- ¿Le forzó?
- Sí
- ¿Opuso resistencia a las agresiones?
- Sí
- ¿Cerro las piernas? ¿Cerró toda la parte de los órganos femeninos?
- … Sí
Así se dirigió el 16 de febrero de 2016 la titular del Juzgado de Violencia Nº1 de Vitoria-Gasteiz, María del Carmen Molina Mansilla a una denunciante de violación, violencia de género por maltrato habitual y agresiones sexuales. El 7 de marzo del mismo año, la Asociación Clara Campoamor interpuso una queja al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para la suspensión de la mencionada jueza. A esta se unió Consejo General de la Abogacía, que a través de su presidenta Filomena Peláez Solís, consideraron el acto una "falta de sensibilidad absolutamente imprescindible".
Asimismo, aseguraban, evidenciaba una "total falta de empatía con la presunta víctima y una ausencia de formación especializada". Con esta idea coincide la magistrada del Tribunal Superior de Justicia de Canarias y presidenta de la Asociación de Mujeres Juezas de España, Glòria Poyatos Matas. "Hay una gran falta de formación dentro de la justicia en general, en todos los operadores de la justicia y esa actuación evidenció esa grave falta de formación", ha contado en conversación con Vozpópuli.
Este 27 de julio, el CGPJ consideró ante recurso que la magistrada realizó una pregunta adecuada a la presunta víctima de violencia de género. Por segunda vez –ya lo hizo en 2016- tomó la decisión de archivar el expediente impulsado por ambas entidades. Peláez Solís ha afirmado que respetan la decisión tomada pero desde el Consejo General de la Abogacía discrepan. "Nos remitimos a lo expuesto en nuestro recurso considerando que las expresiones de la magistrada eran justificadas, gratuitas e innecesarias para la consecución de los fines propios de la instrucción", asegura.
Esa pregunta es muy lamentable, es un golpe a la igualdad desde las instituciones, desde la propia Justicia"
Por su parte, la magistrada afirma que desde su asociación tienen "una posición muy crítica". "Esa pregunta es muy lamentable, es un golpe a la igualdad desde las instituciones, desde la propia Justicia", añade. Además, afirma, hay tres características que se plasman en la cuestión realizada por la magistrada de Vitoria. "Esa pregunta resume la estereotipación, la falta de formación y, lamentablemente, un desconocimiento muy profundo de lo que es la jurisprudencia internacional en esta materia", señala.
Peláez Solís asevera que "la pregunta fue atentatoria contra la dignidad de la denunciante". En su escrito, se lee que la jueza no solo planteó ese interrogante a la denunciante, sino que la cita estaba prevista para las 11.00 horas de la mañana, no comenzó hasta las 15.00 horas y la magistrada "efectuó constantes preguntas sin dejar terminar las respuestas".
En el momento en el que se celebró el juicio, la presidenta de la Asociación Clara Campoamor, Blanca Estrella Ruiz, comunicó a los medios que trataron de solventar la situación de todas las maneras posibles antes de llegar a la judicial, pero se quedaron sin medios. Lo consideró humillante, ofensivo y degradante, sin rigor profesional.
Quien tiene la competencia de la formación exclusiva de jueces y juezas en este país es quien tiene la responsabilidad"
La presidenta de la asociación de juezas afirma que la culpa no es de Molina Mansilla. "Yo no cargo tanto contra esta magistrada en concreto, lo que ella ha hecho es hacerse eco de un prejuicio social", asevera. "No es la propia jueza, es el CGPJ (...) Quien tiene la competencia de la formación exclusiva de jueces y juezas en este país es quien tiene la responsabilidad de formarnos para que podamos mostrarlo a través de nuestras resoluciones y que, por tanto, sean igualitarias", añade.
Solo un voto en contra del archivo
La presidenta del Consejo de la Abogacía afirma que decisión de la presidenta del Observatorio de Violencia Doméstica y Violencia de Género del CGPJ, Ángeles Carmona Vergara -a quién Peláez dirigió su escrito-, debe ser aplaudida. Fue la única de siete votos que lo hizo en contra del archivo de la causa, mediante un voto particular disidente con la decisión mayoritaria.
"En su voto discrepante, Ángeles Carmona afirma que los jueces y magistrados han de observar los deberes de protección de la dignidad e intimidad de las víctimas, particularmente cuando se recibe declaración en juicio y cuando se trata de una víctima de un delito contra la libertad sexual o de violencia de género", cuenta. "Parece que subyace que es muy difícil remover esa falta de sensibilización y concienciación necesaria para estos asuntos", añade.
Peláez Solís ha facilitado el escrito de queja y el recurso contra el archivo en el que se leen los derechos de la víctima vulnerados en dicho juicio. Entre ellos, lo acordado en la Ley de Enjuiciamiento Criminal asevera que se han de garantizar la integridad física y psíquica, libertad, seguridad, libertad e indemnidad sexual, así como proteger su intimidad y su dignidad, particularmente cuando se les reciba declaración o deban testificar en un juicio. "Hay que juzgar con perspectiva de género", señala Poyatos.
Nuestro esfuerzo queda burlado cuando vemos que hay juzgados en los que se sigue una práctica que contraviene lo dispuesto de forma expresa en nuestro ordenamiento jurídico"
No obstante, la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Canarias analiza la pregunta y por qué se ha llegado a plantear así a una persona que denuncia una violación. "El siglo XX fue el de la conquista de la igualdad formal entre hombres y mujeres. El gran desafío que tenemos en el siglo XXI es la conquista de la igualdad real", dice. "¿Por qué no se logra esta igualdad real? Los estereotipos y los prejuicios son la respuesta, son inmunes a la ley, son resistentes y dominantes y es muy difícil erradicarlos", añade.
La magistrada planteó una reflexión en un artículo sobre este tema: "En el caso de una víctima por intento de homicidio se preguntaría '¿Intentó usted esquivar con todas sus fuerzas la trayectoria de la bala disparada?'". Poyatos asevera que no se diagnostica como un problema que requeire remedio. "Los jueces y juezas tienen banalizados los estereotipos y los vuelcan en las sentencias. Se banaliza la violencia de género", narra. "La pregunta sobre si cerró las piernas es cuestionar a las mujeres sobre el consentimiento sexual implícito", añade.
"Nuestro esfuerzo queda burlado cuando vemos que hay juzgados en los que se sigue una práctica que contraviene lo dispuesto de forma expresa en nuestro ordenamiento jurídico", afirma la presidenta del Consejo de la Abogacía. "Va a costar cambiar esta situación por un motivo: porque llevamos 40 años de Constitución y aunque las mujeres estamos integradas en todas las carreras jurídicas, en las fotos de los poderes que mueven el mundo tenemos una representación anecdótica", añade Poyatos. La magistrada concluye con una idea clara: "Es la patología de la democracia del siglo XXI".
