El presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y del Tribunal Supremo (TS), Gonzalo Moliner, asegura que la institución que preside ha hecho "borrón y cuenta nueva" tras la polémica salida de Carlos Dívar, y a partir de ahora pondrá especial interés en controlar los gastos de sus vocales. "Somos solidarios con la situación de los ciudadanos. Pondremos el foco en lograr que las cuentas sean públicas dentro de lo posible. Yo en dos meses me he gastado 570 euros", aclaraba.
En su primera entrevista concedida a un medio generalista tras su elección, en este caso la Cadena SER, Moliner ha dicho ser consciente de que los acontecimientos recientes han afectado a la credibilidad de la institución, pero insiste en que eso le sirve de "acicate para trabajar y esforzarse más". Ha destacado que la renuncia de Carlos Dívar a recibir una indemnización fue por "iniciativa propia" y que nadie en el CGPJ le ha presionado. "Es una actitud que le honra", afirmaba.
Respecto al manido debate acerca de la procedencia de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, Moliner ha rebatido al ministro de Justicia y se ha posicionado a favor de que la elección se mantenga como hasta ahora. "Hace más de 30 años que defiendo que los miembros del CGPJ deben ser elegidos por el Parlamento, no por los jueces. Es un órgano del Estado al servicio de los ciudadanos, no pertenece ni al Gobierno ni a las instituciones judiciales", defendía.
Para Gonzalo Moliner, la polémica liberación del etarra Bolinaga forma parte del "juego normal" del Tribunal Supremo. "Es algo habitual, ya que las leyes son interpretables. Si no fuera proque un juez ha dicho blanco y otro negro, el caso nunca habría llegado hasta esta institución".
Al ser preguntado por su conocida oposición a la reforma laboral, Moliner asegura que mantiene su opinión porque "podría ir en contra de la Constitución". "La reforma laboral me sigue pareciendo tremenda, pero ahora no lo diría porque en mi cargo no me puedo permitir opiniones polémicas", explicaba. Asimismo, ha defendido la sentencia del Tribunal Supremo que permite a dos Comunidades Autónomas retirar el concierto a colegios de educación diferenciada.
Moliner atribuye la mala fama de la Justicia entre los ciudadanos a que en España "hay unas leyes procesales muy garantistas" que retrasan mucho los procesos. No obstante, considera que quienes han pasado por los juzgados tienen mejor opinión que los que no han pasado nunca. Sobre los recortes en el ministerio de Justicia, ha asegura que hay "muy buenas intenciones pero muy poco dinero" y aunque reconoce que existen motivaciones, descarta que vaya a haber nuevas huelgas de jueces.
