El juicio contra Ciudadanos celebrado el pasado viernes en el Juzgado de Primera Instancia número 74 de Madrid ha permitido conocer un dictamen interno elaborado por la Comisión de Garantías y Valores el 12 de noviembre del año pasado, al día siguiente de la dimisión de Albert Rivera, en el que se advertía que los miembros que iban a formar parte de la gestora del partido tendrían que cesar de este órgano si querían entrar en alguna de las listas que fuesen a concurrir a las primarias de las que saldría el nuevo presidente.
El entonces presidente del Consejo General, Manuel García Bofill, hizo oídos sordos a esta indicación ya que en la disposición adicional del reglamento de la gestora, que se votó unas semanas después de este dictamen, se indicó justo lo contrario, beneficiando de esta forma a Inés Arrimadas ya que 11 de los 16 miembros de la citada gestora fueron incluidos en su lista oficialista al Comité Ejecutivo de Cs.
Algunas decisiones de esta gestora afín a Arrimadas, en la que solo Luis Garicano se podía ubicar en el llamado sector crítico, fueron controvertidas. Por ejemplo, cuando sólo faltaban unas semanas para las primarias se procedió a la destitución fulminante de dirigentes regionales vinculados a Francisco Igea como fueron los casos del asturiano Ignacio Prendes o la castellano-manchega Orlena de Miguel.
El informe de siete páginas de la Comisión de Garantías, al que ha tenido acceso Vozpópuli, nunca circuló entre los miembros del Consejo General que tuvieron que decidir la composición de la gestora y la fecha del congreso en una polémica reunión celebrada a finales de noviembre. Este dictamen se elaboró a raíz de una petición expresa de Bofill (leer abajo) el mismo día de la dimisión de Rivera ante la "escasez de normativa interna" para pilotar la transición.
Encargo de Bofill al Comité... by Vozpopuli
En síntesis, el informe sirvió de hoja de ruta para que la dirección provisional de Cs fuese dando los pasos necesarios hasta la celebración de la Asamblea General -que finalmente se retrasó a mayo de este año por culpa de la pandemia del coronavirus-, de ahí la importancia del documento que desvela este periódico.
La respuesta de la Comisión de Garantías a Bofill sólo tardó un día en llegar. El presidente y la secretaria de este órgano interno teóricamente imparcial, Jesús Galiano y Marta Segura, admitieron de inicio a Bofill que no había ningún "precepto" sobre el proceso a seguir en aquellas difíciles circunstancias tras el adiós de Rivera, por lo que se tenían que dar los pasos "conforme a la sana crítica y teleológica".
Se tenía que renunciar a su cargo en la gestora "en el momento de su postulación y su presentación en la plataforma habilitada, por ser incompatible dicha situación"
En el tercer punto del informe se subrayaba que cualquier afiliado, al corriente de pago y sin tener suspendidos sus derechos como militante, podía formar parte de la gestora. Y se permitía entrar también en dicha gestora a los miembros del Comité Ejecutivo "disuelto", en referencia a la Ejecutiva que había tenido Rivera hasta el momento de su dimisión.
Es más, "cualquier miembro de la gestora elegida podrá postularse a cualquier candidatura para la elección del Comité Ejecutivo" unos meses más tarde, precisó la Comisión de Garantías adelantándose a lo que ocurrió finalmente. Sin embargo, a renglón seguido se objetó (leer abajo) que para ello "deberá renunciar a su cargo en dicha gestora, en el momento de su postulación y su presentación en la plataforma habilitada, por ser incompatible dicha situación".
Informe Comisión de Garantí... by Vozpopuli
Aquella advertencia buscaba la imparcialidad que debe mostrar una gestora ante un proceso de primarias internas como el que iba a celebrar Ciudadanos tras el adiós de Rivera. Pero el reglamento de la gestora que Bofill sometió a la votación del Consejo General soslayó dicha incompatibilidad al indicar lo contrario: "La participación de cualquier miembro de la Gestora en alguna lista que concurra a la elección del Comité Ejecutivo (...) no será impedimento para que pueda continuar ejerciendo sus funciones y cumpliendo sus obligaciones como vocal de la Gestora".
El propio Bofill compareció este viernes en calidad de testigo en el juicio a petición del demandante -el exafiliado Antonio Álvarez-, quien presentó una demanda por lo civil contra Ciudadanos en diciembre del año pasado al entender que se habían vulnerado varios artículos de los estatutos en la reunión del 30 de noviembre que se eligió a la gestora.
El que sigue siendo presidente del Consejo General se mostró dubitativo en este punto cuando se le preguntó por el informe de la Comisión de Garantías. "Pues tenían que dimitir y creo que dimitieron", dijo en un momento del juicio cuando se le inquirió al respecto.
Sin embargo, ningún miembro de la gestora afín a Arrimadas tuvo que renunciar ya que el reglamento autorizaba expresamente a seguir en este órgano tras presentarse las candidaturas. Se da la circunstancia de que este punto del dictamen de la Comisión de Garantías fue el único al que Bofill no hizo caso para la citada hoja de ruta.
¿Una gestora de 15 o 16 miembros?
Otro punto de controversia en el juicio fue la composición numérica de la gestora. La Comisión de Garantías explicó a Bofill que tenía que tener "un mínimo de 10 y un máximo de 15 miembros". En el polémico Consejo General se sometió a votación a mano alzada una lista de 15 miembros... entre los que no estaba su presidente.
A preguntas del abogado del demandante, Bofill admitió que su cargo de presidente de la gestora conllevaba tener "voz y voto" como el resto de 15 miembros, por lo que en realidad había 16 personas con capacidad de decisión. Ante esa aparente contradicción, hizo una distinción al hacer hincapié a la juez Amaia Castaño y a las partes que "se votaban 15 miembros" para la gestora y que ésta ya "lo presidía el presidente del Consejo General" desde el momento de la renuncia de Rivera.
