El Gobierno ha autorizado este viernes la contratación de más de 800 vigilantes de seguridad privada para reforzar la seguridad exterior de 67 prisiones españolas. El coste de esta medida, aprobada por el Consejo de Ministros, será de 33 millones de euros.
El Ejecutivo ha tomado la decisión de extender este sistema a todas las cárceles tras analizar el proyecto piloto puesto en marcha el pasado año en 21 de centros penitenciarios con vigilantes de seguridad, encargados de tareas de vigilancia desde puestos fijos, operadores de circuitos cerrados de televisión y control de accesos.
El contrato afecta a un total de 67 prisiones e implica 202 puestos de trabajo (181 de 24 horas y 22 de 12 horas), lo que supone más de 800 personas empleadas para cubrir todos los turnos.
Con esta medida, Interior pretende optimizar los recursos disponibles y un uso eficiente de los fondos públicos, "obteniendo un alto grado de seguridad con los medios disponibles". Asimismo, servirá también para compensar la falta de personal de las fuerzas de seguridad del Estado debido a la disminución de la oferta pública de empleo, y se destina el mayor número de estos a la realización de funciones exclusivas de ellos, como la custodia de presos y penados fuera de los recintos en hospitales o sedes judiciales, o el traslado de internos.
El Gobierno sostiene que hay tareas en la vigilancia de los centros penitenciarios que pueden ser realizadas por vigilantes de seguridad, si bien siempre bajo la supervisión y el control de la Guardia Civil y la Policía Nacional como responsables de la seguridad de cada centro.
