La expresión de rabia de los valencianos afectados por la DANA el pasado domingo en Paiporta tiene un claro combustible, por lo que no hay que tratar de buscarlo en factores ideológicos: sería simplista. Fue la canalización de la impotencia ciudadana, desacertada por la violencia, pero lógica y comprensible ante la gravedad y angustia de la situación que han vivido y que vivirán durante meses mientras lloran a centenares de muertos.
Si cualquier valenciano echa la vista atrás se acuerda de fenómenos meterológicos extremos como la riada de Valencia de 1957 que anegó las calles y barrios de Valencia, menos los más próximos al origen de la ciudad como la zona de la Catedral, y también la pantanada de Tous el 20 de octubre de 1982.
Respuesta rápida en 1982
Esta última fue el ejemplo de que el Estado puede responder a sus ciudadanos en casos de emergencia. Con menos medios tecnológicos (no existían siquiera los móviles), las personas que vivían en Alzira y que tuvieron que refugiarse durante días al raso en montañas cercanas a la población tuvieron mejor respuesta que los 71 municipios afectados por la DANA del pasado 29 de octubre (42 años después).
Los testimonios de alzireños consultados por Vozpópuli sobre cómo se gestionó la rotura de la presa de Tous y la posterior inundación de su municipio son coincidentes: "hubo una atención casi inmediata". Algunos recuerdan que "el Ejército dejaba palés con agua, ropa y alimentos de primera necesidad en las zonas de refugio por la crecida de las aguas. La gente no se sintió desatendida".
Recuerdan con brillo en los ojos que aquello "era el único consuelo para quien sufre una catástrofe porque sientes que se ocupan de ti. Si pierdes la esperanza es lo peor".
Las autoridades también fueron más diligentes. El entonces presidente de Gobierno, Leopoldo Calvo Sotelo, estuvo en la ciudad al día siguiente, mientras que los Reyes (Juan Carlos y Sofía) estuvieron a los dos días acompañados del ministro de Obras Públicas y por el presidente del gobierno pre-autonómico (el actual presidente de la Generalitat).
Un mensaje estéril
Aquella enseñaza no ha servido de mucho a ojos de quienes ahora han padecido esta gigantesca tragedia en 71 pueblos de la provincia a lo largo de 200 kilómetros de longitud.
La indignación y rabia de los valencianos se empezó a gestar el mismo día de la riada cuando un mensaje de alerta masiva a la población llegó en zonas, como el área metropolitana de Valencia, cuando muchos vecinos tenían el agua por las rodillas, la cintura, o incluso habían perecido dentro de sus vehículos.
El Centro de Coordinación Operativo Integrado (Cecopi) de la Comunidad Valenciana, donde se encuentran organismos de seguridad ciudadana; de previsión y seguimiento meterológico; de expertos en cuencas hidrográficas y caudales; así como las Administriaciones autonómica y nacional, es una dirección única, colegiada y coordinada.
La gestión del día de la riada se enviaron alertas a municipios que minimizaron riesgos al cerrar escuelas pero el brusco empeoramiento de la DANA por la tarde en las zonas del interior de la provincia (Utiel, Requena) desbordó las previsiones de los técnicos –si pensaban que podían caer hasta 250 ó 300 litros–, en varios observatorios se superaron los 660 y 700. No hubo gran precisión porque en estos episodios es difícil de calibrar.
Las alertas la población pasadas las 8 de la tarde no tenían que ver con el desbordamiento del barranco del Poyo, que fue letal para los pueblos del sur de Valencia, sino con un posible desbordamiento y rotura de la presa de Forata. El mensaje en el móvil llegó tarde, sin duda, y las iras se dirigen en ese sentido contra el director de la Emergencia que, pese a ser mancomunada, ocupaba y ocupa, Carlos Mazón.
Manifestación contra Mazón
La discrecionalidad del protocolo cuando hay una alerta roja tampoco ha ayudado. Alcaldes que cierran colegios y otros que no. Empresarios que permiten teletrabajar y otros que no. Incluso ciudadanos que desinformados hacían vida normal en pueblos en los que no llovía sin saber lo que se les venía encima.
Una actuación preventiva de cierre de la actividad y restricción de la movilidad cuando hay alerta roja se percibe entre los vecinos como algo necesario para el futuro. "No puede volver a suceder", dicen.
Es el primer hito para entender la incredulidad de los ciudadanos ante la gestión previa. El presidente valenciano se enfrenta a la primera manifestación para pedir su dimisión el próximo sábado día 9 y las entidades convocantes, de la órbita de la izquierda, auguran que ese movimiento no se detendrá en los próximos meses.
