El expresidente catalán Carles Puigdemont ha defendido ante el Tribunal de Cuentas (TCu) que "no se ha conseguido determinar la cuantía supuestamente desviada" de fondos para el referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017 y la acción exterior del Govern, hechos por los que se le acusa a él y a otros 34 excargos de la Generalitat. En su escrito de conclusiones, la defensa de Puigdemont reclama su absolución y que la sentencia desestime íntegramente las pretensiones de la demandas presentadas por la Fiscalía y Sociedad Civil Catalana.
"En ningún momento los escritos de conclusiones (como tampoco hicieron los de demanda) determinan la cuantía exacta de la que mi mandante se supone que es responsable, lo cual es lógico no habiéndose demostrado ni concretado en este procedimiento", sostiene la defensa de Puigdemont. Cabe recordar que la Fiscalía pide casi 3,1 millones de euros de forma conjunta y solidaria para los 35 encausados al considerar que causaron un "menoscabo" a la Administración "real y efectivo" y "se encuentra plenamente individualizado, con identificación de cada uno de los actos que dieron lugar al perjuicio".
Según la defensa de Puigdemont, no existe ninguna resolución concreta del TCu, ni ningún escrito de las acusaciones, ni ninguna prueba de las practicadas que consiga "relacionar esas diversas cuantías entre sí para determinar el importe total del supuesto desvío, o su desglose por partidas": "Y por supuesto para relacionar dicho supuesto desvío con ninguna actuación de mi representado".
"Y es que es imposible determinar la cuantía de unos hechos que simplemente no existen, o no podían existir estando la Generalitat intervenida por el Ministerio de Hacienda, o si existieran sería en función de las competencias y el funcionamiento ordinario y legal de la Generalitat de Catalunya, sin que se haya demostrado tampoco que ninguna cantidad fuera desviada o destinada a la organización o promoción del referéndum de autodeterminación de 1 de octubre de 2017", expone.
Además, incide en que la Generalitat fue intervenida durante varios meses en su capacidad de gasto mediante controles frecuentes y examen periódico del Ministerio de Hacienda, "además de la posterior asunción directa del Ministerio de todo el presupuesto, ingresos y gastos de la Generalitat", por lo que "era imposible en ese momento hacer gastos con cargo a la Generalitat sin que el Ministerio de Hacienda o la Intervención General estuvieran enterados".
Puigdemont insiste en su "inmunidad" como eurodiputado
Y como ha hecho a lo largo del proceso, el expresidente catalán reitera que goza de "inmunidad" por su condición de eurodiputado y que la misma "alcanza a cualquier instancia y jurisdicción, incluido el Tribunal de Cuentas". El líder de Junts considera que hay una vulneración del derecho fundamental al 'non bis in ídem' -la imposibilidad de juzgar a una persona dos veces por lo mismo- relacionado con una duplicidad de instancias judiciales.
Apunta, en este sentido, a que hay abiertos dos procesos en su contra: por un lado, el del TCu y, por otro, el penal ante el Tribunal Supremo. "Con idéntico objeto", lo que "vulnera también el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión y a un proceso con todas las garantías, y el principio de seguridad jurídica y, entre todos, el derecho a un proceso justo", argumenta.
Entre los 35 encausados se encuentran, además de Puigdemont, el expresidente catalán Artur Mas, que ya fue condenado por el propio TCu a devolver a la Generalitat algo más de 4,9 millones de euros (a los que se sumó más de un millón de euros en concepto de intereses) por la organización de la consulta independentista del 9 de noviembre de 2014.
También figuran en la lista exconsejeros condenados por el Supremo, como Raül Romeva y Jordi Turull; exconsejeros huidos, como Toni Comín y Lluís Puig; exdelegados de la Generalitat en el extranjero, como los de Estados Unidos, Francia, Italia y Portugal; y delegados en el exterior que aún permanecen en el cargo, como Marie Katinka (Alemania) y Eric Hauck (países del sudeste de Europa).
