La festividad de todos los valencianos llega este año con un motivo más de celebración como es la conmemoración de los cuarenta años de la aprobación del Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana. en 1982. La fecha exacta de aprobación fue el pasado 1 de junio y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, convocó un acto de celebración del aniversario de la norma institucional básica de la región.
La controversia se impuso a la conmemoración porque la elección del lema "Fent País" (Haciendo País) soliviantó a los grupos de la oposición (PP, Vox y Ciudadanos) que no se sienten representados por esa denominación de la Comunidad Valenciana y no acudieron al acto. El preámbulo del Estatuto recoge dos denominaciones no oficiales en atención a sus antecedentes. La primera es la de Reino de Valencia, la histórica; y la segunda es la de País Valencia, que fue la expresión moderna tras la dictadura y el paso al Estado de las Autonomías que adoptó la izquierda pero que, como Reino de Valencia, no son las normativas. La oficial es Comunidad Valenciana.
Esa separación a la hora de entender el sentimiento valencianista no ha cesado durante estas décadas y los partidos políticos la han ido heredando bajo varias denominaciones. Sobre esa percepción de la realidad valenciana gravita una parte que condiciona cada proceso electoral, aunque perdiendo fuerza en favor de otros condicionantes como la economía, las nuevas tecnologías, la seguridad o el medioambiente que enraízan más en los votantes actuales.
El Estatuto ha sufrido algunas reformas como la que permitió disolver las Cortes Valencianas y, por lo tanto, diferir el proceso electoral autonómico del resto de territorios y de las elecciones municipales a las que estaba unido en su creación. También la asunción de nuevas competencias y la ampliación de alguna otra, han ido incorporándose como disposiciones adicionales.
La última fue la denominada cláusula Camps –en referencia al presidente que la impulsó, Francisco Camps– y que en 2019 vio luz verde en las Cortes Generales y que autoriza que las inversiones del Estado en la Comunidad Valenciana deberán ser equivalentes al peso demográfico de la región. Es una circunstancia que muy pocas veces se ha cumplido.
Infrafinanciación endémica
Esta infrafinanciación endémica que sufren los valencianos y la reclamación de la aplicación de algunas prácticas consuetudinarias del Derecho Civil Valenciano, forman parte de las reivindicaciones pendientes de conseguir y que en cuarenta años no se han podido cristalizar. La Ley del Régimen Económico Matrimonial valenciano, la Ley de Uniones de Hecho, la de Relaciones Familiares de hijos e hijas cuyos progenitores no conviven, son algunas de esas leyes desarrolladas en su momento por el Consell y que el Constitucional dejó sin efecto.
Hay consenso entre todos los partidos valencianos para recuperarlas pero esta legislatura parece que será difícil recuperarlas en las Cortes Generales donde el acuerdo de partidos a nivel autonómico se diluye con los mismos partidos a nivel nacional cada vez que se propone rubricarlo.
El futuro de convivencia compartida entre valencianos, casellonenses y alicantinos que contiene el espíritu del Estatuto recoge también logros del pasado como poder ejercer, desde la Generalitat, competencias exclusivas en las materias con el estado del bienestar, medioambiente, vertebración del territorio, turismo, empleo, industria o nuevas tecnologías.
La gran incógnita sobre el desarrollo del Estatuto de Autonomía está en saber qué tipo de planteamientos políticos se instalarán con fuerza en los próximos años. Algunos, como el de Vox, plantean una recentralización que va en sentido opuesto a la evolución del Estado de las Autonomías en las últimas cuatro décadas, al igual que algunos postulados de Ciudadanos.
