Germá Gordó es un político de trayectoria polémica y accidentada. A primeros de año estuvo involucrado en el presunto espionaje al consejero de Empresa del gobierno de la Generalitat, Felip Puig, un trabajo encargado supuestamente a Método 3 por parte de Xavier Martorell, ex director de los Mossos.
Hace dos días volvía a salpicarle el escándalo al conocerse, a través del diario 'La Razón', que él mismo había solicitado a esa singular agencia de detectives información sobre Ana Botella, actual alcaldesa de Madrid, y otros personajes de ideología conservadora como el vicepresidente del Parlamento Europeo, Aleix Vidal-Quadras, el concejal de Madrid, Pedro Calvo o la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero.
Gordó ha negado con enorme vehemencia esas informaciones por "falsas y absurdas". Pero ahí están los documentos. Hace tan sólo un mes este mismo personaje era citado como testigo en el "caso de la ITV" al habérsele relacionado con Oriol Pujol y con las concesiones irregulares de diversas estaciones de control de vehículos. Gordó, nuevamente, lo negó todo.
Vuelve ahora a la actualidad por vía marital ya que su esposa, Roser Bach, magistrada de la Audiencia de Barcelona y ex directora de la Escuela Judicial, aspira a ocupar una de las doce plazas del cupo judicial a propuesta de Convergencia y con el apoyo del PSOE, según informaba la cadena SER. De concretarse este intento, no sería la única nacionalista catalana en el gobierno de los jueces ya que el martes fue designada, a propuesta de CiU la actual diputada por Barcelona Mercè Pigem.
También por el turno de jueces en activo se da por hecho que la semana próxima se comenta que el PP podría impulsar a Fernando Grande-Marlaska, actual presidente de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. El PSOE haría lo propio con Clara Martínez de Careaga, magistrada de la sala militar del Supremo y esposa de Cándido Conde-Pumpido. El presidente del Consejo y del Tribunal Supremo será elegido en el primer pleno del gobierno de los jueces, ya renovado, a propuesta, como manda la tradición, del acuerdo al que ya parece que han llegado el PP y el PSOE. El nombre con más posibilidades es Carlos Lesmes, quien fue director general de Relaciones con la Administración de Justicia en el segundo gobierno de Aznar y que pasa por ser un hombre aquilatada formación y de profundos conocimientos jurídicos.
