Las organizaciones de la educación concertada preparan movilizaciones contra los planes educativos de los partidos que conforman la coalición de Gobierno. Diversas asociaciones han manifestado este miércoles su "hartazgo e indignación" ante las enmiendas a la 'Ley Celaá' presentadas por PSOE Y Unidas Podemos el pasado miércoles.
Según las principales entidades que representan a la enseñanza concertada, las propuestas de las citadas formaciones "refuerzan de manera inequívoca el objetivo del Gobierno de incrementar la enseñanza pública a costa de reducir progresivamente la enseñanza concertada hasta su eliminación". Acusan al Ejecutivo de "sectarismo" y "hostilidad reiterada".
A través de un comunicado, las organizaciones CECE, Concapa, FEUSO, Escuelas Católicas, FSIE y Cofapa recuerdan que Unidas Podemos se refirió a la enseñanza concertada como "anomalía que hay que superar" y señaló la LOMLOE como instrumento para ello.
"Esta manifestación contradice las llamadas a la serenidad de la propia Ministra de Educación, Isabel Celaá, pero es coherente con las últimas acciones del Gobierno y de los Grupos Parlamentarios Socialista y de Unidas Podemos. Baste recordar su intención de excluir de las ayudas por la covid-19 a los alumnos y familias de la enseñanza concertada, plasmada en los Acuerdos de Reconstrucción que se votaron a finales de julio", apuntan.
"El sectarismo fue tan evidente que la Propuesta de Acuerdo en Políticas Sociales fue rechazada por la mayoría del Congreso", insisten.
Acusan a PSOE y Podemos de querer "suprimir la libertad de elección"
Los denunciantes sostienen que las 117 enmiendas conjuntas de PSOE y Unidas Podemos "confirman su voluntad de incrementar el número de plazas exclusivamente públicas en todos los niveles educativos y acabar con la complementariedad de redes pública y concertada".
El sector de la concertada acusa a Podemos y PSOE de trabajar para "suprimir la libertad de elección de las familias como criterio para mantener o reducir aulas; incrementar el control por la Administración del proceso de admisión de alumnos; implantar la distribución forzosa del alumnado sin respetar la voluntad de las familias y reforzar el criterio de zonificación".
Aseguran que las enmiendas presentadas por las citadas fuerzas parlamentarias también están encaminadas a "eliminar progresivamente los centros de Educación Especial; establecer actividades complementarias gratuitas y obligatorias con un posible contenido ideológico al margen del proyecto educativo del centro; suprimir el concierto de los centros de educación diferenciada e imponer valores no consensuados mediante una asignatura específica que parece una reedición de Educación para la Ciudadanía".
CECE y el resto de asociaciones manifiestan que la reforma educativa planteada por el Gobierno "se olvida completamente del profesorado y de los trabajadores del sector". "No plantea ni una sola medida que mejore la situación de los docentes, más bien al contrario, acrecienta aún más las abultadas desigualdades existentes con sus homólogos de la red pública. Menoscaba la seguridad jurídica y laboral en el sector y tendrá graves consecuencias sobre el mantenimiento y la calidad del empleo", advierten.
1.165 enmiendas a la 'Ley Celaá'
A pesar de que el Gobierno repite que el Proyecto de Ley recoge las aportaciones y propuestas de todos los sectores educativos, consideran, la realidad muestra una actitud totalitaria y una absoluta falta de consenso.
Entre todos los grupos parlamentarios, añaden, se han presentado 1.165 enmiendas. "El argumento fundamental del Gobierno para derogar la LOMCE, a la que tacha de ser una 'ley sin consenso', se desmonta por el enorme número de enmiendas presentadas, prueba de que el proyecto no ha sido mínimamente acordado con el resto de fuerzas políticas".
"La 'Ley Celaá' plantea la derogación de la LOMCE como excusa para reeditar los viejos planteamientos pedagógicos de la LOE, que tan bajos resultados académicos produjo, e imponer la enseñanza pública como único eje vertebrador del sistema educativo en detrimento de otras opciones elegidas por las familias", critican.
Según la concertada, el Gobierno aprovecha el presente contexto de emergencia sanitaria, social y económica para evitar la respuesta crítica y contundente de numerosos sectores a su reforma educativa. "Lejos de generar ilusión en el seno de la comunidad educativa, el proyecto provoca apatía al demostrar la incapacidad política para llegar a un Pacto Educativo de Estado que siente las bases de una nueva ley, moderna y con espíritu de permanencia, que otorgue estabilidad a nuestro sistema educativo desde el consenso que supuso el Artículo 27 de la Constitución", concluyen.
