Era un proyecto imposible por múltiples razones, pero aun así el Ayuntamiento de Madrid se emperró en seguir adelante hasta meterse en un peligroso callejón sin salida. El Centro Internacional de Convenciones de la Ciudad de Madrid (CICCM) fue lanzado en 2006 con un concurso de ideas que al año siguiente ganaron los arquitectos Emilio Tuñón, Luis Mansilla y Matilde Peralta. Años de vacas gordas: el CICCM costaría 300 millones y estaría en la antigua Ciudad Deportiva del Real Madrid, un club que saneó su deuda gracias a esta operación urbanística que incluía los cuatro rascacielos más altos de España; además, participarían en su construcción algunas de las constructoras privilegiadas durante el mandato del exalcalde Alberto Ruiz-Gallardón.
En noviembre de 2009 las obras de la primera fase, consistentes en mover un millón de metros cúbicos de arena y en acoplar pantallas de 40.000 metros cúbicos de hormigón y seis millones de kilos de acero para sujetar la estructura, fueron adjudicadas a Acciona. La compañía terminó su agujero los primeros meses de 2010: desde entonces, al final del Paseo de la Castellana hay cuatro rascacielos y un boquete descomunal que lleva cuatro años sin cambiar de aspecto. Ha costado ya 120 millones de euros y desde luego no se parece en nada al Centro de Convenciones circular de 200.000 metros cuadrados que el Consistorio promocionaba en sus espectaculares maquetas.
Futuro incierto
El concejal de UPyD Mariano Palacios pregunta hoy en comisión municipal por el futuro del Centro Internacional de Convenciones. Palacios consultará sobre el “destino que el Ayuntamiento va a dar a la parcela” del Paseo de la Castellana, 259. El coste de las obras corrió a cargo de Madrid Espacios y Congresos, la empresa local a la que Gallardón recurría para centrifugar parte de la enorme deuda de la capital. Pero Madridec desapareció el pasado 31 de diciembre, y ahora no está tan claro el futuro uso del suelo donde se asienta el malogrado CICCM.
Según UPyD, puesto que el derecho de superficie es asignado a una persona jurídica concreta, la ley exige que, de ser devuelta, la parcela tiene que estar en las mismas condiciones en las que fue entregada. “El Ayuntamiento cedió una parcela sin agujero ni cimentación y así es como debe volver a su patrimonio”, explican desde la formación magenta. ¿Tapar el agujero? Sí. “Nos gastamos millones de euros en hacer la obra y protegerla, y ahora es muy posible que nos gastemos millones de euros en deshacerla”.
Ni siquiera una piscina
Hace un año, un informe de la Concejalía de Hacienda publicado por El País pedía que el impasse en el que se encontraba el CICCM “debe ser resuelto lo antes posible”. “El coste del proyecto es inasumible y sería imprescindible cambiar su uso”, por lo que los inspectores de Hacienda municipales urgían a “iniciar un periodo de reflexión sobre el destino final del proyecto”.
Desde junio de 2010, las obras de la segunda fase, adjudicadas en un principio a Acciona y FCC, se encuentran suspendidas. Ana Botella heredó este marrón de Gallardón para el que se han sondeado varias opciones: ora aparcamientos (tiene muy cerca los del hospital de La Paz), ora un centro comercial, soluciones que no son legales, de acuerdo con la normativa que hoy recordará UPyD al equipo de Gobierno. Ni siquiera una piscina. El CICCM es quizás uno de los hoyos más caros nunca vistos para un Ayuntamiento.