La Comisión de Ética Judicial (organismo independiente de los órganos de gobierno del Poder Judicial) ha validado que los jueces participen en concentraciones contra la amnistía si consideran que está en peligro el Estado de Derecho y la independencia judicial. El órgano, que ha analizado el encaje ético de la participación de la carrera judicial en esta protestas, determina que la decisión la debe tomar cada togado de manera individual.
El dictamen establece que la asistencia a manifestaciones como las celebradas a mediados de noviembre contra la futura ley de amnistía y el acuerdo de investidura del PSOE con socios independentistas, "se ajusta a los principios de ética judicial". Eso sí, siempre y cuando se dé la condición de que existe en el juez o jueza "un honesto, meditado y sincero convencimiento" de que la actuación objeto de repulsa pueda afectar al Estado de Derecho.
Protestas de los jueces contra la amnistía
Se trata de un criterio que choca con lo mantenido por el presidente en funciones del CGPJ, Vicente Guilarte, quien en los últimos meses ha pedido también a los jueces respeto por las decisiones políticas. En concreto durante su participación en un acto del Observatorio contra la Violencia de Género en diciembre, Guilarte dijo que la independencia judicial era bidireccional. "No a las injerencias suyas en lo nuestro, pero tampoco a las nuestras en lo suyo", apostilló.
Con todo, la Comisión Ética Judicial discrepa de Guilarte y considera que las protestas silenciosas en las que participaron los jueces tras las primeras acusaciones de 'lawfare' sí tienen cabida. Los togados tienen reconocido el derecho constitucional de manifestación, pero su ejercicio está limitado por las especiales exigencias de su cargo.
Sin embargo, estas exigencias no impiden que se manifiesten contra la amnistía si se cumple la condición expuesta. Ahora bien, la Comisión enfatiza en que corresponde a cada juez, de forma individual, valorar su participación en estas protestas de acuerdo con los principios éticos. En este análisis cada uno debe tener en cuenta que la naturaleza “bifronte” del juez (su condición simultánea como ciudadano privado y como servidor público) le obliga a actuar con "prudencia y moderación".
Sin sesgo político
"El caso concreto sometido a examen de la Comisión se refiere a una concentración en la que todos los asistentes eran jueces, por lo que no puede hablarse de manifestación en sentido estricto, y cuyo objeto era mostrar la repulsa a unos puntos de un acuerdo político. Dicha concentración se desarrolló en silencio, portando algunos la toga, ante las sedes judiciales y en una concreta coyuntura política (la negociación para la formación de gobierno)", reza el dictamen.
Con todo, la Comisión pide a los jueces que tomen la decisión en función del peligro que puede suponer la norma contra la que protestan para el Estado de derecho y no por motivos ideológicos. "(Debe) decidir si su asistencia a la reunión está motivada por el cumplimiento de su deber ético de mostrar su reprobación a actos que, según su criterio, pudiesen atentar contra el Estado de Derecho o si, por el contrario, su decisión se deja llevar por su propia y personal sintonía o antipatía con una ideología política, sea del signo que sea", indica.
