El juego de reparto de cromos entre PP y Vox duró muy poco en la Comunidad Valenciana después de las elecciones del 28 de mayo por la pronta aceptación de Carlos Mazón a meter en el Gobierno valenciano a tres representantes de Vox y cederles, también, la Presidencia de las Cortes. Ese acuerdo temprano, criticado en la dirección nacional del PP y al que culpan en parte de los resultados electorales del pasado domingo, ha tenido réplicas en Valencia, Alicante y Castellón.
El 'modelo' Mazón fue imitado el mismo día por el ahora alcalde de Elche, Pablo Ruz, quien no consiguió que el PP fuera la fuerza más votada pero acordó con Vox su entrada en el Gobierno y desplazó a los socialistas de la Alcaldía.
Elche, primer ayuntamiento
Los resultados del 28-M en Elche determinaron que el PSOE tuviera 12 ediles, el PP 11, Vox otros 3, mientras que Compromís obtuvo 1 concejal. Ese acuerdo permitió por segunda vez en la etapa democrática que las formaciones de la derecha valenciana estuvieran al frente del Gobierno municipal tras casi 40 años de dominio de la izquierda.
Tanto Mazón como Ruz han ofrecido áreas a sus compañeros de viaje de Vox de reducida cuantía presupuestaria pero los representantes de esta formación tienen una visibilidad y, sobre todo, capacidad de condicionar el futuro de los gobiernos a lo largo del mandato.
Los que mejor parados salieron de las urnas y no han tenido que pararse a pensar en pactos con la formación de Santiago Abascal fueron los presidente de las diputaciones de Alicante y Castellón, ambos con mayoría absoluta.
Toni Pérez y Marta Barrachina, a 'salvo'
Toni Pérez, alcalde de Benidorm, preside la corporación provincial alicantina con un grupo de 16 diputados del PP frente a los 13 del PSOE, 1 de Compromís y 1 de Vox. Las políticas de los populares saldrán adelante sin cortapisas ni necesidad de condiciones durante toda la legislatura.
En idéntica situación se encuentra Marta Barrachina, al frente de la Diputación de Castellón, donde el PP logró 14 diputados frente a los 10 del PSOE, 2 de Compromís y 1 de Vox. Barrachina, además es presidenta provincial del PP de Castellón y podrá aplicar las políticas emanadas del partido directamente en la Diputación sin tener que pasar por el filtro ideológico de Vox.
Barcala, libertad casi absoluta
En los diferentes niveles de intensidad de estos pactos entre PP y Vox hay uno que es de libertad casi absoluta para el alcalde de Alicante, Luis Barcala. Con 14 concejales, frente a los 8 del PSOE, 2 de Compromís y 1 de Unides per Alacant, supera al bloque de izquierda sin necesidad de recurrir a los 4 concejales de Vox.
Es cierto que no tiene la mayoría absoluta, está a un escaño, pero Vox tendría difícil justificar poner trabas al alcalde con un resultado tan amplio y mucho menos impulsar una moción de censura que debería compartir con PSOE, Compromís y la marca local de Podemos. Por eso, Barcala ha formado un Gobierno local con concejales exclusivamente del PP.
Catalá y Carrasco buscan equilibrios
María José Catalá ha modulado su relación con Vox en el Ayuntamiento de Valencia a quien ha situado como "socio preferente" pero sin competencias dentro del Gobierno municipal que integran sus 13 concejales. Frente a ella, tiene a 9 ediles de Compromís y a 7 del PSOE, por lo que no está tan cómoda como sucede en el Ayuntamiento de Alicante.
Esa amenaza del bloque de la izquierda que la supera en número le obliga a mirar a los 4 representantes de Vox en el hemiciclo municipal, aunque de momento no hay gobierno compartido. Todo indica que Vox no entrará dirigiendo concejalías pero podría, a partir de septiembre, tener alguna atribución en áreas de las macroconsellerias que ha diseñado la alcaldesa.
El Ayuntamiento de Castellón se encuentra en una tesitura muy parecida. Begoña Carrasco con 11 ediles tiene la Alcaldía pero el PP tiene enfrente a los 9 del PSOE y los 3 de Compromís que le superan en escaños.
Carrasco tiene pleno el día 31 y allí decidirá si deja entrar en el Gobierno local a los 4 ediles de Vox o, como Catalá en Valencia, prefiere seguir en solitario y hacer alguna concesión menor más adelante para salvar la legislatura.
El 'sudoku' para Mompó
El caso más atípico de estos pactos de intensidad y trascendencia variable se vive en la Diputación de Valencia donde el presidente del PP, Vicente Mompó, lidera a los 13 diputados provinciales de su grupo. PSOE con 12 diputados y Compromís con 3 le superan.
Aquí la clave la tienen Vox con 2 y Ens Uneix con 1. El partido de Jorge Rodríguez, de carácter comarcal y escindido del PSOE valenciano después de su expulsión, se ha avenido a entrar a gobernar con el PP a cambio de una vicepresidencia primera y varias competencias. Es un máximo rendimiento para su única diputada.
Además, han sacado el compromiso de Carlos Mazón de acabar infraestructuras viarias y hospitalarias en la comarca de la Vall d'Albaida para acceder a un pacto que va contra natura de su procedencia ideológica.
Vox en este caso podría bloquear la legislatura si no apoya al PP en iniciativas que requieren la mayoría absoluta del pleno como es el caso de los Presupuestos. Ens Uneix, sin embargo, no quiere participar en nada con Vox a quien ha vetado en el gobierno provincial y Mompó ha aceptado.
Nadie sabe cómo evolucionará la legislatura pero no es descartable que haya alguna moción de censura o que el portavoz socialista Carlos Fernández Bielsa –a quien Ens Uneix ha privado de ser presidente mientras Ximo Puig siga al frente del PSPV– acabe siendo al final del mandato quien dirija la corporación provincial.
