la prórroga, compensando una parte del incremento de gasto previsto en las cuentas, que era de 3.200 millones de euros.
Ya en el arranque de 2024 las comunidades autónomas empezaban a sufrir problemas de tesorería por el retraso de Hacienda en la actualización de las entregas a cuenta, según pudo constatar Vozpópuli.
Esta situación se produce cuando María Jesús Montero les ha comunicado que en 2024 recibirán los que considera los mayores recursos del sistema de financiación de su historia con 154.467 millones de euros, 134.658 millones de las entregas a cuenta, y la liquidación de 2022, que asciende a 20.746 millones.
Tensión con las autonomías por Telefónica
Ahora, la aprobación del crédito extra llega en medio de una fuerte tensión entre las CCAA y Hacienda. Tal y como adelantó este medio, existe una fuerte discrepancia con los intereses del Ejecutivo nacional, que tiene más interés en destinar para Telefónica fondos previstos para Sanidad y Educación. Se trata de una denuncia que comparte la mayoría de comunidades autónomas y un buen número de ayuntamientos. Y que se ve agravada por el hecho de que muchos de ellos tienen tensiones de tesorería porque el Gobierno mantiene las entregas a cuenta prorrogadas, lo que en todo caso se actualizará en las enmiendas al Real Decreto-ley anticrisis, que se tramita como proyecto de ley.
A falta de nuevos Presupuestos y sin poder recurrir a la deuda, el Gobierno ha hecho 'ingeniería' contable para financiar la Operación Telefónica. Hacienda tiene reservada ya una partida de 1.500 millones de euros que estaba presupuestada inicialmente para las comunidades autónomas. Esta se suma a los 500 millones adjudicados a las entidades locales que el Ejecutivo -como avanzó Vozpópuli- ya ha transferido a la SEPI.
El Gobierno de Pedro Sánchez, por tanto, cuenta ya con los 2.000 millones de euros necesarios para acometer el desembarco total en Telefónica. El objetivo de Moncloa es hacerse con el 10% del capital, una operación que está valorada, precisamente, en esa cantidad. El siguiente paso es formar parte del consejo de administración. El ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha confirmado que pedirán oficialmente un sillón. Para financiar la entrada en Telefónica, el Ejecutivo ha descartado recurrir a una norma con rango de ley, lo que los expertos consultados por este periódico creen que es la vía ortodoxa, y ha recurrido a un enjuague presupuestario a cargo de fondos de CCAA y Ayuntamientos.
