Sólo una semana después de la reunión entre el ministro y los representantes de jueces y fiscales, éstos empiezan a dudar de la verdadera voluntad de diálogo del Gobierno. Denuncias de intento de manipulación de lo hablado en aquel encuentro y de maniobras por parte del equipo de Alberto Ruiz-Gallardón para ‘suavizar’ el dictamen crítico que el jueves emitió el Consejo General del Poder Judicial sobre los planes de reforma del Gobierno hacen plantearse de nuevo a los representantes de la judicatura reactivar “a la mayor brevedad posible” su calendario de movilizaciones, según confirmaron a Vozpópuli varios representantes del colectivo. Concentraciones, paros parciales y una huelga de ‘togas caídas’ vuelven a planear sobre la Justicia española. Ahora, además, con el apoyo de otro colectivo ligado al sector: el de los secretarios judiciales.
Los representantes de jueces y fiscales acusan al 'número' 2 de Gallardón de tergiversar lo hablado en la reunión de la semana pasada
Las dudas sobre las verdaderas intenciones de Gallardón para salvar el conflicto surgieron, de hecho, pocas horas después del encuentro celebrado el pasado martes en la sede de su departamento con representantes de la Comisión Interasociativa, que representa a las siete organizaciones de jueces y fiscales que existen en España. Al término del encuentro, el número 2 del Ministerio, el secretario de Estado de Justicia, Fernando Román, compareció ante la prensa y sugirió la existencia de un principio de acuerdo entre las partes en uno de los temas más polémicos de la reforma: la reducción de 18 días a sólo tres de los permisos retribuidos que hasta ahora disfrutaban los jueces. Román aseguró que ambas partes habían llegado a un punto de acuerdo en doce días.
Cuando minutos después tomaban la palabra ante los medios los representantes de las asociaciones, éstas se limitaban a confirmar que el calendario de movilizaciones se retrasaba y que en una semana o diez días recibirían un nuevo texto para la reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Sonrisas y buenas palabras –utilizaron los adjetivos “constructiva” y “positiva”—parecían dejar entrever que el acuerdo estaba cerca. Sin embargo, sólo hizo falta unos pocos minutos, los que necesitaron las ediciones digitales de los diarios recogieran los primeros teletipos sobre el encuentro que incluían las palabras de la mano derecha de Gallardón, para que las sonrisas se tornaran en gestos de sorpresa e, incluso, indignación. “Cuando leí lo que el secretario de Estado había dicho a la prensa sobre los permisos retribuidos y daba a entender que habíamos aceptado rebajarlos a doce, me di cuenta de que nos había engañado”, recuerda a este diario uno de los asistentes al encuentro en el Ministerio. “Y lo malo es que estábamos atados de pies y manos por nuestras palabras. Habíamos retrasado el calendario de movilizaciones a que nos hiciera llegar su nueva propuesta y ya no podíamos hacer nada para activarlo”, reconoce con resignación.
'Suavizar' el dictamen del CGPJ
Dos días después, el malestar iba en aumento al conocerse las interioridades del debate vivido ese jueves en el CGPJ a cuenta del dictamen que este órgano iba a emitir sobre la reforma de la ley. Según reconocieron a Vozpópuli miembros del Consejo que participaron en el mismo, “eran evidentes, casi descaradas, las maniobras del ministro para que los vocales afines a él torpedearan el informe”. El propio presidente, Gonzalo Moliner, el vicepresidente Fernando de Rosa, y los vocales Miguel Carmona y Antonio Dorado fueron los que “más se esforzaron en suavizar el texto”, recalcan estas fuentes que asegura que al final el documento sufrió sólo “algunos retoques de redacción”. De hecho, Dorado, secretario judicial y considerado uno de los miembros del órgano de gobierno de los jueces más afines a Gallardón, que le ha incluido en las comisiones que están elaborando las polémicas reformas anunciadas por el Gobierno en el campo de la Justicia, emitió un voto particular en contra de la propuesta.
Por todo ello, fuentes de la Comisión Interasociativa creen que la supuesta actitud dialogante de Gallardón en el encuentro del martes sólo buscaba “ganar tiempo, desactivar la amenaza de huelga y presentarnos ante los ciudadanos como unos privilegiados a los que sólo les interesa salvar sus días de permiso retribuidos”. Estas mismas fuentes recuerdan que durante el encuentro el ministro no hacía más que decir al secretario de Estado que “tomara nota de todo lo que decíamos”, pero también que en ningún momento “se comprometió a nada”. “Nos tememos que el texto que nos mandará esta semana será frustrante y, por lo tanto, nos veremos obligado a poner en marcha las movilizaciones”, añade. ¿Cuándo? “Pronto”, señala si querer concretar fechas.
Presidentes de TSJ y secretarios judiciales
A la espera de ese momento, la posición de la Comisión Interasociativa recibió un nuevo respaldo el pasado viernes. Ese día, los 17 presidentes de los Tribunales Superiores de Justicia de toda España, reunidos en Albacete, emitieron un comunicado en el que, de nuevo, incidieron que la Justicia necesita numerosas reformas, pero no las que propone en estos momentos el Ministerio de Justicia. En unos términos similares a los que hace dos semanas hicieron públicas las Juntas de Jueces de todos los partidos judiciales de España, los presidente de los altos tribunales volvieron a criticar el intento de Gallardón y su equipo de despojar al CGPJ de sus principales atribuciones para “debilitarlo”. Los 17 magistrados exigían prioritarias otras “reformas organizativas, tecnológicas y procesales […] “por encima de cambios en el estatuto de los jueces o en el gobierno del Poder Judicial”.
No fueron los únicos. También el viernes, los secretarios judiciales celebraban en diferentes puntos sus propias juntas generales en el que también reclamaban “un marco propio de negociación para la defensa de sus derechos”. En el escrito que hicieron público los secretarios judiciales de Navarra, estos no sólo rechazaban “la reducción en la duración de permisos y licencias”, sino que reclamaban una “modificación del régimen disciplinario” y cambios en el desarrollo de su carrera profesional. El colectivo, al igual que hicieron hace días jueces y fiscales, también avanzaban la posibilidad de iniciar “movilizaciones para la defensa de sus derechos laborales”. Un nuevo frente para un Gallardón del que ya desconfían todos los colectivos de la Justicia.
