El Consejo de Ministros ha aprobado este viernes el Reglamento de los centros de internamiento de extranjeros (CIE), una normativa que será más "garantista" en defensa de la "dignidad" e "intimidad" de los inmigrantes. Tras el dictamen que el pasado 13 de febrero emitió el Consejo de Estado, que lo remitió al Ministerio del Interior, el nuevo Reglamento de los CIE -que mantendrán su denominación- regulará con "transparencia" los derechos y deberes fundamentales de los internos.
Además, establece el régimen de funcionamiento de los centros, y ordena su estructura organizativa y de dirección y los servicios de asistencia tanto sanitaria como social y de seguridad que se prestan a los extranjeros. La nueva regulación tiene artículos específicos sobre la presentación de reclamaciones y quejas por parte de los internos, a los que se detallará la información de sus derechos, y establecerá los procedimientos de actuación en relación a ingresos, salidas y traslados.
Garantizar los derechos fundamentales
“El ámbito de seguridad de los centros recae en la policía nacional, mientras que el resto de la gestión correrá a cargo de los servicios sociales. Los internos podrán formular peticiones y quejas o recibir visitas por parte del Ministerio Fiscal. Asimismo, se fortalecen los mecanismos de control e inspección de los centros”, ha explicado el ministro de Interior, Jorge Fernández Díaz, en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. “Todo en la línea de comprobar y garantizar que se cumplen los derechos fundamentales de las personas ingresadas.
Como ha recordado el titular de Interior, los CIES son establecimientos no penitenciarios, dependientes de Interior, y destinados a la custodia preventiva o cautelar de los inmigrantes ilegales. “Sólo se ingresan allí mediante el auto de un juez, como trámite previo a la expulsión”, ha matizado. El tiempo máximo de estancia en estos centros es de 60 días y actualmente existen 8 centros de internamiento de extranjeros en funcionamiento en España.
“A los fondos presupuestarios habituales destinados a estos centros -8,8 millones de euros- se destinarán ahora 3 millones de euros adicionales para reforzar los servicios sociales (sanitarios, de intérpretes…etc.) y 2,5 millones de euros en concepto de reformas de los centros”, ha concretado.
Cinco años de retraso
El reglamento se ha aprobado con casi cinco años de retraso, tal y como ha reconocido Fernández Díaz, una demora que achaca a la necesidad de contar con los informes de los órganos consultivos y a las alegaciones de las partes implicadas. “Era un compromiso legal derivad de Ley Orgánica del año 2009. Es evidente que el plazo se ha superado y que llevamos un cierto retraso. Pero tengo que decir que este reglamento ha sido una de las prioridades del Ministerio de Interior durante esta legislatura”, explica Jorge Fernández Díaz.
De hecho, se han tenido en cuenta los informes del Consejo de Estado, del Consejo General del Poder Judicial, del Fiscal General de Estado, de la Agencia Española de Protección de Datos y de los ministerios de Sanidad y Asuntos Sociales, Empleo y Seguridad Social, Justicia y Asuntos Exteriores y Cooperación. “Hemos intentado obtener el máximo nivel de consenso posible y de garantías legales”, asegura el ministro.
Se ha contado con la preceptiva aprobación previa del Ministerio de Hacienda y han sido también esenciales las aportaciones de los grupos parlamentarios y de las organizaciones no gubernamentales.
"Ni una sola crítica a España"
El ministro de Interior ha reiterado que desde Bruselas no se ha pedido explicaciones al Gobierno español por la polémica que desató el uso de pelotas de goma con inmigrantes a la deriva. “No ha habido ni una sola crítica a España”, ha afirmado en la rueda de prensa. Asimismo, ha destacado que no se puede vincular un tuit o una entrevista de la comisaria europea de Interior, Cecilia Malmström, con la opinión de toda la Unión Europea. “No hay ninguna razón, al menos de momento, para exigir responsabilidades políticas”, ha declarado.
