Una 'caza de brujas' sucedida hace más de una década en el CNI planea sobre el extraño veto que el Ministerio de Defensa ha impuesto al general de brigada Antonio Esteban López para que no ascienda en el escalafón.
Tanto la ministra de Defensa, Margarita Robles, como el jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), el general Miguel Ángel Villarroya, descartaron hasta en tres ocasiones la posibilidad de ascender a Esteban a general de división y colocarle al frente de la Escuela Superior de las Fuerzas Armadas, que pertenece al Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional (CESEDEN), ante la sorpresa de gran parte de la oficialidad del Ejército de Tierra.
La ministra rechazó en dos ocasiones tal opción cuando el jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra, el general Francisco Javier Varela, le llevó a su despacho el preceptivo ascenso. El primer veto ocurrió en febrero y afectó también al jefe de gabinete del general Varela, el también general de brigada Juan Francisco Arrazola, en una tensa reunión entre Robles y el jefe de Tierra.
Poco después hubo otro intento infructuoso por parte del JEME en el despacho de Robles y recién iniciada la pandemia del coronavirus se produjo un encuentro entre el JEMAD y el JEME, en el que este último le planteó la posibilidad de que no se cubriese el puesto de director de la Escuela Superior de las FFAA durante un tiempo pues el citado organismo del CESEDEN iba a estar cerrado mientras durase el estado de alarma.
Sin embargo, Defensa cubrió de inmediato la vacante con el general Miguel Ballenilla, que hasta entonces era el secretario general del Mando de Adiestramiento y Doctrina y que fue nombrado para su nuevo puesto el 14 de marzo. Casi al mismo tiempo, el general Esteban fue destinado a la Secretaría General del Mando de Adiestramiento y Doctrina de Tierra (MADOC), en Granada, en lo que muchos compañeros de Tierra consideraron que fue una "especie de destierro para apartarlo y poner punto final a su carrera".
Defensa responde a Vox
La pasada semana se conoció una respuesta parlamentaria a una cuestión planteada por Vox en la que Defensa explicó por primera vez las causas por las que el general Esteban no había sido ascendido en el escalafón para optar al mando de la Escuela Superior de las FFAA.
Si bien el departamento de Robles subrayó que el citado general disponía "de una excelente formación militar y académica y de una gran experiencia profesional que le facultan para desempeñar con garantía los cometidos de muchos destinos de la plantilla de las Fuerzas Armadas", al final se consideró que "el perfil personal y profesional" de Ballenilla era "más idóneo para ocupar dicho puesto”, según adelantó El Confidencial Digital.
Aquella respuesta provocó indignación entre altos mandos de Tierra, según pudo constatar Vozpópuli, ya que la consideraron "ridícula" si se compara el currículum de los generales Esteban y Ballenilla. El teniente general retirado Pedro Pitarch puso voz a dicho descontento en las redes sociales.
Supongo que a doña Margarita Robles se le habrá caído la cara de vergüenza por la respuesta de Defensa a la pregunta parlamentaria sobre el caso Esteban. Qué tomadura de pelo al parlamento. https://t.co/0UUe4xNwOh
— Pedro Pitarch B (@ppitarchb) July 23, 2020
Las citadas fuentes consideran ahora que los sucesivos vetos al general Esteban son fruto de una "venganza" tras un caso que afectó al CNI hace más de una década y que salpicó a este militar. Tras la detención en 2007 de Roberto Flórez, el agente doble que vendió documentos secretos a Rusia, en los servicios secretos españoles se hizo un exhaustivo trabajo para intentar minimizar los efectos del peor caso de espionaje que ha sufrido el CNI por parte de una potencia extranjera.
La 'caza de brujas' del CNI
Fruto de ello, los servicios secretos retiraron en 2009 a una decena de militares españoles la acreditación que se necesita para acceder a documentos sensible de la OTAN. Es la llamada Habilitación Personal de Seguridad (HPS) que expide el CNI a altos cargos, diplomáticos y mandos militares que por sus respectivos cargos deben acceder a información clasificada como confidencial, reservada o secreta.
Este permiso se renueva con cada cambio de destino o, en su defecto, cada cinco años. La HPS fue muy comentada hace unos meses cuando Vozpópuli desveló que el vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, no necesitaba rellenar unos formularios -la Declaración Personal de Seguridad (DPS)- que se envían a la Oficina Nacional de Seguridad (ONS), dependiente del servicio secreto, para certificar que una persona es apta para acceder a documentación sensible.
La decisión de CNI de retirar en 2009 la HPS a una decena de militares españoles se debió a que estaban casados con españolas originarias de Rusia y otras repúblicas de la antigua Unión Soviética. Aquella decisión se tomó con Alberto Sáez aún al frente de los servicios secretos.
Las citadas fuentes recuerdan que el general Esteban fue el único de los afectados que presentó un recurso dentro del Ministerio de Defensa contra la decisión del CNI. La tramitación de dicho recurso fue secreta, al igual que la retirada del HPS a militares españoles por el hecho de que sus cónyuges hubiesen nacido en la antigua URSS, pero el CNI tiró la toalla ya con Félix Sanz Roldán de director ante la falta de pruebas para sustentar tan controvertida decisión.
Posible recurso ante la Justicia
Así que a estos militares se les devolvió la HPS gracias al recurso de Esteban. Desde entonces no ha habido ningún problema con ellos, manteniendo aquellos que siguen en el Ejército la citada acreditación. Sin embargo, las fuentes consultadas por este periódico subrayan que en el equipo jurídico que tenía el CNI en aquella época de la 'caza de brujas' estaba Alejo de la Torre, quien durante dos años ha sido el subsecretario de Defensa a las órdenes de Robles hasta su reciente cese a finales de junio.
Este hecho alimenta la mencionada "venganza" que compañeros del general Esteban ven en la cúpula de Defensa a la hora de bloquear su ascenso. En todo caso, el citado general se plantea recurrir ante la Justicia los sucesivos vetos que ha sufrido en los últimos meses bien por la vía contencioso-administrativa o, llegado el caso, por la penal.
