La Audiencia de Almería ha impuesto penas que suman diez años de cárcel al patrón de una patera que fue interceptada con 14 migrantes a bordo, y en la que además trasladaba 6.000 pastillas de MDMA (éxtasis).
La sentencia declara probados unos hechos que fueron reconocidos expresamente por el acusado, quien admitió que él mismo se encontraba en situación irregular en España, ya que es de origen argelino, cuando en diciembre de 2023 "colaboró en la promoción de forma directa" de un viaje en patera desde el norte de África.
En concreto, el día 19 de dicho mes la embarcación partió desde las costas de ese continente con 14 personas a bordo que habían abonado diferentes cantidades para poder hacer la travesía.
A pesar de su falta de "pericia", "capacitación técnica" o "práctica exigida" para navegar en alta mar, el acusado se encargó de patronear esta semirrígida de nueve metros de eslora durante todo el trayecto.
La patera fue interceptada sobre las 05:10 horas del día siguiente por la Guardia Civil cuando se encontraba a casi 13 kilómetros del faro de Cabo de Gata (Almería).
Aunque los agentes hicieron uso de señales luminosas y sonoras de advertencia para que el procesado parase la embarcación, éste trató de huir de los guardias "con total desprecio a la función", por lo que se inició una persecución que duró varios minutos.
El fallo destaca la peligrosidad de las maniobras evasivas y la alta velocidad, si bien precisa que cuando vio que no podía escapar, detuvo la embarcación, aunque entonces trató de ocultarse entre los pasajeros.
También subraya que el traslado en esta nave en concreto "puso en peligro la vida e integridad de todos los que viajaron a bordo" al no reunir las condiciones de seguridad mínimas para garantizar la seguridad de la vida humana en el mar, ya fuese por sus características técnicas, el número de ocupantes o la falta de equipo de salvamento.
Además, señala que el acusado llevaba 6.000 comprimidos de MDMA valorados en 87.872 euros ocultos en un cajón ubicado bajo la consola de mando de la patera.
Por estos hechos, el acusado ha sido condenado a cuatro años de prisión por un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, al pago de una multa de 270 euros por un delito de desobediencia grave a agentes de la autoridad, y a seis años de cárcel y multa de 200.000 euros por un delito contra la salud pública.
nataliany
Especialistas en enriquecerse con el contrabando de materias tóxicas
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