La aprobación de las Cortes autonómicas de una tasa turística en la Comunidad Valenciana ha generado un debate interno, que ya viene de lejos, entre los socios del Gobierno que preside Ximo Puig. Los socialistas siempre han ido a remolque de esta iniciativa para gravar con un impuesto valenciano las estancias turísticas, mientras que Compromís y Podemos la han impulsado desde el principio.
Finalmente, las Cortes aprobaron ayer este nuevo impuesto (que tendrá carácter de aplicación voluntaria por parte de los ayuntamientos) y contó con los votos a favor de los tres socios de gobierno (PSPV, Compromís y Podemos). Los socialistas se aferran a esa no obligatoriedad en la aplicación para apoyar la medida, aunque no todos piensan lo mismo.
Recaudar de otros caladeros
Es el caso del secretario autonómico de Turismo, el socialista Francesc Colomer, quien ha amagado incluso con la dimisión de su cargo por esta medida de la que afirma que no comparte «la filosofía, ni la oportunidad, ni la falta de empatía cronificada». Para Colomer es mucho más importante que una mayor necesidad de recaudación se centre "en los caladeros del intrusismo, la competencia desleal, el fraude fiscal y la economía sumergida".
La vicepresidenta del Gobierno valenciano, Aitana Mas, ha tratado de suavizar la tensión y ha afirmado que "el Gobierno valenciano es absolutamente respetuoso y cumple con las resoluciones de las Cortes siempre", por lo que ha animado a Colomer a mantener el mismo espíritu.
La nueva tasa tuvo los votos en contra de PP, Ciudadanos y Vox y nace sobre la falta de un consenso en el sector. No hay informes favorables ni del Gobierno valenciano, ni del Consejo Jurídico Consultivo y tampoco del Consejo Económico y Social, por lo que se trata más bien de una legislación sustentada en la visión política de los nacionalistas de Compromís y Podemos.
El líder del principal partido de la oposición, Carlos Mazón, ha dejado claro que ésta será la primera ley que derogue si se convierte en presidente de la Generalitat el próximo mes de mayo. Para Mazón el principal problema es que al turista se le envía un "mensaje negativo" al decirle que tiene que pagar por su estancia en vez de ser "bien recibidos" como ha ocurrido hasta la fecha en la Comunidad Valenciana.
