La reforma de las pensiones, cuyo último capítulo parecía haberse cerrado hace año y medio con el beneplácito de casi todas las fuerzas políticas y sociales, corre el riesgo de reabrirse y sin consenso. Aunque no es oficial, el último rescate bancario acarreará una serie de contrapartidas, como se ha publicado hasta la saciedad. Recortes, ajustes, más dolor. Más IVA sobre los lomos de los consumidores, quizás restar partidas al subsidio por desempleo, menos inversión de la que ya hay, que es poca. Y una reforma de las pensiones, como recoge un borrador de la Comisión Europea de la semana pasada.
El problema es que desde marzo de 1995 y salvo contadas excepciones los problemas y las propuestas relativas a la viabilidad del sistema de Seguridad Social se han debatido y aprobado siempre dentro de un marco unívoco: el Pacto de Toledo. Así, la Seguridad Social ha vivido en esta comisión parlamentaria sus mejores momentos: recomendación de separar fuentes, fondos de reserva, retrasos en la edad de jubilación, homogeneización de las bases de cotización, integración de regímenes especiales… Un idilio que ha perdurado hasta en los momentos de máxima crispación política pero que puede tener sus horas contadas si el PP se aviene a reformar de nuevo las pensiones.
Vía unilateral o consenso de Toledo
¿Tratará el PP de buscar un pacto en esta comisión o tomará una vía unilateral, rompiendo el espíritu de Toledo? No sería la primera vez que se quiebra el consenso -José Luis Rodríguez Zapatero congeló unilateralmente las pensiones en mayo de 2010-, pero sí la ruptura más honda, tratándose de algo tan delicado como la edad de jubilación. Por el momento, la respuesta oficial es que ni lo uno ni lo otro. Aunque tampoco está claro: durante la Comisión de Seguimiento del Pacto de Toledo, que tuvo lugar la semana pasada, el diputado de Izquierda Plural Joan Coscubiela disparó una batería de preguntas sobre el secretario de Estado de Seguridad, Tomás Burgos, para ver si entraba en los planes del Gobierno adelantar el ya pactado retraso en la edad de jubilación (de 65 a 67 años), como pide un informe del Ecofin. Burgos, un político extremadamente prudente, defendió la “viabilidad” del sistema actual, pero no dijo de este agua no beberé.
Tampoco parece viable el pacto en la comisión parlamentaria. Casi todos los grupos consultados por este medio rechazan remover lo que ya se fraguó con un consenso relativo en enero de 2011: el PP discrepó en el Pacto de Toledo, aunque luego avaló en el Congreso retrasar la jubilación, a la que se opusieron IU, ERC, BNG y NaBai. También lo refutan los agentes sociales, sobre todo los sindicatos, que ya tragaron el año pasado. Pero incluso la patronal CEOE, que tuvo sus reticencias a la hora de pactar hace año y medio esta medida, no parece estar por la labor. La jubilación a los 67 años entrará plenamente en vigor en 2027, tras un periodo transitorio largo, pero dentro de los cánones que utilizan otros países europeos.
Incluso CiU, formación posiblemente más afín a las tesis del Ecofin, muestra sus reticencias. “Es preferible buscar alternativas que mejoren la viabilidad del sistema”, explican desde el grupo catalán. En la misma línea se expresan Joan Coscubiela e Isabel López i Chamosa (PSOE): no a la ruptura del consenso de Toledo. Mariano Rajoy tiene la última palabra.
