Trabajadores de Torrevieja Salud han acusado al Gobierno que preside Ximo Puig y, en concreto, a la Consejería de Sanidad de “maltratar” y “engañar” a estos empleados por impugnar su convenio colectivo.
La Consejería de Sanidad ha impugnado el III Convenio Colectivo de Torrevieja Salud que afecta a más de 1.000 profesionales que trabajan en el hospital y centros de salud, firmado por la mayoría del Comité de Empresa en junio de 2020, año y medio antes de la reversión del Hospital.
Un convenio registrado y publicado en el BOP a mediados de septiembre de ese año, que ha sido aplicado desde entonces en todos sus términos y condiciones, que persigue garantizar una tasa de contratos indefinidos del 93% sobre la plantilla estructural del hospital. y que ha sido impugnado por el departamento de dirige Miguel Mínguez por considerarlo lesivo para sus intereses.
Una impugnación que se presentó el 17 de diciembre de 2021, solo dos días después de mantener la primera reunión con la Comisión Negociadora del nuevo convenio para actualizar las condiciones laborales y del que no se había informado hasta la semana pasada, al conocerse que la denuncia había sido admitida a trámite.
La Consejería de Sanidad ha impugnado el III Convenio Colectivo de Torrevieja Salud que afecta a más de 1.000 profesionales que trabajan en el hospital y centros de salud
La decisión del Gobierno de Ximo Puig ha sorprendido y causado gran malestar entre los profesionales sanitarios, que se sienten “engañados, menospreciados y frustrados por el continuo maltrato al que están siendo sometidos por parte de la Generalitat Valenciana, con la que en su día colaboraron, confiando en sus palabras, para que se produjese una reversión ordenada”.
La decisión de la Consejería de Sanidad valenciana se produce en pleno conflicto sanitario a nivel nacional con la convocatoria de movilizaciones en muchas comunidades para protestar por la gestión de la sanidad pública, como ha ocurrido en Madrid, aunque el Gobierno de esa autonomía sostiene que ha puesto en marcha actuaciones para hacer desaparecer el concepto de eventualidad de la sanidad pública madrileña con el compromiso de contar como fijo con el 86% del personal del Sermas. Asegura que la eventualidad se situaría en el 14% en 2024, frente al 45% de 2019, cuando Isabel Díaz Ayuso llegó a la Presidencia de la comunidad y sostiene que en 2022 adquirieron la condición de personal fijo de la sanidad un total de 10.000 profesionales y que entre 2023 y 2024 se sumarán otras 22.390 plazas fijas.
