Un delincuente que tenga una copia de las llaves de su coche incautado por las autoridades podría ir cualquier día a los aledaños de la comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos a recuperar su vehículo sin llamar la atención. Bastaría con que retirase un leve precinto de la matrícula y arrancase el motor, eso si el deterioro por meses de abandono en la calle no lo ha dejado inutilizable.
Esta es la cruda realidad que asumen con resignación los operativos policiales encargados de investigar y perseguir a las bandas criminales. Los agentes confirman a Vozpópuli que la ausencia de un lugar para depositar los vehículos les obliga a esta situación sin que nadie se haga responsable. Consideran que su función es desarticular organizaciones de delincuentes, pero recuerdan que la custodia de los efectos intervenidos depende del Juzgado, que se desentiende de los mismos al no tener un espacio físico en el que almacenarlos.
Las fuentes consultadas añaden que la situación ha empeorado en los últimos tiempos desde que los depósitos municipales de Mediodía dejaron de asumir la custodia de estos vehículos pese a las autorizaciones judiciales. Además recuerdan que el mero hecho de moverlos de sitio, aunque sea para que no se deterioren, supone un riesgo porque en caso de golpe o accidente no está claro quién debe asumir con los costes de una reparación.
Al menos en los alrededores de la comandancia de Tres Cantos se acumulan vehículos intervenidos al ritmo de los lentos procesos judiciales. Están en las inmediaciones de la sede policial, pero lo suficientemente alejados del edificio como para que alguien se los lleve porque no están sujetos a ninguna medida de seguridad, sino aparcados como si fuesen los de un vecino de la zona.
Muchos de ellos están en pésimas condiciones, alguno con la ventana rota y basura en su interior. Las octavillas publicitarias se acumulan en los parabrisas de otro. Algunos llevan tanto tiempo abonados en el mismo lugar que han perdido hasta el precinto policial que les identifica como un coche intervenido. Otros se sabe que algún día sirvieron para algo ilícito porque el indicativo de la Guardia Civil se resiste a duras penas a desprenderse de la placa.
Otros mantienen en el salpicadero un folio en el que se precisa la unidad que realizó las detenciones y la operación a la que corresponde. Varios de ellos, por ejemplo, fueron intervenidos en la operación Airbag II realizada hace casi un año contra una banda especializado en el robo y venta fraudulenta de vehículos de alta gama por todo el territorio nacional. Fue una operación conjunta de la Guardia Civil y la Policía Nacional, que se saldó con 22 detenidos de diferentes nacionalidades.
Cualquiera que quiera dar un paseo por el barrio se puede encontrar con toda una gama de vehículos. Un Citroën Xsara, un BMW, Renault Laguna, un Seat Toledo… Precisamente la Guardia Civil pidió recientemente al juez del caso Lezo poder disponer de varios coches incautados a los investigados, entre ellos varios del clan de Ignacio González. Alegaban que su flota estaba en una "situación preocupante" debido a la "excesiva antigüedad" y "escasa renovación". La Audiencia Nacional les denegó la petición.
El estado de deterioro de estos coches va en detrimento del Estado ya que, si no pueden ser usados por los operativos, es habitual que se proceda a la venta anticipada de los vehículos, precisamente para evitar que pierdan valor. Si el proceso judicial concluye con una sentencia absolutoria para los acusados, el dinero retorna a su bolsillo. En caso de ser condenados, el dinero va a parar a las arcas públicas.
En el año 2015, el presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, anunció desde la sede del Ministerio de Justicia la puesta en marcha de la Oficina de Recuperación y Gestión de Activos (ORGA). Se trataba de una iniciativa de apoyo al Gobierno en la lucha contra la criminalidad organizada y los grandes delitos económicos, entre los que se encuentra la corrupción, para localizar y gestionar los bienes procedentes del delito y la reversión de las ganancias obtenidas de forma ilícita en proyectos de ayuda a las víctimas y de lucha contra el crimen.
Este viernes el ministro Rafael Catalá compareció en rueda de prensa para celebrar que desde entonces el Estado ha ingresado 19 millones de euros por bienes incautados a delincuentes, entre ellos coches de alta gama. Pero al mismo tiempo, el ministro anunció que ha aprobado un real decreto que modificará algunos aspectos de la normativa para mejorar la gestión de estos activos incautados.
