El Grupo de Delincuencia Económica de la Policía ha determinado que Iñaki Urdangarin y la infanta Cristina recibieron de manera directa 1,1 millones de euros procedentes de las 40 cuentas corrientes vinculadas al entramado empresarial del Instituto Nóos, según ha publicado este lunes 'El País'. Por su parte, el socio de Urdangarin, Diego Torres, y su mujer, habrían recibido 1,9 millones de euros.
A pesar de que el juez Castro decidió no imputar a la hija del rey por no haber "pruebas suficientes" que la relacionasen con los negocios de su marido, la Policía ha encontrado al menos una transferencia de 12.671 euros a su nombre y otra de 34.565 a nombre de Urdangarin y de la Infanta.
Parte del dinero que cobró el matrimonio proviene de los contratos obtenidos por Nóos "sin concurso y a dedo" y que fueron transferidos a la empresa Aizoon, cuya propiedad comparten al 50% la hija y el yerno de rey. Cabe destacar que la esposa de Torres sí fue imputada por circunstancias similares.
El instituto Nóos, sin ánimo de lucro, ingresó entre 2004 y 2007 nueve millones de euros en una cuenta corriente de La Caixa a la que sólo tenían acceso el duque de Palma y su socio. Desde esa cuenta, se distribuían los ingresos que el Instituto generaba por la organización de eventos deportivos y turísticos, y que iban a parar a las siete sociedades privadas con ánimo de lucro propiedad de Urdangarin, de Torres, o de ambos. En total, 39 cuentas corrientes en seis entidades bancarias.
El análisis policial no ha podido averiguar quién fue el destinatario de los 2,5 millones de euros correspondientes al uso de tarjetas de crédito, pagarés, recibos, transferencias y cheques. Asimismo, el resumen final de la policía destaca los 712.000 euros transferidos a una cuenta de Luxemburgo.
Tanto el juez que instruye el caso Nóos como el fiscal anticorrupción sostienen que el instituto Nóos fue en realidad una tapadera con apariencia de ONG con la que Urdangarin y Torres se lucraban a costa de los gobiernos autonómicos de Baleares y Comunidad Valenciana. Por el momento, se les imputa los delitos de malversación de fondos públicos, falsedad documental y fraude de la Administración, pero se investigan las transferencias a cuentas en Luxemburgo, Suiza y Andorra para determinar si también exisitó delito fiscal y de blanqueo de capitales.
