El desenlace del denominado caso Alquería que investiga las irregularidades en el nombramiento de altos cargos en Divalterra está próximo y el expresidente de la Diputación de Valencia Jorge Rodríguez camina sobre el alambre al no haber podido desmontar su defensa las conclusiones de la Fiscalía Anticorrupción, y los testimonios más sólidos a ojos del sistema judicial como son la UDEF y, sobre todo, la IGAE.

Las últimas tres sesiones del juicio están programadas a partir del lunes y, en ellas, presentarán sus conclusiones las defensas de los acusados que aún restan por exponerlas. Nada, sin embargo, parece que vaya a cambiar ya el rumbo de las impresiones que el tribunal que está juzgando este caso ha obtenido de los diferentes testimonios prestados desde el pasado mes de septiembre.

La solidez de la declaración de los denunciantes en las primeras sesiones –donde las defensas de los acusados intentaron sin éxito intervenir en primer lugar– fue indudable. Los dos se reafirmaron en todo lo que ya expusieron durante el periodo de instrucción. Las irregularidades en Divalterra (empresa pública dependiente de la corporación provincial y hoy ya extinguida) fueron evidentes a ojos de ellos y aseguraron que tanto Rodríguez como su equipo de colaboradores más cercano contrataron a personas afines a PSPV y Compromís pese a los informes en contra de realizarlas.

Presiones

También el responsable de los servicios jurídicos, José Luis Vera, abundó en esa óptica de irregularidad manifiesta en las contrataciones y en las 'presiones' para elaborar informes 'ad hoc' que avalaran esas contrataciones que había expuesto con anterioridad alguno de los denunciantes.

La UDEF apuntaló estas tesis y validó el documento encontrado en el despacho de Jorge Rodríguez en el que figuraba el organigrama con los altos cargos contratados y quién era su 'padrino' político. Todos eran afines de PSPV y Compromís y el nombre del alcalde de Valencia, Joan Ribó, se asociaba a una de las contrataciones. Durante las sesiones del juicio también han salido otros nombres de 'padrinos' políticos de los contratados como Joan Lerma, Ximo, Puig o Mónica Oltra estaban entre quienes supuestamente habían recomendado a los que pasaron a ocupar puestos de alta dirección.

La estructura de control político creada al margen del Consejo de Administración de la empresa no ha podido ser defendida como necesaria por ninguna de las partes. Es más, la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) entiende que no se justificaba siquiera por el tamaño de la empresa. Divalterra –con 22 millones de ingresos en 2018– obtuvo la misma clasificación como empresa del Grupo 1, a la altura de la Autoridad Portuaria de Valencia (128 millones de cifra de negocio), AENA (3.518 millones) o la Sociedad Estatal de Correos (1.765 millones).

Discrecionalidad y coste para el erario público

La IGAE entiende que esta clasificación se hizo para poder justificar la contratación de altos directivos con una discrecionalidad que permitió saltarse las bases de la contratación pública que se sustentan en la igualdad, mérito y capacidad, así como en la transparencia. Y, además, defiende en su informe que los contratos no ejercieron nunca funciones de alta dirección en la empresa.

El fiscal ha mantenido su relato sobre la intención de Rodríguez y su equipo de colaboradores de contratar a personas afines a PSPV y Compromís, pese a ser conocedores de los informes que no veían ajustadas a derecho estas contrataciones, y que tuvo un claro perjuicio para las arcas públicas con salarios que supusieron un coste global de 1,1 millón de euros.

Estos argumentos han tratado de ser rebatidos por las defensas de los contratados durante las sesiones del juicio con el objetivo de presentar las acusaciones como una 'cacería política' o refugiándose en algún informe favorable a la contratación, frente a la decena de contrarios. Las defensas los han presentado como meros trabajadores que estaban al margen de las influencias políticas que habrían impulsado sus contrataciones en Divalterra.

Rodríguez 'ajeno' a las contrataciones

Los letrados que defienden al equipo de colaboradores de Rodríguez de la corporación provincial se han centrado en desvincularse de las contrataciones efectuadas entre 2015 y 2018 y han descargado la responsabilidad en el jefe de los servicios jurídicos, José Luis Vera, por su 'inacción'.

Buscan así una vía de escape ante las acusaciones que los sitúan como cooperadores necesarios y conocedores de la situación merced a los correos electrónicos intervenidos entre algunos de ellos y el entonces presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez.

Más complicada parece la coyuntura en la que se encuentra el propio Rodríguez a quien se le acusa de ocultar las contrataciones al Consejo de Administración que presidía y de ocultar los informes contrarios a realizar esos contratos de altos directivos hasta que un consejero se presentó con un notario para reclamarlos.

La defensa de Rodríguez se ha centrado en presentar al expresidente como ajeno a las contrataciones, desconocimiento de las personas contratadas y sin intervención alguna en el procedimiento. Es más, tampoco se considera que su defendido tuviera conocimiento del 'pacto político' para 'enchufar' a altos cargos porque llegó a la empresa cuando éste presuntamente ya se había adoptado. El documento encontrado en su despacho por la UDEF, sin embargo, sugiere que estaba perfectamente al corriente de lo sucedido.

