La denominada operación Petrum III se ha saldado con las detenciones de los dos hombres de finanzas de Convergencia Democrática de Cataluña (CDC), Andreu Viloca –el actual tesorero al que el juez envió este jueves a prisión de forma incondicional- y su antecesor en el cargo Daniel Osácar que ha quedado en libertad con medidas cautelares. Sin duda, las acusaciones que pesan contra los gestores de las cuentas de Convergencia reflejan que tras las comisiones del 3 por ciento a cambio de adjudicación en obra pública se escondía un auténtico sistema de financiación irregular del partido de Artur Mas. A continuación, se despejan algunas de las claves para entender la nueva fase de esta operación contra la corrupción en Cataluña.
¿Cuál es el origen de este procedimiento judicial? Para entender la causa de corrupción que hace tambalear ahora los cimientos de CDC hay que remontarse al año 2013 cuando un exconcejal de ERC en Torredembarra Montse Gasull la que, junto al PSC, presentó ante la Guardia Civil las seis primeras denuncias por sospechas de prevaricación en el consistorio, que en junio de 2014 desencadenaron la llamada operación Turm, sobre posible alteración de un concurso público en la construcción del aparcamiento Filadors del municipio. En relación con la construcción del aparcamiento, construido por Teyco la mercantil de la familia Sumarroca, fueron detenidos en junio de 2014 el exalcalde Daniel Masagué, de CiU, y seis concejales del consistorio.
En Petrum III se investigan los delitos decohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, financiación ilegal, alteración en subastas y concursos públicos y continuado de falsedad documental
Teyco: A raíz de aquellas denuncias la Fiscalía Anticorrupción, junto con la Guardia Civil, han ido tirado de ese hilo hasta encontrar pruebas claras de las comisiones del 3 por ciento. Para ello ha sido necesario registrar la sede de Teyco, la vivienda de Jordi Sumarroca, la sede de la Fundación Catdem y hasta la propia sede de CDC en dos ocasiones. En esa primera fase de la operación Petrum, la Guardia Civil halló documentación que apuntaba al posible pago de comisiones que, a través del alcalde de Torredembarra, llegarían a CDC enmascaradas bajo donaciones de empresas a la Fundación Catdem. De la constructora Teyco y el Ayuntamiento de Torredembarra, la investigación dio un salto a otros consistorios catalanes -Figueres (Girona), Sant Celoni (Barcelona), Sant Cugat (Barcelona) y Lloret de Mar (Girona)-, que también habrían adjudicado obras públicas a cambio de comisiones
La pista, la trituradora de Viloca: El pasado mes de agosto, durante la segunda fase de la operación Petrum, cuando los fiscales del caso José Grinda y Fernando Bermejo ya habían abandonado la sede de CDC que se sitúa en la calle Còrsega de Barcelona, los agentes de la Benemérita hallaron la trituradora en el despacho de Viloca y vieron que en ésta se habían destruido unos documentos donde se hacía alusión a la constructora Teyco -la empresa cuyo administrador es Jordi Sumarroca Claverol- y donde había escritas unas cifras. El juez ordenó entonces que se tratara de recuperar dichos papeles para poder ver el contenido de los mismos. Los investigadores sospecharon rápidamente que si fueron destruidos a toda velocidad es porque contenían datos comprometedores para Catdem y los convergentes. Anticorrupción buscó de la mano del propio Viloca, tras su detención el pasado jueves, el material que acredita las cifras del 3 por ciento en la sede del partido. El alto riesgo de destrucción de pruebas es lo que ha llevado a la cárcel Viloca a prisión de forma preventiva.
El epicentro, la calle Còrsega 333: Los investigadores sospechan que la sede de los convergentes, ubicada en la céntrica calle Còrsega de Barcelona, sería el epicentro desde el que operaba la trama corrupta de ahí que se esté investigando un delito de financiación ilegal del partido. Hasta ahora, la Guardia Civil y la Fiscalía Anticorrupción consideran acreditado que el dinero de las comisiones era recabado por la Fundación Catdem y, de ahí, enviado a CDC. Los mediadores eran los hombres de finanzas Osàcar y Viloca. La Fiscalía cree que una vez que se publicaba el concurso para determinada obra pública el tesorero de CDC de aquel entonces se reunía con el empresario en cuestión que le pagaba la mordida a través de la Fundación Catdem, disfrazada como donación, y sólo entonces esta obra le era adjudicada.
La clave ahora es saber si desde Convergencia el cobro del 3 por ciento iba a parar a las arcas de la Generalitat o si, por el contrario, sólo servía para financiar al partido de Artur Mas
¿Qué delitos se investigan en el 3%? En estas diligencias secretas se investigan los delitos continuado de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, financiación ilegal de partido político, alteración en subastas y concursos públicos y continuado de falsedad de documentos mercantiles.
Una docena de implicados en Petrum III: Junto con el tesorero de CDC, Andreu Viloca y el extesorero Daniel Osácar han sido detenidos en esta nueva fase de Petrum, el director de Infraestructuras de la Generalitat Josep Antoni Rosell, el secretario del patronato de la fundación Catdem, Carles del Pozo, y la empleada del departamento de gestión de la formación política, Anna Dolors Benítez –ambos quedaron este jueves en libertad- y seis empresarios sospechosos de haber donaciones irregulares a la formación convergente: Jordi Soler (Grupo Soler), Xavier Tauler (Copisa), Antonio García Bragado (Tec 4), José Luis Romero (Rogasa), Josep Manel Bassols (Oproler Barcelona) y Sergio Lerma (Oproler Madrid). Todos han quedado en libertad excepto el actual tesorero Viloca que pasará una temporada en prisión provisional hasta que disminuya el riesgo de destrucción de pruebas.
El único alto cargo del Govern imputado, en libertad: Josep Antonio Rosell, director general de la empresa que controla las adjudicaciones de obra pública en Cataluña, quedó este viernes en libertad en contra del criterio de la Fiscalía Anticorrupción. Fue el único de los acusados para el que el Ministerio Público solicitó prisión preventiva y el juez Josep Bosch no la acordó. Su implicación en esta causa de corrupción compromete al Govern ya que no sólo se estaría hablando de la financiación irregular del partido de Artur Mas sino de que un alto cargo del ejecutivo catalán habría participado en el sistema de las comisiones opacas, lo que abre la puerta a que con esa caja B se estuvieran sufragando gastos de la Generalitat en pleno proceso soberanista.
¿Cuál es el siguiente paso? El 'modus operandi' del juez, la Fiscalía y la Guardia Civil en este procedimiento judicial siempre es el mismo. Una vez que se analiza de forma sigilosa el material incautado en los registros por los agentes de la Guardia Civil, se tira de esos hilos y se acuerdan nuevas entradas y registros en busca de nuevo material que permita a los investigadores continuar atando cabos. Así fase tras fase en las operaciones Turm, Petrum II y Petrum III. Ahora, la clave es saber si desde Convergencia el cobro del 3 por ciento iba a parar a las arcas de la Generalitat o si, por el contrario, sólo servía para financiar a CDC.
