La ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha incumplido su palabra con Carlos Mazón y los derribos en la costa valenciana van a proseguir. El pasado 19 de febrero en la reunión que ambos mantuvieron en la sede del Ministerio en la capital de España se acordó analizar los casos prioritarios pero a la hora de la verdad las demoliciones siguen programadas.
Es el caso de la vivienda situada en el número 52 de la avenida Mare Nostrum de la localidad castellonense de Moncófar que para el Ayuntamiento se encuentra en perfecto estado de conservación y en uso pero que el servicio provincial de Costas ha ordenado derribar.
Siguen las discrepancias
En la citada reunión en el Ministerio sí quedó claro que habría "discrepancias evidentes" entre ambas Administraciones pero se acordó priorizar las inversiones en puntos del litoral valenciano y también constituir un grupo de trabajo para las futuras modificaciones que puedan sufrir tanto la Ley de Costas estatal como la autonómica.
Las fuentes consultadas por Vozpópuli en el Gobierno valenciano aseguran que en el Ministerio que lidera Teresa Ribera "mantienen su postura" y han sacado a consulta pública el reglamento que el Tribunal Supremo tumbó hace unas semanas.
En esa exposición pública sólo se permiten comentarios o aportaciones, no alegaciones, porque no se publica todavía el texto que se pretende aprobar.
Alegaciones y recurso al reglamento
El Gobierno valenciano, pese a ello, usará ese trámite previo para "alegar sobre lo que ya anticipa el Ministerio", según aseguran las mismas fuentes.
El presidente valenciano, Carlos Mazón, ha dado luz verde a la consellera de Medio Ambiente, Agua, Infraestructuras y Territorio, Salomé Pradas, para "alegar o recurrir el reglamento si cuando se conozca el texto del mismo presenta un contenido igual o similar al que anuló el Tribunal Supremo".
Preservar el litoral
El secretario general del PPCV, Juanfran Pérez Llorca, visitó ayer Moncófar en medio de esta disputa de Generalitat y Gobierno sobre las viviendas que pueden ser objeto de derribos en la costa valenciana. Reclamó al Ejecutivo de Pedro Sánchez que "modifique la Ley de Costas porque creemos que preservar el litoral no es destruir ni derribar”.
Acompañado por el alcalde de la localidad castellonense, Wenceslao Alós y por el presidente de la asociación Casetes Grao, Eleuterio Abad, el número dos de Carlos Mazón en el PP autonómico valenciano valoró esta situación como "una situación absolutamente injusta e incluso surrealista".
3.000 viviendas amenazadas
A lo largo del litoral valenciano hay muchos vecinos que están sufriendo la amenaza de derribo de su vivienda. En total son unas 3.000 las casas que están en la misma situación que la citada de Moncófar.
“Hay una serie de actuaciones que están previstas desde 2015 y esas obras permitirían que no tengamos erosión ni problemas en la costa valenciana y al mismo garantizarían la seguridad de las viviendas, que son muy antiguas, algunas de ellas construidas en los años 30 y que también deben ser tratadas como históricas” ha insistido Pérez Llorca.
Espigones
Algunas de esas obras que Mazón solicitó a Ribera agilizar son la construcción de espigones entre Sagunto y Burriana que permitirían recuperar hasta 60 metros de playa en toda esa franja del litoral valenciano y castellonense.
El número dos del PPCV recordó que “el Supremo fue muy claro, tumbó una reforma puesta en marcha por el Gobierno de Sánchez que no contó con la consulta a los ciudadanos, no quiso escuchar a los principales afectados ni la problemática a la que se enfrentan si ese reglamento se aplica, lo que conllevaría al derribo de miles de viviendas y negocios”.
Manifestación el día 30
La lucha de los vecinos de Moncófar para impedir los derribos, que pueden acabar afectando a una docena de casas, tendrá un punto importante en el calendario el próximo día 30 cuando hay convocada una manifestación contra la decisión de Costas de derribar una vivienda.
Ya en la última década esta ciudad costera perdió los hostales Chavarro y El Pinche que han impedido que ningún negocio hotelero haya vuelto a ver la luz con posterioridad en la playa de la localidad.
El enroque de las posturas ha provocado que el Gobierno valenciano siga adelante con el plan aprobado el pasado 10 de noviembre para la elaboración de una ley autonómica que regule los usos en la franja litoral y, por lo tanto, reclamará a Gobierno de España tener esa competencia, al igual que ya se tiene en la ordenación del territorio.
Ley autonómica
Esta normativa permitiría, entre otras, cuestiones, evitar los derribos de "poblados centenarios" a los que el actual Consell quiere dotar de un grado de protección, según asegura Salomé Pradas.
El objetivo es proteger a los propietarios de esos inmuebles que han visto como la regresión de la franja litoral les ha afectado de tal manera que ahora quedan enclavados dentro dominio público marítimo-terrestre.
Las casas afectadas están situadas fundamentalmente en Denia, Burriana, Cabanes y también en Puzol o Bellreguard, entre otras localidades de las tres provincias de la Comunidad Valenciana.
La ley autonómica para regular los usos del litoral verá la luz en los próximos meses después de hablar con todos los municipios involucrados, vecinos, y los colectivos a los que el Gobierno, según el propio Tribunal Supremo, no ha escuchado.
Publio Cornelio
Viniendo del PSOE es normal, lo único que se les da bien es mentir cada vez que abren la boca
DANIROCIO
Sr.mazon No Sea Usted Tan Ingenuo,la Ribera Es Una Prolongacion Del Sanchez Que Todo Lo Que Dice O Promete Se Va Al Garete,no Cumplen Nada De Nada Solo Con Los Que Piensan Como Ellos El Resto No Tenemos Derecho A Nada Este Gobierno Tan Nefasto Es A Lo Que Se Dedica Nada Mas,ademas Intenta Destruir A Las Comunidades Contrarias Al Psanchez Dictando Leyes Como En Las Dictaduras,tiene Odio Al Que Lo Contradice Es Un Maduro Pero Sin Bigote Aunque Se Parece Cada Dia Mas