Los Estatutos lo responsabilizan

En contra de la tesis de Rodríguez están los propios estatutos fundacionales de Divalterra que en su artículo 23 señalan como obligación del presidente del Consejo "la alta inspección de todos los servicios de la sociedad, vigilancia del desarrollo en la actividad social y velar por el cumplimiento de los Estatutos y de los acuerdos tomados por el Consejo". Y si algo se ha puesto de manifiesto durante las sesiones del juicio es que Rodríguez no ejerció esa vigilancia e incluso la defensa ha tratado de minusvalorar su papel pese a ser presidente del Consejo.

Y también parece ir en contra de las tesis exhibidas por la defensa el hecho de que la auditoría externa que se comunicó a Jorge Rodríguez explicara que "llama la atención que en el ejercicio de 2015 el personal considerado de Alta Dirección ha pasado de una persona (Gerente) a un total de diez a fecha de cierre, siendo: dos Gerentes y un Director de Servicios Jurídicos, Administración y Transparencia (los tres con poderes acordes a sus funciones) y siete Directores de área, algunas de nueva creación".

El informe de la auditoría externa prosigue asegurando que pese a los nombramientos de altos cargos "no se ha observado un incremento de la actividad ni existen asignaciones presupuestarias algunas de las áreas de nueva creación, teniendo que cargar temporalmente la sociedad sus costes a servicios centrales", lo que demostraría la gratuidad de los nombramientos y el perjuicio económico.

Los argumentos de las defensas

El fino alambre sobre el que camina Jorge Rodríguez y los otros 13 acusados es producto también del intento de sus defensas por generar dudas al respecto de que este tipo de acusaciones, en caso de sentencia condenatoria, deberían acabar con una reprobación en el ámbito administrativo. Sin embargo, hay muchos antecedentes en los que esta cuestión de favoritismo para la contratación de personas afines a partidos políticos desde la Administración desemboca en condenas penales.

Uno de los últimos casos lo encontramos en la ratificación –el pasado mes de mayo por parte del Tribunal Supremo– de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana de condenar a 2 años y medio de prisión a Francisco Huguet y Emilio Máñez por la contratación de este último para ejercer como coordinador de Brigada Forestal, sin que realmente hiciera esa función, en Imelsa (curiosamente la empresa que tuvo la denominación anterior a Divalterra). Es por eso, que los esfuerzos de las defensas que han buscado generar la duda sobre esta disquisición no parece el camino más adecuado.

La otra línea argumental de las defensas se basa en la existencia de informes que no veían tan clara las irregularidades en las contrataciones. Fue el caso del informe del Colegio de Secretarios, Interventores y Tesoreros de Administración Local (Cosital) que durante la intervención de dos de sus miembros en el juicio defendieron en parte el procedimiento de contratación impulsado por Rodríguez. La intervención de los dos miembros de Cosital ha levantado una polémica interna en el citado colegio en cuanto a si su testimonio se produjo a título particular o de la citada asociación, aunque parece claro que a efectos del tribunal su informe fue en nombre de Cosital.

Sentencia antes de las elecciones

La finalización de las sesiones del juicio abrirá un periodo que se estima no será inferior a los tres o cuatro meses para la redacción de la sentencia en la que el tribunal deberá determinar si absuelve o condena a los acusados. En cualquier caso, todo apunta a que la sentencia podría estar lista antes de la celebración de las elecciones municipales a las que Jorge Rodríguez ya ha dicho que se presentará para revalidar su condición de alcalde de Ontinyent.

Incluso con una sentencia condenatoria, Rodríguez ya ha dicho que la recurriría para poder presentarse en su municipio donde gobierna con una holgada mayoría absoluta bajo las siglas de La Vall Ens Uneix después de verse obligado a abandonar el PSPV cuando estalló el caso Alquería y pese a ser uno de los llamados a protagonizar la sucesión de Ximo Puig al frente de los socialistas valencianos.

Las penas a las que se enfrentan Jorge Rodríguez; el que fue su jefe de gabinete, Ricard Gallego; el asesor Manuel Reguart; y los dos exgerentes de Divalterra Agustina Brines (Compromís) y José Ramón Tiller (PSPV) son de un total de ocho años de prisión. Para los siete altos cargos contratados se piden seis años de prisión, y otros tantos para el letrado-asesor de Divalterra, Jorge Cuerda, y el también gerente Xavier Simón.

Las acusaciones son por la comisión de supuestos delitos de prevaricación y malversación en su modalidad continuada, tráfico de influencias y organización criminal, supuestamente materializados en contratos de altos directivos para la empresa pública Divalterra, con un perjuicio estimado de 1,1 millones de euros –cantidad que hace referencia a los salarios de esos altos cargos–.