Illa pone en la diana a los comercios por el catalán: enviará a profesores para que lo enseñen ‘in situ’ y mantendrá las multas

El Ejecutivo de Illa redobla sus esfuerzos en favor del monolingüismo en catalán. Después de que la consellera de Educación Esther Niubó admitiese que seguirá desobedeciendo las sentencias judiciales que establecen un mínimo de un 25% de castellano en las escuelas catalanas —sea cual sea el dictamen pendiente del Tribunal Constitucional al respecto— el consejero de Política Lingüística, Francesc Xavier Vila, ha anunciado más recursos económicos y una batería de medidas para priorizar el catalán en detrimento del español, con los comercios en esta ocasión como punta de lanza.

Vila, que ocupaba un cargo similar en la Generalitat de Aragonès, justificó el jueves su plan de choque por la “delicada situación” que atraviesa el catalán, pero recordando que, a este respecto, la creación de su consejería representa una “victoria de país”. Uno de los objetivos del programa pasa por supervisar el uso del catalán en los comercios, ya que “proliferan los establecimientos que incumplen la normativa de rotulación y atención en catalán”. Cabe recordar que en Cataluña se sanciona económicamente a los negocios cuyos rótulos figuran exclusivamente en castellano —pero no así a los que lo hacen en catalán—. Y, si bien no está previsto incrementar las sanciones y se primará la interlocución, las multas se mantendrán.

Al margen de estas sanciones, que en 2022 permitieron recaudar 112.606 euros, el conseller desveló que desplegarán un plan de carácter “proactivo”, con campañas “puerta a puerta” para informar a los tenderos de sus deberes lingüísticos. En este sentido, se servirán del programa Comerços aprenents, consistente en enviar profesores de catalán a los establecimientos para enseñar al personal a atender en lengua catalana a sus clientes. “Que no pidas un café con leche y te llegue un café con hielo”, bromeó.

Por lo que respecta a otro de los puntales del nacionalismo lingüístico, la Escola Catalana, cargó contra su “judicialización”, y celebró el informe del Consejo de Europa, que cuestiona el 25% de castellano —al contrario que el del Parlamento Europeo, que tras visitar Cataluña urgió a su aplicación—. En este ámbito, y pese a que el español está vetado en él como lengua vehicular en virtud de la inmersión, informó de que el Departamento se asegurará de los docentes empleen únicamente el catalán, reforzando las aulas de acogida para extranjeros y su uso en las extraescolares.

Igualmente, la consejería de Vila se ha comprometido a que la lengua de Pompeu Fabra sea la hegemónica en las instituciones de la Generalitat, así como hacer del catalán una lengua “atractiva” en aras de cambiar los hábitos de los ciudadanos.

El papel del nuevo consejero ha sido vindicado por partidos como Junts, ERC y los comunes, que juzgan crítica la situación del catalán; pero denostado por el PP y asociaciones como la AEB, que le acusan de continuismo con las políticas lingüísticas de Aragonès.