En 2015, el entonces 'president' Artur Mas aseguró que ni una sola empresa se marcharía de Cataluña por el 'procés'. Incluso, vaticinó que se "pelearían" por quedarse. Pues bien, nueve años más tarde, las 5.000 empresas que se fueron tras la celebración del referéndum ilegal del 1-O de 2017 no solo no han regresado, sino que tampoco tienen intención de hacerlo. Y ello pese al denodado esfuerzo del nuevo Ejecutivo liderado por el socialista Salvador Illa —que cumple tres meses en el cargo— y del poder económico radicado en Cataluña, con Foment del Treball y el Cercle d'Economia a la cabeza.

Sin ir más lejos, el presidente del Cercle, Jaume Guardiola, mantuvo ayer en una entrevista que el empeño de la nueva Generalitat por recobrar la "institucionalidad" en Cataluña, mermada durante los años del desafío separatista, ha convertido en "atractivo" el retorno de las compañías que abandonaron la comunidad. Según Guardiola, esta gestión proyecta la "idea de que hay menos riesgos" para las empresas, y auguró que en breve se van a presenciar "regresos", tanto públicos como privados.

Un desiderátum que ya manifestó el mes pasado Foment del Treball. "Si hay estabilidad económica, que la hay, estabilidad política y seguridad política, las empresas, sin que les digamos que vuelvan, van a volver", aventuró su presidente Josep Sánchez Llibre en el IV Foro Empresarial de Cataluña. No en balde, ambas entidades han aplaudido el controvertido cupo fiscal acordado entre socialistas y republicanos —que, como han advertido expertos críticos como Ángel de la Fuente, atenta contra la solidaridad interterritorial y abre la puerta a una confederación por la puerta de atrás—. A su parecer, el nuevo modelo remedia la "infrafinanción histórica" de Cataluña a la par que no excluye la solidaridad con el resto de comunidades —tesis que coinciden con las gubernamentales—.

El cupo catalán complica el retorno

Pero lo cierto es que el cupo catalán puede representar un obstáculo adicional al retorno de las empresas. Así lo percibe, por ejemplo, la entidad constitucionalista Empresaris de Catalunya, que ha alertado de que una Hacienda catalana incrementará la "inseguridad jurídica" y la incertidumbre sobre el futuro de la presión fiscal en la región, elementos ambos altamente disuasorios para cualquier empresa. Por lo demás, aunque el Ejecutivo de Illa haya restablecido en parte la normalidad y prometido reducir la burocracia para que las compañías consideren su regreso, la mayoría de expertos pronostican que esto no sucederá.

La razón principal estriba en que mientras el separatismo forme parte del poder en Cataluña, la comunidad seguirá asociada a la inestabilidad —consustancial a los partidos disolventes—. Lo que redunda en que las agencias de 'rating' sigan mencionando estas turbulencias en sus informes y otorgando bajas calificaciones a este territorio —en su última valoración, Fitch concedió a Cataluña como ente individual un 'bb-', nota que equivale al célebre 'bono basura'—. Estas calificaciones no solo desalientan la inversión extranjera, sino que también comprometen la solvencia de las empresas que operan en la región.

Los datos, a su vez, avalan esta interpretación. Desde el 1 de octubre de 2017, Cataluña no ha dejado de perder sedes sociales en detrimento de otras comunidades, acumulando 28 trimestres consecutivos en los que las fugas de empresas (10.302) superan a las que se han establecido en ella (4.884). Ello arroja un total de 5.428 compañías perdidas. Y la llegada de Salvador Illa al sillón de la Generalitat no ha frenado la hemorragia: el tercer trimestre del año, después de las elecciones catalanas, dejó un saldo negativo de 73 empresas. Esta realidad resulta especialmente sangrante para el secesionismo, pues la mitad de las compañías que ha trasladado su sede social fuera de Cataluña lo ha hecho a la comunidad con la que más antagoniza: Madrid. 

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