Con la reforma de la Administración local se acabó que la totalidad de los concejales de los grandes y medianos municipios estén "liberados". Esa categoría solo la tendrán los que desarrollen labores ejecutivas en el consistorio y los portavoces de la oposición, amén de un puñado de ediles que tengan otras tareas específicas. El resto, cobrarán dietas por su asistencia a los plenos, aligerando de este modo a los ayuntamientos de gastos de personal, o, al menos esa es la propuesta que el PP ha puesto sobre la mesa. Esta es una de las principales novedades de un ambicioso plan de reforma que va avanzando a trancas y barrancas y que los populares se ha empeñado ahora en impulsar de la mano del vicesecretario de Política Municipal y Autonómica, Javier Arenas.
Esta medida no sería de aplicación a los pequeños ayuntamientos de España de menos de 5.000 habitantes --que suponen el 83,7 por ciento del total de los municipios-- habida cuenta de que en la mayoría de ellos los miembros de la corporación local no cobran o lo hacen en una medida casi simbólica. De hecho, fuentes populares admiten que a pesar de que el foco está instalado en los entes locales estas no son, ni de lejos, las administraciones más endeudadas o con el déficit más alto, y, en muchos casos, su asfixia económica responde al hecho de haber asumido sin ningún tipo de financiación competencias que nos les correspondían.
No está previsto que este modelo se traslade a los Parlamentos autonómicos, tal y como ha hecho María dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha. Se trata de una decisión que no puede tomar la Administración central puesto que es competencia exclusiva de las comunidades, pero ninguna de las gobernadas por el PP parece querer exportar el modelo Cospedal.
La reforma pasa asimismo por la reducción del número de concejales, pero lejos de un corte general al 30 por ciento del número de los mismos, como pretendía Hacienda, se establecerán unos tramos en función de la población y del número de concejales de cada consistorio, lo que exigirá la reforma de las actuales tablas que establece la Ley Orgánica de Régimen Electoral General (LOREG). Precisamente, el presidente de la FEMP y alcalde de Santander, Íñigo de la Serna, acordó el pasado día 4 con el jefe del Ejecutivo, "flexibilizar" la propuesta de máximos del Ministerio. También "se reducirá el personal de confianza". El proyecto inicial de Hacienda es que el número de asesores no supere al de concejales del consistorio.
La reforma incluirá asimismo la reducción del "personal de confianza", esto es, asesores y designados a dedo
En cuanto a la remuneración de los alcaldes, se atenderá a cuestiones relativas al número de habitantes, presupuesto del consistorio y sueldos de otros cargos del Estado a los que se aludirá en la reforma que debe incorporarse en el Proyecto de Presupuestos Generales del Estado. En este sentido, los medios consultados por Vozpópuli indicaron que "no hay cerrado ni tramos ni cuantías", entre otras cosas, porque la ideas es alcanzar un pacto con los socialistas que está negociando el responsable de política local del PSOE, Gaspar Zarrías.
Según publicó el martes Europa Press, los regidores de los grandes municipios con más de un millón o millón y medio de habitantes tendrán una retribución similar a la de un secretario de Estado (68.365 euros); en un segundo tramo como un subsecretario de Estado (59.451 euros) y en el tercero, como un director general (50.832 euros), tramo en el que pueden situarse la mayoría de los alcaldes de las capitales de provincia.
También falta por cerrar el capítulo referido a los estándares de calidad que mancomunidades y ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes deberán superar so pena de ver transferida la gestión de sus servicios básicos a las Diputaciones Provinciales.
