Podemos en La Rioja es una casa de líos. El partido ha roto con la única consejera que tiene en el Gobierno de la presidenta, la socialista Concha Andreu. La coordinadora regional, Arancha Carrero, reconoció que sus relaciones con Raquel Romero, la titular de Igualdad, Participación y Agenda 2030 son "nulas".
La situación es muy tensa porque la Justicia ha avalado recientemente el proceso de primarias que encumbró a Carrero y que el equipo de la consejera impugnó por fraude. Una de las colaboradoras más cercanas de la consejera, la directora general de Participación, Sara Carreño —exdiputada nacional de Podemos—, perdió por 17 votos la batalla por liderar la filial riojana de los morados frente a la actual coordinadora.
La responsable morada en La Rioja va a por todas contra Romero. Piensa que ya se le ha terminado la excusa de no hablar con el partido por el lío del proceso de primarias. Los jueces fueron claros: "No es posible apreciar indicios de fraude en el cómputo de votos". El equipo de la consejera denunció que varias personas intentaron ejercer su voto y que tuvieron problemas para registrarse en el censo. Pero todo quedó en nada.
No es posible apreciar indicios de fraude en el cómputo de votosSentencia del juzgado de Primera Instancia número 4 de Logroño
Arancha Carrero no alberga muchas esperanzas en el quehacer de su consejera. Ella misma dijo que se conformaría con que hiciera su trabajo de diputada, donde sus colegas de escaño la asedian a preguntas por otro de sus puntos polémicos: sus problemas con la Transparencia, materia de la que ella es responsable desde agosto de 2020.
Las opacidades de la titular de Transparencia
Raquel Romero es una consejera atípica. No solo por ser una de las pocas responsables de Transparencia que esconde información, sino porque es la única de su departamento que continúa en su puesto tras dos años de Legislatura. Ninguno de los cargos ni del personal eventual que iniciaron el mandato permanecen en sus sitios. Ni tan siquiera el nombre de la consejería se ha mantenido.
Los escándalos sobre su patrimonio la han llevado a rectificar. Aunque las preguntas de los diputados de la oposición sobre el asunto de marras la irritan. Romero se negó a contestar al diputado de Ciudadanos Pablo Baena cuando le preguntó por el "expediente sancionador relativo a la omisión de información relevante en su declaración de bienes”.
"La Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, no responde a injurias y mantiene el elemental respeto por las instituciones democráticas. Por favor, empleen el mecanismo democrático de estas preguntas con el debido respeto institucional", contestó Romero, en la respuesta a la que ha tenido acceso este diario.
La Consejería de Igualdad, Participación y Agenda 2030, no responde a injuriasRaquel Romero, consejera de Igualdad de La Rioja
¿Y qué es lo ocultó? Un piso que compró en mayo de 2020 con una hipoteca a 20 años de 92.600 euros. El problema es que según recogió el Boletín Oficial de La Rioja de 12 de febrero de 2021, Romero tenía bienes inmuebles por valor de 16,76€ y otros bienes por importe de 17.271,17€ sin tener ningún préstamo, crédito o deuda.
Pero nada más lejos de la realidad, porque Romero era titular de un piso en Logroño de 120 metros cuadrados que “se valora a efectos de subasta en 123.579,71€”. Poco después, el 27 de febrero de 2021, el portal de transparencia del Gobierno recogía una “actualización”. Aunque Romero ha actualizado una vez más su patrimonio.
El 7 de septiembre de 2021, el Boletín Oficial de La Rioja notificó otro cambio que supuso casi doblar el valor de sus "otros bienes" (de 17.129 euros a 30.074) y aumentar su pasivo en casi 15.000 (de 73.936 a 90.451). Además, tampoco hay del piso de Romero en el apartado de transparencia en la web del Parlamento de La Rioja, donde la consejera es una diputada fundamental para la mayoría de Andreu.
Romero, que adquirió las competencias de transparencia en agosto de 2020, incumplió la Ley de Transparencia que establece el carácter anual de la publicación de las declaraciones de bienes y actividades de miembros del gobierno, altos cargos y personal eventual. Y, en 2020, no se publicó ninguna de ellas.
