El Grupo Popular en las Cortes Valencianas ha solicitado al Gobierno valenciano que preside Ximo Puig toda la documentación relativa a la dimisión y posterior cese de Mónica Oltra que tuvo lugar el pasado mes de junio. Este trámite está siendo objeto de controversia política y, veremos si judicial, por la prestación de desempleo que está cobrando la exvicepresidenta autonómica valenciana pese a que ella siempre ha afirmado que dejó voluntariamente sus responsabilidades en la Generalitat.

La portavoz adjunta de los populares en la Cámara autonómica, Elena Bastidas, ha solicitado al Ejecutivo autonómico en nombre de su grupo parlamentario "la copia íntegra de toda la documentación" en relación a la dimisión y posterior cese de Mónica Oltra como vicepresidenta de la Generalitat, portavoz y secretaria del Consell, así como consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas.

Esta petición de documentación acota el 'rastreo' de la posible carta de dimisión que Oltra presentó en el momento de dejar sus diferentes responsabilidades en el Gobierno valenciano. La Conselleria de Presidencia, la de Igualdad y Políticas Inclusivas, y la de Hacienda serían el posible destino de ese documento que, fuentes de la administración autonómica consultadas por Vozpópuli, no descartan que pudiera existir. Hasta la fecha las fuentes consultadas en la Presidencia del Gobierno valenciano han insistido en que no van a hacer ningún tipo de comentarios sobre este asunto y se muestran confiados en que el cese de Oltra 'no tenga ningún recorrido judicial'.

¿Un doble discurso?

La importancia de esos documentos que ahora solicita el PP radica en saber si finalmente tanto Oltra como Puig mantuvieron una versión en público y otra en privado sobre la dimisión de la exlíder nacionalista. Esto es, si pese a dejar el puesto de manera voluntaria, después el documento de cese firmado por Puig no tuvo el tratamiento de ser a petición propia, lo que la habilita para percibir la prestación por desempleo.

Para los inspectores de Trabajo resulta claro que la dimisión no lleva aparejado el derecho a percibir el paro, salvo en los tres supuestos marcados por la ley y a los que Oltra no se podía acoger. A raíz de la información adelantada por Vozpópuli en este sentido, el diputado no adscrito de la Cámara autonómica Vicente Fernández ha pedido en sus redes sociales que la Inspección de Trabajo actúe de oficio.

Fernández presentó la denuncia contra Ximo Puig y Mónica Oltra el pasado lunes ante el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana y aún no ha sido citado para que se ratifique en la misma. El diputado autonómico considera, en la misma línea que lo expresado por los inspectores de trabajo, que Oltra no tendría derecho a percibir el desempleo por su baja voluntaria. Además, entiende que la participación de Puig (como responsable de los nombramientos y ceses de los altos cargos) es imprescindible a la hora de, presuntamente, haber transformado la dimisión de Mónica Oltra en un cese.

La otra alternativa sería que tanto Oltra como Puig hubieran mantenido un discurso público que no se correspondía con la realidad, aunque esta versión deberá ser corroborada por la documentación que ya ha solicitado el PP y que el denunciante tiene previsto realizar en los próximos días.

Oltra mantiene que dimitió

La propia Mónica Oltra, que no ha realizado declaraciones después de la denuncia presentada por Fernández ante el TSJCV, sigue manteniendo que dimitió. Lo hizo el día que dejó el cargo, en la última entrevista televisiva del pasado fin de semana en La Sexta y lo deja meridianamente claro en sus propias redes sociales. Así figura en el tweet que mantiene fijado la exlíder de Compromís y que se puede ver en la imagen inferior.

Lo que está claro es que con independencia de la evolución de este caso, la figura de Oltra incomoda al presidente valenciano en la recta final de esta legislatura. La salida de Oltra el pasado mes de junio y la entrada de Aitana Mas como vicepresidenta parecía haber ayudado a reconducir las tensas relaciones de Compromís y PSPV en el seno del Gobierno valenciano. Esta denuncia ha devuelto una cierta inquietud a Ximo Puig, de nuevo, con la figura de Oltra como causante.