El Gobierno de Pedro Sánchez está calculando los 'tempos' para que una eventual concesión de indultos a los presos del procés tras el inminente dictamen del Tribunal Supremo no le perjudique electoralmente, en especial después de la victoria sin paliativos de Isabel Díaz Ayuso en Madrid. Y, para ello, también contempla la reforma del Código Penal para modificar el delito de sedición y volver a tipificar como delito los referéndums ilegales como el del 1 de octubre de 2017.
Las fuentes consultadas por Vozpópuli explican que desde el PSC y sectores del constitucionalismo catalán han transmitido a Sánchez la necesidad de que en Cataluña "no vuelva a ocurrir" lo que sucedió en otoño de 2017, cuando el Gobierno de la Generalitat vulneró la legalidad y puso a los catalanes en una situación límite de incertidumbre e inseguridad jurídica.
Aunque muchos de estos sectores rechazan el indulto, sí que hay consenso -y así se lo han hecho saber al Ejecutivo de coalición- para que blinde las instituciones de un nuevo pulso por parte de los nacionalistas. "La cuestión de los indultos pasa a ser secundaria si al mismo tiempo se introduce la reforma del Código Penal", detalla una de las fuentes consultadas.
El Ejecutivo se comprometió durante la pasada campaña electoral a reformar el Código Penal y este lunes el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, ha afirmado que este proceso de concesión del perdón debía verse con "naturalidad". "Es uno de los instrumentos previstos en la ley y, por tanto, hay que verlos con naturalidad, sea favorables, desfavorables, total o parcial", abundaba desde el encuentro informativo organizado por Nueva Economía Fórum.
Más allá de estas declaraciones del titular de Justicia, la decisión última será del jefe de Gobierno. Deberá tener en cuenta los informes preceptivos -que no vinculantes-, pero también la dinámica política y parlamentaria. Hoy por hoy, ERC sigue siendo el principal socio externo del Ejecutivo, con sus 13 escaños, junto al PNV (7) y EH Bildu (5). Y la debacle de Ciudadanos en Madrid fue una mala noticia para Sánchez, que durante los sucesivos estados de alarma y con la moción fallida de censura en Murcia había acercado posturas con los naranjas.
En este sentido, Sánchez vuelve estar en manos de ERC, que entre bambalinas exigen a Moncloa "un gesto "con los presos" que pueda 'venderse' ante su electorado como una victoria. En paralelo, el PSC cree que la llegada de estos indultos situaría a ERC más cerca suyo y de En Comú Podem y pondría fin al discurso victimista del nacionalismo.
Desactivar el discurso "de la represión"
Fuentes del PSOE explican que Moncloa sabe que la "libertad de los presos" sería un elemento a su favor para "separar a ERC de los de Carles Puigdemont", "volver a situar el debate en el eje izquierda y derecha" y poner fin a la retórica de la "represión" de la que los de Pere Aragonès son rehenes al no desmarcarse de Junts.
No obstante, matizan que esta "libertad" o salida de la cárcel puede darse de diversas maneras, como reformando el delito de sedición con efectos retroactivos. "El objetivo final es que no vuelva a repetir lo que sucedió, y una reforma del Código Penal en esta dirección lo garantiza", apostillan.
La última encuesta de GAD3 que preguntaba sobre los indultos reflejaba cómo los propios votantes socialistas catalanes están divididos a partes iguales sobre esta posibilidad. Y pese a que parece que tienen mayor aceptación entre la sociedad catalana, la reacción en el resto de España preocupa al PSOE.
Referéndums ilegales
El gobierno socialista de José Luís Rodríguez Zapatero despenalizó en 2005 la celebración de referéndums que había prohibido José María Aznar en 2003 para hacer frente al plan secesionista del ex lehendakari Juan José Ibarretxe. En febrero de 2019, el PSOE se opuso a apoyar en el Congreso una proposición de ley del PP -que contaba con el apoyo de Cs- para tipificar de nuevo como delito los referéndums ilegales.
El independentismo catalán aprovechó su despenalización para plantear dos votaciones -la de 2014 y la de 2017- que fueran lo suficientemente ambiguas para esquivar la actuación de la justicia. En el caso del llamado "proceso participativo" promovido por Artur Mas, evitó las consecuencias penales -aunque no las civiles- al no desarrollar un marco normativo para apoyarlo.
En cambio, el referéndum del 1-O se dotó de una legislación -las llamadas leyes de desconexión del 6 y 7 de septiembre- que contravenía el orden constitucional. Además, el Tribunal Constitucional lo tumbó al considerar que la Generalitat no tenía la competencia para preguntar sobre la integridad territorial, ni era legal en la forma ni en el fondo (como también afirmó la Convención de Venecia, un órgano consultivo del Consejo de Europa).
El Tribunal Supremo consideró que el referéndum fue una "herramienta" para la sedición y que los líderes del procés no hicieron caso a su prohibición por parte del Constitucional.
