La dimisión del presidente del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Supremo, Carlos Dívar, irá casi a cuentagotas. Sí bien es cierto que hoy anunciará en la reunión del pleno del CGPJ su intención de dimitir, ésta no se formalizará hasta el lunes que viene, en una convocatoria de la Sala de Gobierno del Tribunal Supremo. Será también ese día cuando se le comunique al Gobierno, que tomará nota oficial de la dimisión en el Consejo de Ministros del viernes 29, según ha podido saber Vozpópuli.
A partir de su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE) del sábado siguiente, se entrará en un periodo de interinidad, siendo sustituído por Fernando de Rosa en el CGPJ y por Juan Antonio Xiol en el Supremo. Por detrás quedan los intentos del Gobierno, materializados, tal y como informó Vozpópuli, a través de una llamada que la vicepresidenta, Soraya Sáenz de Santamaría, hizo a la nacionalista Margarita Uría, miembro del Consejo, para intentar "salvar" a Dívar y con él, la imagen de la Justicia española, ya bastante maltrecha en la prensa internacional a raíz de este caso.
Lo normal es que ese periodo de interinidad sea lo más breve posible, aunque con el actual reparto de fuerzas en el seno del Consejo, fuentes del Ejecutivo albergan dudas sobre la posibilidad de que se alcance un acuerdo de, al menos, tres cuartos de sus miembros para elegir al sustituto de Dívar. Todo ello se une a que el mandato del actual presidencia caduca en septiembre de 2013, por lo que aquel que sea elegido ahora, ocupará este cargo poco más de un año. Por su parte, el Gobierno tampoco parece que vaya a tener prisas por acabar con la interinidad, habida cuenta de que De Rosa aterrizó al Consejo a propuesta del PP, mientras que Dívar lo fue a propuesta de José Luis Rodríguez Zapatero.
El Fiscal General del Estado, Eduardo Torres-Dulce, asegura que el "caso Dívar" "está cerrado judicialmente"
Que la salida de Dívar se da por descontada lo ha admitido hasta la persona llamada a sucederle en el CGPJ. De Rosa manifestó el pasado martes que trabajará para recuperar la credibilidad de los ciudadanos en la justicia y para que exista la "máxima transparencia" en el Poder Judicial. "Esos son los objetivos". "Realmente creo que desde el CGPJ debemos ponernos a trabajar inmediatamente para recuperar esa confianza de los ciudadanos, y para que los más de 4.800 jueces que hay en España, sientan que tienen un órgano de Poder Judicial que ha superado una crisis importantísima", señaló. A su juicio, el Consejo "tiene que seguir trabajando y reivindicando el papel del juez, su trabajo y las necesidades de la Administración de Justicia". Así, entiende que "una cosa son las polémicas que puedan surgir y puedan afectar al órgano de Gobierno, y otra cosa son los 4.800 jueces de España que todos los días van a su juzgado a trabajar".
En cuanto a la deriva judicial del caso, el fiscal general del Estado, Eduardo Torres-Dulce, aseveró ayer que está "cerrado judicialmente", recordando que el Tribunal Supremo dejó claro a través de un dictamen que los hechos denunciados y atribuidos a Dívar no eran constitutivos de delito, una vez que se examinó la documentación suministrada. "Por parte del Ministerio Fiscal el asunto de los gastos imputados como delictivos al presidente del CGPJ está cerrado judicialmente", sentenció desde Granada, informa Efe.
