La Comisión Islámica de Melilla (CIM) ha cifrado en unas 2.000 personas los extranjeros marroquíes residentes en la ciudad que tienen derecho a ser documentados por arraigo, al vivir en Melilla durante más de tres años, tal y como ha explicado a Europa Press el portavoz de la entidad, Abdeluab Mehamed Maanan.
El también vocal de la nueva ejecutiva y coordinador del área documental ha detallado que "de estas 2.000, mil personas contarían con vínculos familiares tanto de primer grado como de segundo y 400 con vínculos profesionales con documentación caducada, así como 200 niños escolarizados sin papeles".
Abdeluab Mehamed Maanan ha asegurado que la federación religiosa musulmana ha puesto el caso en manos de un equipo de abogados contratado en Madrid para que se cumpla el Real Decreto 557/2011, de 20 de abril, reglamento sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social, que en su artículo 124 recoge la "autorización de residencia temporal por razones de arraigo".
La situación de estos extranjeros ha llevado a la CIM a movilizarse con una asamblea y posterior marcha este domingo 5 de diciembre, a la que acudieron cientos de personas y que concluyó ante la Delegación del Gobierno, donde leyeron un manifiesto que no pudieron entregar a su titular, Sabrina Moh, ni a ningún otro funcionario de la entidad gubernamental.
Exigencias de la Comisión Islámica
"Es una falta de respeto y de consideración, primero a las personas que estaban ahí reunidas y segundo, como institución no ha tenido la deferencia de tener la mínima cortesía, porque lo único que ha pretendido es hacer que la justicia y el derecho tengan un cauce de expresión", ha remarcado el portavoz de la CIM.
En su manifiesto, la CIM ha expuesto cinco exigencias: la paralización de todos los expedientes de expulsión; garantizar la educación en los centros de enseñanza de los menores indocumentados; que se aplique la legalidad vigente en materia de regulación documental en igualdad de condiciones al resto de la geografía nacional; que se garantice la libertad y el ejercicio de culto regularizando a los imames en aplicación del Acuerdo de Cooperación del Estado con las confesiones; y buscar una vía de solución que garantice los derechos de los trabajadores transfronterizos, en igualdad de condiciones al resto de los trabajadores amparados por el Estatuto de los Trabajadores.
