El PSOE recurrirá la ley de Concordia valenciana a partir del 11 de julio para que la tumbe el TC

El PSOE está convencido de que su recurso a la Ley de Concordia valenciana que se está 'cocinando' esta semana en las Cortes Valencianas saldrá adelante en el Tribunal Constitucional (TC). El escrito del Gobierno de España se registrará en la semana del 11 de julio cuando está previsto que la proposición de ley impulsada por PP y Vox entre en el orden del día de la sesión plenaria de la Cámara autonómica.

Mayoría de control

La actual composición del TC arroja una mayoría progresista de 7 a 4 de sus integrantes, lo que está facilitando que salgan adelante recursos del Gobierno de Pedro Sánchez ante el Constitucional. El último ejemplo es el recurso de inconstitucionalidad del Gobierno contra la Ley Trans y LGTBI de la Comunidad de Madrid, aprobadas en 2023.

La ministra de Igualdad, Ana Redondo, consideraba ayer que la normativa madrileña es "regresiva" al limitar y vulnerar, a su juicio, derechos reconocidos en la legislación estatal.

Las resoluciones del TC en la revisión de los ERE de Andalucía enmendando la plana al Tribunal Supremo o paralizando la derogación de la ley de Memoria Democrática en Aragón anticipa que el recurso contra la ley de Concordia valenciana seguirá el mismo camino.

PSPV y Compromís, en contra

Esta iniciativa de PP y Vox en las Cortes Valencianas se debatirá en comisión mañana y las discrepancias con los dos grupos de la oposición, PSPV y Compromís, son muy amplias. Estas dos formaciones consideran que el texto de a nueva ley pretende "blanquear el franquismo" frente a la interpretación de los impulsores que consideran que "se amplían los derechos de las víctimas de todo tipo de violencia".

El argumentario del PSPV valenciano encabezado por Diana Morant ha sido asumido por el Gobierno de Pedro Sánchez del que ella misma es integrante. Ya hace unas semanas que el Consejo de Ministros aprobó presentar recurso ante el Tribunal Constitucional contra la ley de Concordia.

Ley de Memoria Democrática

La fecha ya se sabe y a partir del 11 de julio el Gobierno activará este recurso contra la ley de Concordia que iniciará una cuenta atrás para la más que previsible orden de que se modifique su texto y se mantenga en los parámetros que rigen la aún vigente ley de Memoria Democrática de la Comunidad Valenciana.

El Gobierno argumenta para la presentación de este recurso que la ley de Concordia "invisibiliza a las víctimas del bando republicano y dificulta el trabajo de las organizaciones memorialistas que trabajan por la verdad para que nadie reescriba la historia blanqueando el franquismo", tal y como expresó recientemente el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres.

Tras el paréntesis que supusieron las elecciones europeas PP y Vox han retomado en las Cortes Valencianas los trabajos para que salga adelante la ley que consideran que es "perfectamente legal", como esta semana defendía el presidente autonómico valenciano, Carlos Mazón.

Derecho internacional

La principal impugnación del Gobierno de España se fundamentará en lo que considera la vulneración de los principios del Derecho Internacional Público en materia de memoria, establecidos por resolución de la Asamblea General de Naciones Unidas el 16 de diciembre de 2005.

Estos principios constituyen un principio general del derecho internacional de las víctimas de graves violaciones de los Derechos Humanos, conformado por el derecho a la verdad, a la localización de las personas desaparecidas o de sus restos mortales y el derecho de reparación.

Invocará, igualmente, los informes de relatores de la ONU instando al Estado a adoptar "todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los Derechos Humanos en materia de preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de los Derechos Humanos".

Este será el primer gran choque constitucional entre el Gobierno de España y el legislativo autonómico valenciano, aunque hay otros conflictos abiertos en materia de gestión hídrica o de financiación que también van a ir avanzando en las distintas instancias judiciales.