El Govern y el sector del comercio de Cataluña llevarán este lunes al Parlament un gran pacto social y sectorial, la 'Declaración del comercio catalán en defensa del modelo propio del país', con el objetivo de mantener el modelo comercial catalán ante la liberalización que plantea el Estado.
A la reunión, que se celebrará a las 13.00 horas, asistirá la presidenta del Parlament, Núria de Gispert; el conseller de Empresa y Empleo de la Generalitat, Felip Puig, y representantes de las principales asociaciones de comerciantes, sindicatos, entidades municipalistas y operadores.
La declaración se gestó el 26 de noviembre, cuando el conseller Puig se reunió con las organizaciones patronales y sindicales de comercio para plantear una respuesta política y jurídica conjunta a lo que consideran una "ofensiva legal" del Estado contra el modelo catalán.
El Gobierno interpuso un recurso que fue admitido por el Tribunal Constitucional contra algunos artículos de la ley catalana por fijar un régimen más restrictivo que el recogido en la normativa básica estatal
El Consejo de Ministros acordó interponer a finales de noviembre un recurso de inconstitucionalidad contra algunos artículos de la ley catalana de horarios comerciales por establecer un régimen más restrictivo para la libertad comercial que el contemplado en la normativa básica estatal. Ahora, el objetivo del Govern, que considera el recurso un nuevo ataque al autogobierno, es impulsar un gran pacto social y sectorial para mantener un modelo comercial catalán con la propia legislación de Cataluña.
Al acuerdo está consensuado con la Confederación de Comercio de Cataluña, Cat-dis, Comertia, Cedac, Anceco y los sindicatos CC.OO. y UGT, entre otras organizaciones, mientras que la Asociación Nacional de Grandes Empresas Distribuidoras (Anged), que también asistió a la reunión, sigue analizando la propuesta y, por tanto, aún no ha decidido si la apoya o no, según han explicado a Europa Press fuentes de Anged.
Después de que el Tribunal Constitucional (TC) admitiera a trámite la semana pasada el recurso del Gobierno sobre los horarios comerciales, la normativa catalana ha quedado suspendida.
El conseller Puig ha asegurado que el Govern realizará "una radiografía con voluntad estadística" pero sin multas -para no crear inseguridad jurídica- sobre la evolución del sistema comercial catalán después de que el TC haya suspendido la ley catalana, lo que permite ampliar la liberalización que contempla la norma estatal.
En declaraciones a Europa Press, el secretario general de la Confederación de Comercio de Cataluña, Miquel Àngel Fraile, ha asegurado que la gran mayoría de los negocios catalanes siguen respetando la legislación de Cataluña, excepto algunos situados en las calles turísticas por excelencia de Barcelona, como Las Ramblas o Portal del Ángel: "No hay ningún tipo de confusión en el sector, e incluso las grandes superficies están respetando la normativa catalana".
Argumentos del Estado
El Gobierno central expone que el máximo de 72 horas de apertura comercial a la semana que contempla la ley catalana contraviene la regulación estatal que establece que la limitación máxima tiene que ser de un mínimo de 90.
El Estado considera que la ley catalana no respeta los horarios máximos de apertura ni los criterios para la consideración de municipio turístico ni la regulación de la venta en rebajas
Además, la Generalitat excluye del horario comercial general a los establecimientos comerciales de venta personalizada o en régimen de autoservicio siempre que la superficie de exposición y venta de éstos no supere los 150 metros cuadrados, mientras que la ley estatal da plena libertad horaria a los que tengan una superficie inferior a los 300 metros cuadrados.
Añade que los criterios para la consideración de municipio turístico que establece la normativa autonómica no cumplen los mínimos que reconoce la normativa básica sobre zonas de gran afluencia turística, y los periodos estacionales para la venta en rebajas que dispone la Generalitat "tampoco respetan la regulación básica, que establece la libertad de los comerciantes para determinar tanto los periodos en los que se efectuará la venta en rebajas como su duración".
