La Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) recibió 453 denuncias en el año 2022, lo que suponen 94 más que en el ejercicio de 2021. Los datos los ha ofrecido el director de la Agencia, Joan Llinares, que ha presentado hoy la memoria anual ante las Cortes Valencianas y ha cifrado en 5,6 millones de euros la cantidad de dinero que han instado a recuperar.
La mayoría de las denuncias fueron anónimas, casi un 60%, y fueron dirigidas principalmente a las Administraciones locales, en concreto, a conflictos con los procesos de selección que ha calificado como "una de las peores corrupciones".
29 denunciantes protegidos
El 79% de las personas protegidas por la Agencia lo son con respecto a las entidades de la Administración local. Un total de 29 han sido los estatutos de protección concedidos por la AVAF –13 en Alicante, 9 en Valencia, 3 en Castellón y 4 en el conjunto de la Comunidad Valenciana–.
Respecto a las "administraciones incumplidoras", que no han atendido las recomendaciones de la agencia después de que ésta finalizara sus expedientes de seguimiento, se han triplicado respecto a 2021 y han pasado de 5 en ese ejercicio a un total de 14 en 2022.
Llinares ha destacado que esas instituciones son la Generalitat; las Diputaciones de Alicante y Valencia; el IVAM, el Patronato de Turismo Costa Blanca y los ayuntamientos de Valencia, Benidorm, Torrevieja, Tous, Alcoy, Gavarda, San Antonio de Benagéber y una entidad del Ayuntamiento de Paterna.
Capítulo aparte ha tenido para el consistorio de Benidorm al que ha reprochado su "actitud claramente beligerante y ofensiva". Estas administraciones, ha explicado Llinares, tienen una actitud de "no bajarse del burro" en la irregularidad señalada, aunque normalmente no vuelven a incurrir en ella ante el temor de cometer una prevaricación, por lo que ha mostrado un "50% de satisfacción".
Además, la Agencia ha participado como perito judicial en 19 procedimientos; ha detectado y bloqueado 19.000 ataques de ciberseguridad, tres veces más que en 2021, y ha ofrecido formación a 4.382 personas. De ellas, 1.057 son estudiantes de bachillerato, institutos y universidades.
Por tipología de la denuncia, el 44% de las denuncias de 2022 (201) hacen referencia a la gestión de recursos humanos, en concreto, a procesos de selección. "Regalar un sueldo para toda la vida a una persona que no reúne las condiciones que la Constitución recoge de mérito y capacidad, es una de las peores corrupciones que puede haber", ha remarcado Llinares: "Es un incumplimiento de la Constitución este tipo de práctica corrupta que no tiene responsabilidad penal".
