El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) proseguirá con la investigación que el Supremo abrió a la presidenta del Parlament, Laura Borràs, por la presunta adjudicación irregular de contratos cuando dirigía la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).
La sala civil y penal del TSJC ha dictado un auto en el que se declara competente para investigar a Borràs y acuerda abrirle un procedimiento, trámite necesario para poder reanudar la investigación que le remitió el Supremo una vez dejó de ser diputada del Congreso y, por lo tanto, aforada ante el alto tribunal.
De esa forma, el magistrado del TSJC Josep Seguí será quien investigue a Borràs por los delitos de prevaricación, fraude a la administración, malversación de caudales y falsedad documental.
La causa contra Borràs está en manos del TSJC después de que el pasado 12 de abril se inhibiera a su favor el Tribunal Supremo, que la había estado investigando hasta entonces dada su condición de aforada ante esa instancia judicial como diputada de JxCat en el Congreso.
No obstante, tras las elecciones catalanas del 14F Borràs -número dos de las listas de JxCat que encabezaba Carles Puigdemont- fue elegida diputada del Parlament y designada presidenta de la cámara catalana, lo que la convierte en aforada ante la sala civil y penal del TSJC, al que corresponde investigar el caso y en su caso enjuiciarla.
Fraccionamiento de contratos
El Supremo abrió causa penal contra Borrás en diciembre de 2019 tras estudiar la exposición razonada remitida por la titular del juzgado de instrucción número 9 de Barcelona por presuntas irregularidades cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes.
En concreto, se investiga si la presidenta del Parlament adjudicó de forma fraudulenta a su amigo Isaías H.F. 18 contratos de programación informática por valor de 259.863 euros cuando dirigía la ILC, entre 2013 y 2017, fraccionándolos de forma ilegal y falsificando los presupuestos de los expedientes.
Según la juez de instrucción que investigó el caso en sus inicios, de común acuerdo con Borràs, Isaías H.F. fijaba los importes de las fracturas a las que se adecuarían los presupuestos para que las sucesivas adjudicaciones se tramitaran como contratos menores, de menos de 18.000 euros, con el fin de ocultar el verdadero prestador del servicio.
La causa contra Borràs la asume el TSJC cuando la instrucción está a punto de culminarse, dado que se han practicado ya la mayoría de las diligencias solicitadas por las partes, unas a cargo de los Mossos d'Esquadra y otras de la Guardia Civil.