Abandono vergonzoso
La segunda fase para los vecinos afectados les ha llevado a la impotencia y, más importante aún, a la rabia. Decenas de testimonios recogidos por este medio durante la última semana coinciden en describir el escenario de horror que han vivido por el grado de abandono de las Administraciones. Hay un clamor generalizado en señalar al Gobierno, especialmente, en la segunda fase de la tragedia por no decretar el nivel 3 de Emergencia y enviar todos los recursos posibles del Ejército a la mañana siguiente.
En la era de internet y de las redes sociales, la magnitud de los efectos de la riada era fácilmente asimilables y visibles. Montañas de coches de hasta seis metros de altura han bloqueado durante días (4 ó 5 depende de cada municipio) las principales vías de acceso a las localidades, así como de sus calles interiores.
La buena voluntad y la descomunal exhibición de solidaridad del pueblo valenciano yendo con palas y escobas a limpiar calles y casas ha sido encomibale. Su esfuerzo titánico era, sin embargo, improduuctivo ante situaciones propias del cuarto mundo.
La falta de agua, alimentos y ropa dio paso a saqueos donde las escasas fuerzas del orden, como policías locales, hacían la vista gorda porque la gente estaba en grave riesgo de supervivencia.
En esos 4 ó 5 días después de la tragedia los vecinos que han hablado con este medio describen "cadáveres dentro de casa, ya en mal estado, donde había supervivientes", como reconocía el propio alcalde de Alfafar, Juan Ramón Adsuara. Cuerpos sin cubrir en las aceras, vecinos fallecidos dentro de los aparcamientos privados de las casas y la cañida de todos los suministros básicos como luz, agua, gas y telefonía.
Derrumbes y escombros
La falta de bombas de achique ha dejado los sótanos inundados durante días y ahora son incontables los inmuebles que desde Utiel, Chiva o Pedralba y hasta Benetússer, Catarroja o Alfafar, están riesgo de derumbe o deberán ser demolidos al haberse socavado los cimientos.
La maquinaria pesada para despejar las vias de las montañas de coches, muebles y barro tampoco llegaron al día siguiente ni a los dos días, ni al tercero... Sin eso era imposible intentar recuperar una cierta accesibilidad a los pueblos y una vuelta progresiva a una normalidad que tardará meses o años en alcanzarse.
Hoy mismo son todavía miles las calles interiores de la treintena de poblaciones más afectadas que malviven y apenas pueden salir de casa por las montañas de escombros a la par que están en plena alerta sanitaria por posibles infecciones por falta de salubridad en calles y viviendas. Ocho días después de la riada.
Es la realidad que han vivido poblaciones del primer mundo que se han visto sumidas de golpe en una condición de cuarto mundo porque el Estado que debe servir de paraguas en estas situaciones no se ha abierto. No hay vecino que lo digiera.
Sánchez y la burla final
Y en mitad de esa desesperación, llegó la visita de las autoridades a Paiporta. Las críticas a Mazón (que ya había sufrido días anteriores al visitar algunos municipios afectados) dieron paso a la liberación de la rabia contenida contra Pedro Sánchez: con el rey Felipe VI como víctima colateral. La huida del lugar –probablemente lo más acertado desde el punto de vista de la seguridad– dejó a Sánchez marcado a ojos de gran parte de los vecinos afectados que también pedían entre insultos graves su dimisión.
Parecía una burla asistir, como si nada, a uno de los 71 escenarios de guerra de la provincia de Valencia después de la denegación de auxilio más vergonzante.
Los testimonios recogidos por este medio coinciden en que la desprotección inicial por falta de previsión y avisos tardíos dio paso a un abandono que nada tiene que ver con la imprevisión y donse observan mala fe en base a cálculos políticos del coste de la tragedia. "No creemos en un Estado que nos ha fallado cuando más lo necesitábamos", aseguran.
Y ese sentir, manipulaciones al margen, es el real entre los vecinos que viven en una órbita a la que las Administraciones y los diferentes organismos no han querido descender o, sí lo han hecho, ha sido de forma tardía y tangencial.
Las cicatrices ahora son profundas y las Administraciones, tanto la autonómica como la estatal, han aprobado planes con ayudas para los afectados que ayudarán a paliar su dsconsuelo y a servir de arranque en su nueva vida (infinitamente más pobre que la anterior). Los vecinos consultados piden "agilidad" en la tramitación de las ayudas y que al menos en esto, mientras siguen buscando a centenares de desaparecidos "no lleguen tarde y mal".
