La guerra del agua se ha reabierto con crudeza a raíz del recurso presentado ante el Tribunal Supremo por el Gobierno valenciano que preside Ximo Puig al recorte del Tajo-Segura y que ha tenido una respuesta subida de tono en el presidente castellano-manchego, Emiliano García-Page. La cercanía de las elecciones autonómicas y un tema tan sensible para miles de familias en ambos territorios han sido un cóctel de difícil digestión para ambos dirigentes del PSOE.

El anuncio de Ximo Puig el pasado miércoles sobre el recurso contra el recorte de agua trasvasada del Tajo a la cuenca del Segura –por el aumento progresivo del caudal ecológico– sentó muy mal a García-Page, quien ya ese mismo día se despachó a gusto contra su homólogo valenciano.

“Si en el levante español piensan que pueden echar atrás un acuerdo tan de sentido común, tan respetuoso con las sentencias del Supremo, con las directivas europeas y con el cambio climático, nos veremos obligados a exigir el 100% de lo que han dicho los tribunales”, dijo.

Vamos a pedir al Gobierno que no agote el plazo de un año para la reforma de las reglas de explotación del trasvaseEmiliano García-Page

El término 'levante' para hablar de la Comunidad Valenciana es considerado despectivo por una gran mayoría de los habitantes de la región y Puig no es una excepción, por lo que el tono de García-Page ya no gustó en Presidencia de la Generalitat.

Todavía sentó peor el análisis de la situación del presidente castellano-manchego y sus amenazas al afirmar que “vamos a pedir al Gobierno que no agote el plazo de un año para la reforma de las reglas de explotación del trasvase. Éste es el momento, vamos a instar a que antes del verano tengamos las reglas de explotación conforme se ha aprobado”.

Además, García-Page convocaba de urgencia ayer un Consejo de Gobierno en el que aprobaba personarse ante el recurso judicial de la Generalitat y de todos aquellos que se van a presentar en relación a este asunto, como el de la Región de Murcia, la Diputación de Alicante, las comunidades de regantes o la Junta de Andalucía.

Puig ve a Mazón igual que a García-Page

Esa contestación tan contundente en público ha tenido también una pública respuesta de Ximo Puig quien consideraba ayer "curioso" que haya una coincidencia entre las críticas de Emiliano García-Page y el presidente del PP valenciano, Carlos Mazón, al recurso de la Generalitat: "Es simplemente para que se lo hagan ver".

Situar en el mismo plano a su compañero de partido García-Page y a su principal enemigo político en lucha cerrada por conseguir revalidar el Gobierno autonómico da una idea de la magnitud del enconamiento de las posturas.

El presidente de la Generalitat considera que lo único que ha hecho es "defender los intereses de los regantes valencianos" y no entiende que el presidente castellano-manchego "se sienta agredido o interpelado" por el recurso presentado ante el Supremo.

Hay miles de puestos de trabajo en riesgo y un grave problema económico para EspañaXimo Puig

La polémica entre Ximo Puig y Emiliano García-Page ha entrado en una grave espiral y mientras el presidente valenciano defiende que "hay miles de puestos de trabajo en riesgo y un grave problema económico para España", el castellano-manchego asegura que "llevamos 40 años aguantando y ahora los tribunales nos han dado la razón".

Pese al capote lanzado por Puig para bajar los decibelios al asegurar que "no estamos en la política de confrontación", el 'calentón' de García-Page no ha amainado. Y es que, a través de su consejero con responsabilidades en materia de Agua, Francisco Martínez Arroyo, le enviaba otro mensaje a Puig.

"Por primera vez en la planificación hidrológica de España se ha tenido en cuenta el interés de la España interior que no sólo es Castilla-La Mancha sino también el interior de la Región de Murcia, en zonas como Jumilla o Calasparra, y del interior de la Comunidad Valenciana, como los municipios alrededor de la zona de Morella", argumentaba Martínez Arroyo.

El pueblo de Puig

Morella, hay que recordar, es el pueblo natal de Ximo Puig y esta alusión tan personal no ha pasado desapercibida para el presidente autonómico valenciano que no quiere en estos momentos ningún acercamiento con el presidente castellano-manchego.

El Ministerio de Transición Ecológica que encabeza Teresa Ribera trató de que esta nueva regulación del caudal ecológico del Tajo se produjera en 2022 con más tiempo para digerir sus consecuencias en los diferentes territorios. La realidad, sin embargo, es que ha arriesgado mucho al hacerlo prácticamente con la precampaña electoral ya lanzada y a Ximo Puig no le quedaba más salida que la de porfiar en los tribunales.

El PP quiere la vuelta al PHN

El PP valenciano tiene claro, como el PP castellano-manchego, que lo más lógico es "volver al Plan Hidrológico Nacional" que derogó José Luis Rodríguez Zapatero cuando estaba al frente del Gobierno de España y necesitaba los votos de ERC para alcanzar la Presidencia.

Aquel PHN se basaba en la "solidaridad", defienden los dirigentes del PP consultados por Vozpópuli, y tenía una mirada hacia la conexión intercuencas del país vecino, Francia. La España húmeda y la España seca deben estar conectadas para el aprovechamiento de los recursos hídricos generales, según la visión del PP, que apoya Alberto Núñez Feijóo.

La nueva regulación del Gobierno de Pedro Sánchez, sin embargo, parece ahondar en las diferencias entre territorios y las disputas por un bien escaso, tal y como ahora están evidenciando Ximo Puig y Emiliano García-Page.

Los regantes, mientras siguen alertando de que el agua desalada no es una alternativa por el elevado precio que tendrían que pagar y piden que se mantenga el caudal ecológico y los trasvases del Tajo-Segura "mucho más asequibles en precio".

El coste electoral está por ver y, si bien, a Ximo Puig no le viene bien que sea su propio partido el que haya dado el 'tijeretazo' al Tajo-Segura, también consideran en el PSOE valenciano que el principal damnificado será Pedro Sánchez en las elecciones generales de noviembre, ya que Puig aún tiene el parapeto de estar pleiteando contra el decreto gubernamental.