El caso del diputado del PP Pedro Gómez de la Serna, que ayer reconoció su trato con el embajador de España en la India, Gustavo de Arístegui, en la intermediación con empresas que trabajan en África y Latinoamérica, no es algo aislado. 15 parlamentarios de su grupo han compatibilizado en esta legislatura su tarea en el Congreso con el asesoramiento a empresas privadas a muy diferentes niveles. Todos ellos recibieron la correspondiente autorización de la Comisión del Estatuto del Diputado, a la que corresponde dar el visto bueno a estas actividades paralelas, según establece la ley Orgánica de Régimen Electoral General.
Hay diputados que ejercen como abogados, consultores e, incluso, administradores concursales
La mayoría de los que incluyen en el Registro de Actividades de la Cámara Baja una segunda dedicación, además de la parlamentaria, lo hacen en calidad de abogados. Son los casos del vizcaíno Leopoldo Barreda, del gallego Luis Celso Delgado, del canario Pablo Matos o del asturiano Ovidio Sánchez. Desde sus despachos han llevado asesoramientos relacionados, sobre todo, con el negocio inmobiliario. Hay otras situaciones, como la del diputado conquense José María Beneyto, que abarcan un abanico de colaboraciones más amplio. Aparece como presidente de la sociedad Zechmann Partners, cuyo objeto social es el “asesoramiento jurídico y económico”. En la ficha personal de Beneyto consta que es “asesor del presidente del PP”, que posee una finca rústica en Palencia y que obtiene anualmente unos rendimientos por actividades económicas superiores al medio millón de euros. Además, tiene 1,2 millones en cuentas corrientes. Fue autorizado para desarrollar su tarea de asesor el 16 de octubre de 2014. El PP le ha apeado de las candidaturas del 20-D ya que la colocación del ministro de Justicia, Rafael Catalá, como cabeza de lista por Cuenca le hizo saltar de ellas a última hora.
Otro de los parlamentarios de PP que no ha encontrado hueco en el Congreso y en esta legislatura han dedicado largo tiempo a la actividad privada, ha sido Miguel Ángel Cortés. Ha trabajado para la firma Torozos Legal, es miembro del consejo de administración de Konecta y figura como director de la Fundación Iberoamericana Empresarial, además de como vocal de media docena de fundaciones más, la mayoría de ellas relacionadas con el mundo artístico. Cortés estuvo ligado desde el principio al expresidente José María Aznar y en su Gobierno fue secretario de Estado de Cooperación Internacional. En la próxima legislatura aspira a ser senador por Valladolid.
Trabajos para la filial inmobiliaria del Santander
El conocimiento en abril de que el diputado por Toledo Agustín Conde trabajaba para la filial inmobiliaria del Banco Santander le obligó a dejar este trabajo. En el Registro de Actividades sigue figurando como responsable del despacho jurídico Conde y Esteban y como administrador único de la firma Eco-Witt. El Congreso le autorizó para ello en junio de este año. Conde repite en la candidatura por Toledo pero lo hace en el tercer puesto y con escasas posibilidades de salir elegido.
Otro de los caídos en desgracia es Vicente Martínez-Pujalte, hasta ahora diputado por Murcia, autorizado en abril de 2012 para compatibilizar su escaño con la tarea de consultor para la firma Sirga. El pasado abril, se descubrió que cobró 75.000 euros de una constructora especializada en obra pública, dentro de una operación en la que también salió beneficiado el actual embajador en Reino Unido, Federico Trillo.
Muchos de los que han ejercido actividades privadas no irán en las listas o han sido desviados al Senado
En el Registro del Congreso también figura el diputado del PP Ricardo Tarno como consejero de la empresa CMC Viajes, dedicada a la organización de congresos. Tarno ha compatibilizado su escaño con la Alcaldía de Mairena y la Gerencia de Urbanismo. Otros parlamentarios del PP que han trabajado como abogados son Juan Carlos Vera, actual coordinador de Organización del partido, Alfredo Prada, responsable de la acción exterior, y el granadino José Miguel Castillo, que ejerce, además, como administrador concursal.
El portavoz de Unió, Josep Antoni Durán i Lleida, junto a su número dos, Josep Sánchez Llibre, además del diputado socialista José Pedro Muñoz, recibieron también autorización del Congreso para ejercer como abogados.
