El Consejo de Ministros tramitará este viernes sendos anteproyectos sobre la futura Ley de seguridad privada y sobre la figura de la Autoridad Fiscal Independiente, que pretende garantizar el cumplimiento de la estabilidad presupuestaria. La reunión del Gabinete estará presidida por Mariano Rajoy, y a ella asistirán todos los ministros excepto el de Economía, Luis de Guindos, quien se encuentra de viaje oficial en Dublín.
El anteproyecto de ley de seguridad privada impone mayores controles a la actividad de los detectives privados y prohíbe el espionaje si vulnera la intimidad de las personas. Con el fin de actualizar la vigente normativa, que data de 1992 y que ha sufrido múltiples modificaciones, el Ministerio del Interior ha redactado un anteproyecto para adaptar el sector al extraordinario auge experimentado debido, entre otros motivos, a la innovación tecnológica.
Ya el titular de este departamento, Jorge Fernández, anunció el pasado 12 de marzo en la comisión de Interior del Congreso esa nueva regulación, que afectará a los detectives privados, después de que el caso de espionaje de la agencia Método 3 a dirigentes políticos catalanes originara un debate sobre los límites de la actividad de estos profesionales. Tal y como avanzó el ministro, las investigaciones estarán sujetas a determinadas "cautelas", como la obligación de "velar por la legitimidad del encargo de investigación, la formalización por escrito del contrato o la inscripción de la investigación en un libro registro a disposición de las fuerzas de seguridad del Estado".
Los detectives también deberán realizar un informe de investigación por cada encargo, que se pondrá a disposición de las fuerzas de seguridad y de la autoridad judicial. La ley, que ordenará la normativa dispersa que existe en el sector de la seguridad privada, quiere dotar también de mayores garantías jurídicas a las empresas y a los ciudadanos y, en ningún caso, según el ministro, supondrá paso alguno para la privatización de la seguridad pública.
De hecho, el objetivo es hacer más "compatibles" y "complementarias" las actividades que desarrollan los servicios públicos con los privados, cuyas empresas -casi 1.500 en toda España- facturan al año más de 3.200 millones de euros y dan empleo a 90.000 personas.
Por su parte, el anteproyecto de ley de creación de la Autoridad Fiscal Independiente responde a las recomendaciones europeas sobre requisitos comunes para la evaluación de los proyectos de planes presupuestarios. El borrador del texto que crea esta autoridad fue analizado ya por el Gobierno el pasado 8 de marzo.
La Autoridad Fiscal Independiente quedará incluida en el Plan Nacional de Reformas y está inspirada en entidades similares tanto de Estados Unidos como de algunos organismos equivalentes que funcionan en distintos estados miembros de la UE. El nuevo organismo analizará, asesorará y hará un seguimiento de la política fiscal para garantizar el cumplimiento por parte de las administraciones del principio de estabilidad presupuestaria, así como de la evaluación de las previsiones económicas conforme a un principio de máxima transparencia al tratarse de informes que serán públicos.
Además, tendrá personalidad jurídica propia y plena capacidad pública y privada con el régimen patrimonial y de contratación propio del sector público.
