Declaración de guerra en la Justicia. Las junta generales de jueces celebradas ayer en casi todos los partidos judiciales de España han acordado de manera casi unánime lanzar un ultimatum al ministro Alberto Ruiz-Gallardón: o retira su anunciadas reformas y se sienta a negociarlas con ellos o en 15 días iniciarán una serie de movilizaciones que desembocarán en una huelga indefinida. Varias de estas juntas emitieron a lo largo del día comunicados en los que, además de mostrar su profundo malestar con las últimas iniciativas del ministro de Justicia así como con la falta de inversiones y los recortes salariales al colectivo, cargaron también contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Gonzalo Moliner, al que algunas exigieron su dimisión al haber aceptado propuestas de Gallardón que los magistrados consideran inadmisibles.
Detrás de la insólita protesta está el proyecto de reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, avanzado por el Gobierno sólo a grandes trazos, en el que se modifican el sistema de captación y formación de los jueces, el de elección de los vocales del CGPJ, y la inspección de los juzgados, entre otros. Los jueces interpretan esa reforma como un claro intento del Ejecutivo del PP de subordinar el poder judicial al político con la reducción de las funciones del órgano de gobierno de los jueces a algo casi testimonial.
Como primera medida de protesta, los jueces trabajarán a partir de ahora 'a reglamento' y sólo celebrán juicios por la mañana
Los comunicados hechos públicos por las diferentes juntas, y que tienen como espina dorsal el elaborado de manera conjunta el pasado lunes portodas las asociaciones de jueces y fiscales encuadradas en la autodenominada Comisión Interasociativa Permanente, fueron en algunos casos más lejos que éste en las medidas de protesta a tomar. De hecho, algunos ya han dejado claro que a partir de ahora los magistrados harán una 'huelga de celo' (término que rechazan algunas de las fuentes consultadas) para ajustar su jornada laboral a lo que recoge la ley: 37 horas y media. De este modo, por ejemplo, sólo celebrarán juicios en horario de mañana como primera medida de protesta. No será la única medida de presión antes de que se cumpla el plazo dado para comenzar las negociaciones. Los jueces navarros, por ejemplo, no asistirán a ningún acto protocolario "convocado por órganos del Gobierno" y cuando coincidan con sus representantes en los de otros colectivos, como Policía y Guardia Civil, que celebran en las próximas semanas las festividades de sus patrones, darán la espalda a los "dirigentes políticos".
Estas primeras medidas se endurecerán una vez pasados los quince días del ultimatum. Entonces, y tras celebrar nuevas juntas, muy posiblemente el 8 de octubre, se convocarán en primer lugar concentraciones 'de togas' ante las sedes del Ministerio de Justicia y del CGPJ. Según detalló ayer a Vozpópuli Joaquim Bosch, portavoz de Jueces para la Democracia (JpD), una de las asociaciones integradas en la Comisión, "a estos plantes le seguirán paros parciales y, finalmente, una huelga indefinida que no desea nadie por los efectos impredecibles que puede tener en el retraso de la tramitación de los litigios". Bosch, que califica la actitud de Gallardón y su equipo hasta ahora de "prepotente y poco conciliadora" ante sus reclamaciones, insiste en que lo que los jueces quieren "es negociar, pero el Ministerio está agotando la paciencia de toda la judicatura". Según el representante de JpD, el 75% de los jueces apoyaron ayer el comunicado de las asociaciones.
Quejas por las retribuciones
Algunos de los documentos aprobados ayer por las juntas de magistrados van, precisamente, en este sentido. La celebrada en Granada proponía convocar los paros "en el plazo más breve posible". La de Baleares sólo contemplaba una medida de prostesta: la "huelga indefinida". Y la de Pamplona pedía "denunciar ante los organismos internacionales" las condiciones de sobrecarga de trabajo en la que están trabajando los jueces españoles, sobre todo durante las guardias. Estos magistrados aportaban en su nota un dato: con el actual sistema retributivo de estas jornadas "de dedicación presencial y localizada", los jueces españoles reciben "un euro y 70 céntimos por hora". En Madrid, donde se celebró la junta más multitudinaria con la presencia de 210 jueces de los 309 que la integran, destacaron que en España "hay un político por cada 106 habitantes, mientras que sólo hay un juez por cada 10.000 habitantes".
Las cartas enviadas recientemente por el presidente del CGPJ para apaciguar los ánimos han terminado de incendiarlos
En sus comunicados, los jueces también han sido especialmente duros con el presidente del CGPJ, Gonzalo Moliner, que lleva en el cargo sólo desde julio tras la dimisión de Carlos Dívar. Así, por ejemplo, la junta general de jueces de Navarra mostraba ayer su "malestar e indignación por la pasividad" del órgano de gobierno de los jueces ante las reformas iniciadas por Gallardón y aseguraba no sentirse "representados ni identificados" con la actuación del que sobre el papel debería ser su máximo representante. En parecidos términos se expresaron los magistrados de la Audiencia Provincial de Granada. Más duro fue, sin embargo, la Junta celebrada en Madrid, donde los asistentes acordaron "solicitar la dimisión del presidente del CGPJ por" incumplir sus funciones", "deslealtad con la carrera judicial" y, en su opinión, "no garantizar la independencia judicial en las negociaciones y acuerdos privados que ha mantenido con el Ejecutivo". La junta celebrada en Baleares extendió esa exigencia de dimision a todos los vocales del órgano de gobierno de los jueces.
El origen del malestar con Moliner son las recientes cartas que remitió a todos los jueces y en el que les informó de unos acuerdos alcanzados por él con el Ministerio de Justicia sobre licencias y permisos de los miembros de la judicatura. La iniciativa tenía como objetivo calmar los ánimos, pero su efecto ha sido totalmente el contrario. De hecho, el acuerdo no ha gustado ni a los afectados ni a los otros integrantes del Consejo. Ayer, Margarita Robles, una de las vocales que en su momento no votó a favor de Moliner, recalcó a este diario que esas cartas "son una actuación individual del presidente, no del Consejo", e insistió que debería ser Moliner el que respondiera por esa iniciativa "particular". Robles, encuadrada en el grupo de vocales abiertamente enfrentado al equipo actual del Ministerio de Justicia, calificaba este viernes de "muy positiva" la reacción de sus compañeros: "Las reformas que pretende Gallardón no sirven para mejorar la Justicia en España y la protesta de los jueces está más que justificada".
