Aunque el Congreso va a comenzar a tramitar de manera inminente la proposición de ley de la amnistía, su recorrido hasta que se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE) será bastante más largo. El Tribunal Constitucional (TC) no prevé que la norma llegue a su mesa antes de los primeros meses del próximo 2024, lo cual implica que, hasta entonces, se mantendrán en vigor las causas judiciales abiertas por el procés.

Fuentes del tribunal de garantías consultadas por Vozpópuli consideran que el trámite se dilatará durante meses teniendo en cuenta que tiene que pasar por el Congreso de los Diputados y también por el Senado, cámara esta última que controla el Partido Popular. Al respecto los conservadores ya han dejado claro que modificarán el reglamento de la cámara alta para dilatar al menos 20 días la tramitación de la norma.

Mientras tanto, los tribunales que tienen abiertas causas relacionadas con el procés mantendrán la instrucción de los procedimientos. Se prevé que la amnistía que ha negociado Moncloa con sus socios independentistas no solo afecte a Carles Puigdemont, quien está procesado en rebeldía por el Tribunal Supremo, sino también a otros procedimientos que se siguen en la Audiencia Nacional (como la causa contra doce CDR por delito de terrorismo pendiente de juicio) o la que afecta a la plataforma Tsunami Democràtic.

El procés, pendiente de la amnistía

A todo ello se añade el juicio en el Tribunal de Cuentas el próximo 17 de noviembre contra Puigdemont, Artur Mas y otra treintena de excargos de la Generalitat de Cataluña por el desvío de fondos públicos por el 1-O. Un procedimiento, que al igual que el resto de asuntos penales, está especialmente pendiente de la letra pequeña de una amnistía que prevé dejar en papel mojado toda la deriva judicial del procés.

El Supremo tiene en su mano plantear ante el Constitucional una cuestión de inconstitucionalidad para preguntar por el encaje legal de la amnistía

La entrada en vigor de la norma conllevará su aplicación directa por parte de los tribunales, aunque los jueces cuentan con un mecanismo legal al que se prevé que recurra el Supremo antes de su aplicación. Como informó este medio, el alto tribunal podrá plantear una cuestión de inconstitucionalidad ante el Constitucional si sospecha que la ley de amnistía es contraria a la Constitución.

Así lo recoge el artículo 163 de la Carta Magna, el cual determina que cuando un órgano judicial considere que se dé este supuesto y que le afecta directamente, puede plantear esta cuestión ante el Constitucional. Este trámite no suspende la aplicación de la ley, pero sí deja en punto muerto el procedimiento hasta el pronunciamiento del tribunal de garantías.

El Constitucional se pronunciará en 2024

Las fuentes consultadas exponen que la deliberación en el tribunal que preside Cándido Conde-Pumpido será rápido. En este caso los magistrados tendrán que resolver acerca de si la ley vulnera o no la Carta Magna; cuestión que se espera resolver sin sorpresas a favor de la norma de Moncloa. La luz verde que prevé obtener la amnistía con el respaldo mayoritario del bloque progresista, conllevará su aplicación directa en aquellas causas del procés que pregunten por su legalidad.

Al respecto, aunque hay varios órganos con asuntos relativos a la deriva soberanista de Cataluña, todo a punta a que será el Tribunal Supremo el que plantee la cuestión ante el Constitucional. Una vez aprobada la amnistía, se espera que el magistrado instructor del procés, Pablo Llarena, dicte auto de conclusión de sumario con el archivo del caso que afecte a Carles Puigdemont y a los otros consejeros huidos de la Justicia y pendientes de ser juzgados.

El archivo en cuestión se comunicaría a la Sala de lo Penal que preside Manuel Marchena y que es la competente para plantear la cuestión de inconstitucionalidad. Esta Sala, que fue la que juzgó el procés, puede actuar también instada por la Fiscalía del alto tribunal, la cual acusó a Oriol Junqueras y los otros 11 condenados por delito de rebelión. Con todo, tras el previsible aval del Constitucional a la amnistía, se dictaría la conclusión de sumario para las investigaciones pendientes.

Recusaciones de magistrados

También cabe la posibilidad de que el Partido Popular u otras formaciones de la oposición interpongan recurso contra la norma. A diferencia del escenario anterior, en este caso, al ser parte activa del procedimiento, podrían plantear la recusación de magistrados que consideraran contaminados para debatir el encaje legal de la amnistía.

Sobre este punto cabe recordar que el Ministerio de Justicia que concedió los indultos fue el que dirigía el actual magistrado del Constitucional, Juan Carlos Campo. Precisamente el informe relativo a Oriol Junqueras y que firmó el extitular de Justicia hacía hincapié en la inconstitucionalidad de la futura ley. "A diferencia de la amnistía, claramente inconstitucional, que se reclama desde algunos sectores independentistas, el indulto no hace desaparecer el delito", recogió el informe.

Del mismo modo Campo apuntó en una entrevista que el Gobierno no iba a ceder en relación a la amnistía porque este mecanismo implicaba "olvido". En este nuevo escenario, en el que el PSOE ha cumplido con la exigencia de sus socios a cambio de sacar adelante su investidura, la también magistrada María Luisa Balaguer ha sido preguntada por el asunto. La progresista no ha sido tan explícita y ha apuntado en entrevista radiofónica que el encaje de la amnistía va a depender del contenido de la ley.

"Indignación" en la judicatura

Sea como fuere, lo que parece claro es que los tiempos de la Justicia van a dilatarse más de lo previsto por los independentistas que aguardan la amnistía y esto puede jugar en contra de sus principales protagonistas. Para empezar, Carles Puigdemont sigue pendiente de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictamine si confirma la retirada de su inmunidad o no.

Precisamente Llarena aguarda que la Justicia europea pronuncie su última palabra sobre el asunto para decidir si, tal y como ha pedido la Fiscalía, reactiva o no la orden internacional para el expresidente catalán. Cabe recordar que a día de hoy solo se mantiene la orden nacional, si bien la misma también quedaría en papel mojado en caso de que se apruebe la ley de amnistía.

Por su parte, Oriol Junqueras lograría librase de la inhabilitación que el Supremo le mantiene hasta el año 2031. El Gobierno de Pedro Sánchez le indultó junto con los otros nueve condenados del procés a delitos de cárcel, pero la medida de gracia fue parcial en tanto el tribunal que le juzgó se negó al indulto.

Pleno extraordinario en el CGPJ

Con todo, se da por hecha esta ley a pesar de que Junts, a diferencia de ERC, dilata la escenificación del acuerdo. Las fuentes jurídicas consultadas por este medio sostienen que el sentimiento que impera en la carrera judicial es de "indignación". La fotografía a principios de semana entre el 'número 3' del PSOE, Santos Cerdán, con Puigdemont en Bruselas se entendió como una burla al Poder Judicial; antesala del acuerdo que facilitará la investidura.

Tanto es así que el sector conservador del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) solicitó formalmente este jueves a Vicente Guilarte la convocatoria de un Pleno extraordinario en el que aprobar una declaración institucional contraria a la ley. Los ocho vocales firmantes sostienen que la futura norma les produce desolación y que abre la puesta a la abolición del Estado de derecho. El presidente interino les ha convocado el próximo lunes a las 19.00 horas.

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