España

La evolución borroka de los CDR: de lanzar excrementos a manejar explosivos

Lo que empezó en 2017 con convocatorias de protestas callejeras ha dado un giro con el ingreso en prisión por presuntos delitos de organización terrorista de siete miembros de ala radical de los Comités de Defensa de la República

@CDRCatOficial. Llegaron a Twitter en noviembre de 2017 tras la celebración del referéndum del 1-O. Un año después, participaron en las protestas por las detenciones de los líderes independentistas, lanzaron excrementos a las puertas de los juzgados de Cataluña y cortaron la AP-7. Esta semana, siete miembros del ERT -el ala radical de los Comités de Defensa de la República (CDR)- han ingresado en prisión preventiva por presuntos delitos de organización terrorista, conspiración para causar estragos y fabricación y tenencia de explosivos

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García-Castellón ha definido a la facción como una "organización con una estructura jerarquizada que pretende instaurar la república catalana por cualquier vía, incluidas las violentas". El magistrado les atribuye un "alto nivel de profesionalización" y "capacidad suficiente" para llevar a cabo "tácticas y maniobras". La Fiscalía dice tener certeza de que los detenidos iban a actuar en el aniversario del 1-O y al conocerse el fallo de la sentencia del procés.

Los investigadores han llegado a estas conclusiones tras más de un año de pesquisas, seguimientos e intervenciones telefónicas. Según el calendario, los agentes de la Guardia Civil, el Ministerio Público y el magistrado han escudriñado en los cimientos de los CDR desde que se celebraron las primeras protestas organizadas por los comités.

Fase "excremento"

En noviembre de 2018, los CDR arrojaron excrementos y basura a las puertas de los juzgados de Granollers, Manresa (Barcelona), Figueres, Sant Feliu de Guíxols, Santa Coloma de Farners (Girona), Gandesa (Tarragona) y Solsona (Lleida). Lo hicieron bajo el lema 'Qué mierda de justicia', para criticar la decisión del Tribunal Supremo sobre el pago del impuesto de las hipotecas, que finalmente dio la razón a la banca.

En aquella ocasión, publicaron numerosas imágenes de la protesta en sus diferentes cuentas en redes sociales con mensajes en catalán en los que preguntaban: "¿A qué huele la justicia española? Ante sus puertas encontraréis la respuesta". La Fiscalía Superior de Cataluña abrió una investigación en febrero por la "acción coordinada" en la veintena de edificios judiciales.

Hace un mes, los CDR regresaron con una acción similar. Dejaron restos de basura y excrementos frente a las sedes del PDeCAT y ERC en varios municipios catalanes para criticar las "renuncias" de los partidos a la iniciativa de hacer efectiva la independencia de Cataluña.

Fase "AP-7"

En diciembre de 2018, durante el puente de la Constitución, el modus operandi fue otro. Los CDR  acapararon titulares por el corte de la AP-7 a la altura de Ampolla, en Tarragona, y el levantamiento de las barreras de varios peajes. La acción duró unas 15 horas.

Los CDR de Cambrils publicaron entonces fotografías de la protesta con el mensaje "el pueblo manda, el Govern obedece". La manifestación, según dijeron, era para reclamar la dimisión del conseller de Interior Miquel Buch tras los choques entre Mossos y manifestantes antifascitas en Girona y Terrasa. Aprovecharon y pidieron también la excarcelación de los 12 líderes del procés detenidos por rebelión y la implementación de la república catalana

La Fiscalía Superior de Cataluña abrió una investigación a los Mossos d'Esquadra para determinar por qué la respuesta de la policía autonómica "no se orientó a disuadir ni a utilizar la fuerza imprescindible y proporcional para restablecer el orden jurídico".

Fase "terrorista"

Mientras todas estas acciones tenían lugar, los agentes de la Guardia Civil y el fiscal teniente de la Audiencia Nacional dirigían pesquisas contra los principales sospechosos de integrar el ala más radical de los CDR.

Según ha explicado el juez en los autos de detención recogidos por Vozpópuli, "existen indicios de que los siete arrestados forman parte de ERT". Se refiere a siete de las nueve personas que fueron detenidas el lunes en el marco de la Operación Judas llevada a cabo por el Instituto Armado. Aquel día, dos de los detenidos quedaron en libertad a disposición del Juzgado horas después de su arresto; los demás fueron trasladados a las dependencias de la Guardia Civil en Madrid, donde han permanecido hasta el jueves, cuando se les ha tomado declaración en la Audiencia Nacional.

Agentes de la Guardia Civil acompañan a uno de los nueve detenidos durante el registro de un domicilio en Sabadell (Barcelona).

En el marco de los registros realizados, los agentes hallaron sustancias para la fabricación de explosivos. Entre la documentación intervenida encontraron un manuscrito con anotaciones de los componentes necesarios para fabricar Goma 2. Y también descubrieron que los detenidos tenían en su poder datos de edificios públicos y un mapa con la situación marcada del cuartel de la Guardia Civil en la localidad barcelonesa de Canovelles.

Según fuentes de la investigación, la Guardia Civil tiene constancia de que los detenidos realizaron prácticas con explosivos en lugares apartados para perfeccionar sus planes de atentar. Fue precisamente este tipo de ensayos el que activó las alertas de las autoridades. Dos de los siete detenidos han reconocido el uso de material para hacer explosivos, según adelantó la Cadena Ser

Tras varias horas de interrogatorio en sede judicial, la Fiscalía y el juez instructor han considerado que los siete miembros de ERT deberían permanecer en prisión por presuntos delitos de pertenencia a organización terrorista, fabricación y tenencia de explosivos y conspiración para causar estragos.

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