La información suministrada por la Fiscalía Anticorrupción en el caso Koldo sitúa a 46 empresas como adjudicatarias de contratos la Generalitat Valenciana que entonces presidía Ximo Puig. El sumario analiza las mordidas de la trama en la que estaba el exasesor del ministro de Transportes José Luis Ábalos en diferentes contratos públicos por la compra de mascarillas.

Las empresas que aparecen en la instrucción de la causa que dirige el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, son un total de 75. De ellas, 46 han tenido contratos con la Administración autonómica valenciana, según ha podido comprobar Vozpópuli.

El principal análisis del instructor se centra en los contratos obtenidos por empresas de la trama de Koldo García y de la que formaban también parte fundamental el empresario Juan Carlos Cueto y el también empresario y presidente del Zamora CF, Víctor de Aldama.

54 millones de euros

La empresa Comercial Cueto 92 estaba detrás de Soluciones de Gestión y Apoyo a las Empresas SL que es la firma investigada en sus adjudicaciones en diferentes administraciones públicas estatales y autonómicas como los ministerios de Transportes, Interior y Sanidad y los gobiernos balear y canario.

Obtuvieron contratos por valor de casi 54 millones de euros en plena pandemia pero esta empresa no tuvo relación con la Generalitat que presidía Ximo Puig en la compra de mascarillas.

Sin embargo, las 46 empresas citadas anteriormente y que figuran en el sumario, sí que contrataron durante la época de la pandemia de COVID 19 y habrá que esperar a que avancen las investigaciones para determinar si alguna de ellas tiene una responsabilidad similar en el proceder turbio que se achaca a la firma de Koldo García.

Entre 2019 y 2021

Los contratos de la Generalitat con estas 46 empresas se realizaron fundamentalmente entre 2019 y 2021, aunque algunas de ellas siguen siendo adjudicatarias a día de hoy con la Administración pública valenciana.

Las empresas radicadas en la capital de España son las más numerosas de los lotes adjudicados por el Consell con un total de 8 firmas beneficiadas. Hay compañías que también recibieron contratos y que son de municipios madrileños como es el caso de Alcobendas (donde figuran 2 empresas), así como Rivas Vaciamadrid, Ajalvir, San Sebastián de los Reyes, Móstoles, Leganés, San Fernando de Henares, Getafe y Tres Cantos (con una en cada uno de ellos).

En Barcelona también figuran en este listado dos entidades adjudicatarias, así como una en municipios de la provincia como Molins de Rei, Manresa, Badalona, Llinars del Vallès, L'Hospitalet de Llobregat y Sant Cugat del Vallés.

Firmas de España y Portugal

Otra empresa adjudicataria es de la ciudad de Gijón, al igual que figuran dos en la provincia Vizcaya (Amorebieta y Loiu) y otra más en Guipúzcoa (Hernani).

Galicia es otra de las autonomías con adjudicaciones registradas como es el caso de una empresa radicada en Nigrán (Pontevedra) y otra en Santiago de Compostela (La Coruña).

En Andalucía hay corporaciones que resultaron beneficiadas en plena pandemia con en el encargo de la Generalitat. Dos de esas empresas figuran en la ciudad de Sevilla y otra en Santa Fe (Granada).

Otra firma del listado es de la ciudad de Zaragoza, en Murcia figuran otras dos en Jumilla y Molina del Segura y otra más en Cabanillas del Campo (Guadalajara).

La Comunidad Valenciana tiene a cinco empresas beneficiarias de esos contratos. Tres de ellos en compañías de la ciudad de Valencia, otra en la localidad valenciana de Paterna y la última en la ciudad de Alicante.

La única empresa del exterior que se recoge por la Fiscalía Anticorrupción en su información incorporada a la causa tiene su sede en Lisboa, capital portuguesa.

Todo tipo de material

En los contratos que se recogen entre las firmas analizadas en la causa figura un acuerdo marco para el suministro de material de protección personal para la post-emergencia COVID 19 y posibles rebrotes que fue licitado y adjudicado en función de precios unitarios.

El material suministrado fue variado. Mascarillas tipo I, FFP2, FFP3 (con válvula y sin válvula), trajes buzo desechables para el personal sanitario, pantallas de protección facial, batas, guantes, termómetros, respiradores o reactivos para las pruebas de detección del COVID, así como jeringas, agujas, catéteres periféricos o lancetas.

Las Consellerias que adjudicaron esos contratos fueron fundamentalmente la de Sanidad –que suministró material de protección para los centros de salud y los hospitales– y también la de Educación (con materiales para el IVAJ y centros educativos).

Fondos europeos

Entre los contratos de estas 46 empresas también figuran algunos con ayudas de fondos europeos. Hay que recordar que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el caso Koldo, Ismael Moreno, ha remitido documentación del asunto a la Fiscalía Europea por el posible fraude que se cometió en aquellas contrataciones que utilizaban recursos aprobados por el Parlamento y la Comisión europea.
Hay que recordar que el Gobierno valenciano que presidía Ximo Puig no se sumó a la compra centralizada por el Gobierno de material de protección frente al COVID 19 y que tenía por objeto agilizar el acceso a los suministros sin que se tuvieran que iniciar procesos de licitación cada vez.

• Tags
• Caso Koldo
• Fiscalía Anticorrupción
• Generalitat Valenciana
• Mascarillas