La juez sustituta del Juzgado de Instrucción 13 de Valencia ha levantado el secreto de sumario sobre la pieza del caso 'Azud' que afecta a una posible financiación irregular del PSPV. Esta pieza separada, es una de las siete que el juzgado está instruyendo para investigar una serie de 'mordidas' a cambio de adjudicaciones públicas.
El levantamiento del secreto de sumario ha permitido conocer que la juez está investigando a un total de 9 personas en esta pieza que analiza si hubo amaño en alguna de las adjudicaciones de las obras de los cinco tramos del trasvase Júcar-Vinalopó. El detonante de esta pieza fueron los papeles encontrados en la casa del exresponsable de Finanzas del PSPV, Pepe Cataluña, que es uno de los 9 investigados, y en los que se detallaban comisiones de hasta el 6% recibidas por parte de algunas empresas que los socialistas valencianos, presuntamente, habrían utilizado para financiar las campañas electorales de 2006 y 2007.
Cinco delitos
La pieza número 7, que ahora se conoce, investiga si se cometieron delitos de tráfico de influencias, prevaricación, cohecho, falsedad documental y fraude en la contratación. Junto a Cataluña, también figura como investigado el exresponsable de los servicios jurídicos de la empresa pública Divalterra (ya extinta y cuya gestión dio origen a otro caso de presunta corrupción: 'Alquería), José Luis Vera; así como el empresario, Jaime Febrer, considerado como la piedra angular de la trama.
El expresidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues; el exconsejero delegado de la empresa pública estatal Aguas del Júcar, José María Marugán; y el director regional de Acciona en el área de Levante, Juan José Fernández están igualmente investigados por la juez sustituta.
La 'nómina' de investigados la completan tres empresarios. El constructor Francisco Antonio Gigante; el también presidente de Construcciones Luján, Javier Luján y el presidente de la empresa del Ciclo Integral del Agua en Castellón (Facsa), Enrique Gimeno.
La financiación irregular PSPV no podrá ser investigada porque en las fechas en las que sucedieron los hechos no estaba tipificada en el Código Penal y no se incorporó hasta el año 2015; del mismo modo que el delito electoral estaría prescrito al haber pasado más de 10 años. Cuestión distinta es que de los papeles intervenidos y de las declaraciones que se producirán en los próximos meses se pudiera concluir que esa mecánica se extendió en el tiempo. Si no, el cohecho sería la vía más factible a la hora de perseguir unos hechos que han sacudido al PSPV por representar un pasado no muy lejano y con actores de primer orden en la vida interna del partido en aquella década.
