Desde el 'procés', las formaciones separatistas catalanas han estado dominadas, en mayor o menor grado, por el radicalismo. Y entre las que más han destacado por lo extremo de sus acciones o declaraciones figuran Junts per Catalunya —algunos de cuyos dirigentes se han referido sin embozo como "colonos" a los catalanes castellanohablantes— o La CUP —que entiende el extremismo con una virtud y ha justificado ataques violentos a sus adversarios ideológicos—. Sin embargo, ambos partidos han aparcado la línea dura esta semana para abrirse a pactos con el nuevo Govern de Illa, al que hasta ahora habían tratado de "españolista" feroz.
Así lo hicieron los neoconvergentes durante el pleno del Parlament el pasado miércoles cuando su vicepresidente Antoni Castellà, tendió la mano a la 'consellera' de Economía, Alícia Romero para alcanzar acuerdos en la materia. Según Castellà, el ofrecimiento sitúa a los socialistas catalanes en la disyuntiva de establecer pactos con una "izquierda conservadora y reaccionaria" dedicada al reparto de la pobreza o a entenderse con el "centro de progreso" que representa Junts. Romero celebró el gesto, que afirmó acercaba a los de Puigdemont a "poder gobernar con el PSC". Con todo, ello no significa que Junts esté dispuesto a respaldar las cuentas de Illa, que probablemente solo avalarán ERC y 'comuns'.
Por su lado, el nuevo líder de los anticapitalistas, Non Casadevall, concedía una entrevista a ACN a principios de semana en la que anunciaba su disposición favorable a alcanzar pactos con el Ejecutivo de Illa si éste variaba sus políticas —una oferta que incluía los presupuestos—. "Si quieren, lo pueden hacer, y a nosotros nos encontrarán", remachó.
Recobrar el protagonismo perdido
Pero, ¿qué ha cambiado para que ambas fuerzas aboguen ahora por entenderse con una formación a la que suelen reprochar su connivencia con la "represión" española? En el caso de los neoconvergentes, Puigdemont estaría tratando de no perder foco tras el fracaso de la vía internacional —con un Consell de la República prácticamente desmantelado — y de frustrarse su aspiración a gobernar la Generalitat—cuyas presiones a Sánchez para que Illa renunciase a la investidura no fructificaron—. Y es que, en la actual coyuntura, los siete votos de Junts en el Congreso les confieren más poder en el conjunto de España de lo que lo hacen sus treinta y cinco del Parlament en Cataluña.
Los antisistema de la CUP, por su parte, llevaron a término el pasado septiembre un proceso de refundación para revertir su declive electoral y consiguiente perdida de influencia. Conocido como 'procés de Garbí', en él se concluyó que los nacionalistas debían de "conquistar las instituciones" para ponerlas al "servicio de la gente". La estrategia pasa por convertirse en un partido útil, capaz de materializar políticas tangibles, pero sin renunciar al activismo a pie de calle y la retorica incendiaria. En este sentido, que el nuevo líder de la formación sea un profesor de religión católica que apele a la "ruptura democrática" parece resumir el nuevo espíritu del partido.
Una estrategia mixta compartida parcialmente por los de Puigdemont. Estos también pretenden combinar el pactismo —aunque de tintes duros— con dramáticos ataques a la adscripción española del PSC. Recordemos, si no, que hace tan solo un par de semanas, en el conclave en el que Puigdemont ratificó su liderazgo, éste cargó contra la "cal viva de normalidad" con la que Sánchez e Illa trataban de sepultar su "comportamiento antidemocrático" durante el 'procés'. "Pasemos a la ofensiva", proclamó.
