Si Castilla-La Mancha ha decidido no abonar menús a sus altos cargos que rebasen los 18 euros y ha prohibido las fotocopias por una sola cara, Madrid no se le queda a la zaga. El desfase de casi 2.000 millones de euros que presentan las cuentas del Gobierno regional ha supuesto un duro mazazo para la credibilidad de Esperanza Aguirre que su consejero de Economía, Percival Manglano, quiere afrontar, en parte, apretándoles las tuercas a los funcionarios que trabajan en esta comunidad.
El plan de requilibrio financiero presentado al Ministerio de Hacienda incluye la ampliación en dos horas y media del horario semanal de los empleados públicos, la reducción de un 7% del salario del personal eventual y la rebaja de los permisos y los días de libre disposición. Esperanza Aguirre deja también en suspenso las mejoras económicas de las que se han beneficiado hasta ahora los funcionarios a los que se les había reconocido la incapacidad temporal, con el fin de ahorrar dinero y combatir el absentismo.
Habrá menos liberados sindicales, menos interinos, mayor control de horarios en Justicia y eliminación de dietas
El Gobierno madrileño se ha comprometido también con Hacienda a seguir restringiendo el número de liberados sindicales, más de 4.000 en la comunidad, reducción que conlleva el despido de 500 trabajadores interinos.
Los funcionarios que trabajan en la administración de justicia madrileña, 7.000 en total, tendrán que fichar a las ocho y media de la mañana y cumplir con las 37,5 horas de trabajo semanal, bajo un estricto control de su jornada laboral. En el sector de la enseñanza, los profesores tendrán que cubrir las ausencias de sus compañeros enfermos cuando las bajas no superen los diez días lectivos.
El Gobierno regional ha decidido suprimir el complemento de pensión del que disfrutaban las enfermeras y ha prohibido las indemnizaciones en todos los consorcios y fundaciones dependientes de la comunidad como complemento a las medidas adoptadas durante 2011.
El ajuste en Madrid vendrá también del ahorro en material de oficina, prensa y material informático, de los contratos de informes con empresas externas, de las actividades de formación y de la eliminación de dietas y pagos de locomoción.
El grueso del ajuste en el empleo público ya se produjo entre enero de 2010 y enero de este año, con una reducción de plantilla de casi 5.000 trabajadores.
