Cataluña

Quim Torra no quita los lazos amarillos y espera informes jurídicos

Quim Torra, presidente de la Generalitat, no obedecerá directamente la exigencia de la Junta Central Electoral, que da de plazo hasta esta tarde para quitar todos los símbolos separatistas de edificios públicos

  • Quim Torra y Elsa Artadi en el Parlament

Quim Torra no retirará los lazos amarillos y demás propaganda independentista de los edificios que dependen de la Generalitat de Cataluña, desobedeciendo la directriz de la Junta Electoral Central (JEC), que da de plazo hasta esta tarde para hacerlo.

Torra dejará en manos de cada consejero esta decisión, pese a que es el propio presidente catalán quien debe ordenarlo a todas las Consejerías, sin que pueda debatirse el requerimiento de la JEC. En el consejo ejecutivo de la Generalitat se ha aprobado esta propuesta de Torra, mientras se pedirá un informe jurídico sobre mantener los lazos amarillos en el Palau de la Generalitat y el resto de Consejerías.

Torra mantendrá la pancarta en favor de los llamados "presos políticos" y no la retirará. "Es parte de la libertad de expresión", ha afirmado Elsa Artadi, portavoz y consejera de presidencia en rueda de prensa. Asimismo, ha hablado con el Síndic de Greuges para valorar sobre una posible actuación habría que acometer y sobre qué pancartas y expresiones.

La sombra de la inhabilitación, sobre la Generalitat

Mientras que el gabinete jurídico ultima el informe para conocer las consecuencias sobre mantener la propaganda separatista en los edificios públicos. "No habido discrepancia" entre los miembros del Gobierno de la Generalitat, y "será voluntad de cada consejero" de actuar de la misma manera, ha afirmado Artadi.

La JEC dio de plazo a Torra hasta esta misma tarde para cumplir el requerimiento, ya que en caso contrario el caso se pondría en manos de la Fiscalía, que podría pedir inhabilitación, siguiendo el ejemplo de la alcaldesa de Berga, que fue inhabilitada durante seis meses por desobediencia. No se descarta una multa que podría alcanzar los 3.000 euros.

Se hará antes caso al Síndic que al Constitucional Catalán

La Generalitat no hará caso alguno a los dictámenes del Consejo de Garantías Estatutarias "porque sus informes no son vinculantes", ha asegurado Artadi, pero tampoco lo son los del Síndic de Greuges -Defensor del Pueblo-, pese a que se hará antes caso a los dictámenes de este último organismo, que tiene "plena validez y autonomía".hace informes que no son vinculantes, al tiempo que el Síndic de Greuges.

"Es el órgano que genera más confianza", ha asegurado Artadi para explicar esta polémica decisión. "El Síndic deberá dar su propio informe y se seguirán todos los requerimientos del Síndic", ha asegurado Artadi, que no cuestiona al defensor del pueblo catalán. 

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