La venta de las acciones del Valencia CF a Peter Lim está en el aire y a expensas de lo que determine el juzgado de Primera instancia número 1 de Valencia después de la celebración del juicio esta mañana en la Ciudad de la Justicia de la capital del Turia. El titular del juzgado, Juan Luis de la Rúa, deberá decidir si atiende la petición o no de nulidad del demandante (un accionista del club) a quien representa el despacho de abogados de Jaime Navarro.

La demanda solicita que se anule la compra por parte de la empresa Peter Lim (Meriton Holdings) de las acciones mayoritarias que estaban en posesión de la Fundación del Valencia CF. El abogado ha recordado que "esta transacción –que se completó a lo largo de 2014– incumplió la Ley de Transparencia y varios artículos del Código de comercio". Además, se incumplieron los compromisos que se presentaron en la propuesta inicial que fue la que valoraron los patronos de la Fundación del Valencia CF y que luego no se plasmaron en el contrato de compraventa entre el banco y el magnate singapurense.

Varias causas de nulidad

Navarro, a la salida del juzgado ha explicado que "las causas de nulidad que he enumerado son muy ciertas y no se ha contestado a ninguna". Entre las cuestiones que el abogado ha citado destaca el hecho de que los representantes legales del Valencia no han explicado dónde está el contrato privado de compraventa ni los 12 anexos que explicarían ese contrato. Igualmente hay acciones de las que Meriton reconoce que no tiene el título de propiedad.

En base a eso y, también a que no debería haber podido comprar las acciones una empresa como Meriton Holdings que no tiene razón social y cuyo NIF no está en España ni en Singapur sino en un paraíso fiscal como es Hong Kong, el letrado de la parte demandante entiende que el juez debe tomar nota y actuar en consecuencia.

No se debería haber vendido

Los testigos presentados por la parte demandante han sido los patronos de la Fundación del Valencia CF que actuaban en ese órgano en representación del Ayuntamiento de Valencia, la Diputación y la propia Generalitat: Cristóbal Grau, Miguel Bailach y Mateo Castellá, respectivamente. Los tres han coincidido básicamente en que el Valencia no debería haberse vendido en esas condiciones.

Castellá ha explicado a Vozpópuli que "la oferta que recibimos en mayo de 2014 por parte de Meriton Holdings no se concretó después a la hora de plasmar los contratos de compraventa en los que ya no participaron los patronos". Entiende que el "espíritu" inicial y los compromiso de la oferta de Lim eran tener un club puntero en lo deportivo, solucionar la crisis económica por la que atravesaba el club y finalizar la construcción del nuevo estadio.

Esos tres pilares "evidentemente" se han incumplido sistemáticamente "así como otros 20 puntos sobre los que se asentaba el acuerdo entre Generalitat, Bankia (actual CaixaBank), la Fundación y el Valencia CF. Castellá votó a favor de la venta por la urgencia de la Generalitat de "salir" de la situación por la que avaló 70 millones de euros, de los que ya había pagado 6, y también reconoce la "especial" situación social que rodeó a la venta, en alusión a las presiones de todo tipo que recibieron los patronos para que vendieran a Lim.

Miguel Bailach, por su parte, ha apuntado a este medio que "Meriton en mayo es el que más se acercaba a los compromisos que se pedían para la venta pero la formalización del contrato no se ajustó a ese plan". Para Bailach estaba claro que "había que votar en contra, pese a las presiones, porque no se asumía ningún compromiso por escrito". Este argumento es el mismo que esgrimió Cristóbal Aguado que fue el representante del Ayuntamiento en la Fundación.

Las tres opciones del juez

Ante esta situación el juez tiene tres opciones. La primera sería no atender la demanda, lo que conllevaría un recurso ante la Audiencia Provincial de Valencia y, en última instancia, ante el Tribunal Supremo. La segunda posibilidad es que atienda parcialmente la demanda y se anule el contrato de compra, por lo que Meriton se vería abocado inicialmente (aunque lógicamente también presentaría recurso) a devolver el paquete accionarial adquirido del 72% del capital social del club de Mestalla y la Fundación debería devolver el dinero percibido. La situación se retrotraería al año 2014.

Y la tercera de las opciones sería la esitmación completa de la demanda que, además de anular el contrato de compra, también anulara todos los contratos que vienen derivados del inicial. La atención está ya puesta en la decisión del juez que va a adoptarla en un clima social diametralmente opuesto al que se vivió en 2014. Entonces la presión desarrollada por Amadeo Salvo (presidente del club) y Aurelio Martínez (presidente de la Fundación) motivó una corriente mayoritaria y 'agresiva' en favor de la venta a Lim.

Hoy, 8 años después de aquella venta, la sociedad valenciana está decantada mayoritariamente en favor de hacer lo necesario para revertirla, como se ha demostrado en diversas manifestaciones multitudinarias contra el magnate singapurense por su pésima gestión económica, deportiva y social del club.