En 2018, tras los primeros meses de Gobierno de Sánchez, la entonces portavoz Adriana Lastra se jactó de que el PSOE "tenía 84 diputados que valen por 176, ya que semana tras semana lo sacamos todo adelante". Pues bien, en la actualidad, con 121, los socialistas no pueden vanagloriarse de sacarlo todo adelante, empezando por los Presupuestos —el Ejecutivo sigue gobernando con los de 2023—. En cambio, los 7 escaños de Junts per Cataluña sí que parecen valer por 176, pues de ellos, como es sabido, depende la continuidad de la legislatura. Así lo constató una vez más Carles Puigdemont en su entrevista en 'prime time' del pasado lunes en TV3, que lanzó un nuevo ultimátum al presidente socialista: o acepta tramitar antes del 7 de enero la "cuestión de confianza" registrada por Junts, o enviará la legislatura al "colapso".
En realidad, tal y como, desveló Puigdemont en su entrevista, la tan mentada moción de confianza no es más que una "jugada táctica" para que Sánchez cumpla con los acuerdos pendientes suscritos con Junts, que el partido nacionalista quiere cobrarse por adelantado. Si no, ni siquiera está dispuesto a sentarse a negociar las cuentas con el PSOE. Pero, ¿cuáles son esos pactos que los socialistas no estarían cumpliendo? En el acuerdo entre ambas formaciones alcanzado hace un año en Bruselas para investir a Pedro Sánchez se reflejan los fundamentales, entre los que destaca la ley de amnistía a los autores del golpe de 2017. Una norma cuyos obstáculos judiciales han impedido que beneficie a todos los separatistas con delitos en su haber, entre ellos el propio Puigdemont.
En su caso, el Tribunal Supremo confirmó en septiembre su decisión de no aplicarle la medida de gracia al establecer que la malversación no representa un delito amnistiable. Ahora, el Tribunal Constitucional debe estudiar la norma, por lo que algunos presumen que Puigdemont no romperá con el PSOE hasta que el tribunal —con mayoría progubernamental— no se pronuncie sobre la cuestión. Pero este atasco ha soliviantado al 'expresident' prófugo —"la amnistía no está pasando"—, que considera que tanto Sánchez como Illa le tratan como a un "delincuente" al evitar reunirse con él o no asignarle un escolta. Y no hay que olvidar que Puigdemont es un líder que destaca por su carácter impredecible, con lo que no debe descartarse que este "agravio" le lleve romper la baraja.
Otra de las exigencias sin presunta respuesta es la de la oficialidad del catalán en la UE. Se trata de un requerimiento varado desde hace meses en Parlamento Europeo, cuyos miembros temen que la irrupción de las lenguas cooficiales españolas en la Eurocámara abra la puerta a otras lenguas minoritarias de la Unión, además de estimar disuasorios los 144 millones que calculan que acarrearía la medida —inquietud que no ha disipado el ofrecimiento de nuestro país a asumir en exclusiva el coste—. Pese a ello, el ministro de Exteriores, José Manuel Álvares, ha multiplicado los gestos para materializarla, el último con su homólogo polaco, que ocupará la presidencia a partir del 1 de enero. Pero lo anterior no ha bastado a Puigdemont, que cree que si los socialistas "hubieran puesto el mismo empeño con la lengua en Europa que destinaron al nombramiento de su vicepresidenta, el catalán ya sería oficial".
"La llave de la caja"
En los acuerdos de investidura, también figuraba como concesión capital una nueva financiación que "facilite la cesión de todos los tributos que se pagan" en Cataluña. Y aunque está previsto que el concierto económico catalán de PSC y ERC haga realidad, dentro de lo posible, esa "soberanía fiscal" anhelada por los neocovergentes, éstos no juzgan que la medida atienda sus demandas. "Cataluña no tendría la llave de la caja", objetan, si bien su oposición parece más dictada por el hecho de que fuese Esquerra y no Junts quien arrancase el cupo al Ejecutivo. "A mi me sorprendió mucho que cerrasen un acuerdo en el que nosotros somos clave", confesó Puigdemont, evidenciando su molestia por haberse quedado fuera de la ecuación.
Finalmente, Junts también contabiliza como un incumplimiento el traspaso de la gestión integral de la inmigración, cuya negociación con el PSOE se encuentra "avanzada" pero con algunos puntos "encallados". Y es que, mientras que el Gobierno trata de que la Generalitat se encargue de la gestión pero sin tener la última palabra, Puigdemont quiere para la Generalitat "desde el control de las fronteras hasta la propuesta de expulsión". Recordemos que hacerse con este traspaso no solo le sirve a Junts para frenar la fuga de votos a la ultra Aliança Catalana —con la que comparte el voto independentista y hostil a los inmigrantes—, sino también para su labor de "construcción nacional", pues pretende ligar los derechos de los recién llegados al conocimiento del catalán. "Está en juego la supervivencia de la catalanidad", defienden. Y quizá también la del Gobierno de coalición.
